Camino de Grecia

La ciudadanía española sufre las consecuencias de un profundo deterioro económico que no hace más que acrecentarse y a cuyo empeoramiento ayuda, y mucho, las erróneas medidas implementadas por un Gobierno que no parece inmutarse ante la extensión del desempleo y la exclusión social.

En poco más de siete meses el Gobierno central lo ha tocado todo, en completa disonancia con el programa con el que concurrió a las elecciones y con el que obtuvo la mayoritaria confianza de la ciudadanía.

Se ha producido un significativo recorte del gasto social que ha afectado a la Educación (con congelación de becas, subida de tasas universitarios y aumento de ratios en clase, lo que supone pérdida de calidad y equidad, la pérdida de empleo de docentes), la Sanidad, en la que se ha introducido el repago y se reducen profesionales mientras aumentan las listas de espera, y los Servicios Sociales, con una práctica derogación de la Ley de la Dependencia. Asimismo, se ha reducido la inversión pública a mínimos históricos.

Se ha vuelto a reducir el salario de los trabajadores públicos, lo que repercutirá en el consumo y perjudicará, además de al bolsillo de estos, a pequeños empresarios del comercio y la restauración. Se acaba de producir una bajada de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes y se anuncia la desaparición de los 426 euros que cobran los que han perdido la prestación.

Deslealtad

Este Gobierno central, además, se caracteriza por su completa e irresponsable deslealtad institucional, tanto hacia las comunidades autónomas como hacia los ayuntamientos, a los que intenta desprestigiar y responsabilizar, falsa e injustamente, de la deuda y el déficit.

En el caso de las corporaciones locales se les rebaja su representación y se les quita competencias con la excusa del ahorro y con la clara intención de responsabilizarles de la actual situación, cuando solo suponen el 3% de la deuda siendo responsables efectivos del 12% del gasto público; y en el de las comunidades autónomas soportan el 36% del gasto y suponen un 13% también de la deuda. Ambas son las administraciones que atienden las necesidades más inmediatas de los ciudadanos.

El Ejecutivo de Rajoy está procediendo a un recorte de más 110.000 millones de euros en tres años, unos 10 puntos del PIB español, lo que contribuirá a convertir la economía en un verdadero páramo en el que se continuará en recesión y se seguirán destruyendo empresas y perdiendo cientos de miles de empleos. Y persistirán en ese camino suicida. Lo próximo serán medidas contra los pensionistas y más reducciones drásticas en las prestaciones por desempleo; más reducciones en salarios públicos, así como reducción de empleados en las administraciones.

Y pese a todo ello, pese a la brutalidad de los recortes y en contra de lo que señalaban los dirigentes conservadores cuando el PSOE gobernaba, la prima de riesgo sigue elevadísima -en situación de récord histórico, superando los 600 puntos el viernes 20-

la confianza bajo mínimos, la bolsa tocada y la fuga de capitales imparable. Muestra de la desconfianza que España padece, Finlandia ha actuado igual en el rescate bancario, exigiendo un aval al Estado español, que como hizo en el caso del rescate a Grecia.

Hay que decirlo claramente: esta política es un absoluto desastre. Está haciendo pagar la crisis a la mayoría social; trabajadores, empleados públicos, autónomos, clases medias, pensionistas. Las medidas en marcha, como las aprobadas este jueves en el Congreso de los Diputados con la oposición de Nueva Canarias, suponen incrementar el castigo a las personas y, asimismo, una mayor depresión de la economía.

El FMI habla de recesión en los años 2012 y 2013, sin incorporar a su análisis el efecto de estas medidas de recorte que paralizarán aún más la economía e incrementarán el paro y la pobreza de amplias capas de la población, y el propio Gobierno ya reconoce la recesión en 2013. Mientras, hasta el FMI solicita poner freno a los recortes y que el BCE intervenga comprando deuda.

Referéndum

La inmensa mayoría de las medidas implementadas por el PP desde su acceso a La Moncloa poco o nada tienen que ver con el programa con el que ganaron las pasadas elecciones generales, Por eso, para evitar el actual fraude antidemocrático, los conservadores españoles debieran proceder a realizar una consulta sobre las medidas de recorte o bien a un adelanto de las elecciones; para que sea el pueblo soberano quien ratifique o no el rumbo de la economía y sus consecuencias en las próximas décadas.

Resulta verdaderamente patético escuchar al presidente Rajoy diciendo que su Gobierno “solo puede decidir entre un mal y un mal peor'; o, aún más grave, que él no cuenta con capacidad para tomar decisiones.

Se nos trata de imponer el discurso de que no es posible tomar medidas alternativas a las actuales, como si de una maldición bíblica se tratara. Faltan a la verdad. Sí hay otras salida, sí hay otras políticas, sí hay otras formas de abordar la crisis sin penalizar permanentemente a los que menos tienen. Se trata de soluciones reiteradas por muchos expertos en economía. Se trata de medidas que ya se toman en otros países, como Estados Unidos o Francia.

En primer lugar, el retraso en el ajuste del déficit, como mínimo hasta 2018, para que las medidas puedan amortiguarse en el tiempo en vez de cargarse con el efecto devastador que tienen sobre las espaldas de los más débiles; otra alternativa es que el Banco Central Europeo compre deuda pública, como hacen la Reserva Federal de los Estados Unidos o los bancos centrales de Inglaterra y Japón, con el objetivo de evitar el ataque de los mercados sobre la deuda soberana española; asimismo, inyectar recursos a la economía, a través de planes de estímulo y crecimiento, para tirar más de la demanda; y, sin duda, realizar quitas sobre la deuda, como ha ocurrido en otras ocasiones en otros países.

Y, en último lugar, poner en marcha un sistema fiscal más justo y progresivo, que incremente los impuestos a los que más tienen, que se persiga contundentemente el fraude fiscal y los paraísos fiscales. Y para eso hace falta un Gobierno al servicio de sus ciudadanos y ciudadanas, y no uno, como este, doblegado ante intereses foráneos y servicial ante la especulación y la injusticia.

Román Rodríguez

La ciudadanía española sufre las consecuencias de un profundo deterioro económico que no hace más que acrecentarse y a cuyo empeoramiento ayuda, y mucho, las erróneas medidas implementadas por un Gobierno que no parece inmutarse ante la extensión del desempleo y la exclusión social.

En poco más de siete meses el Gobierno central lo ha tocado todo, en completa disonancia con el programa con el que concurrió a las elecciones y con el que obtuvo la mayoritaria confianza de la ciudadanía.