Canarias demanda un mejor trato

La gravedad de la situación social y económica de Canarias como efecto de la COVID19 requiere medidas excepcionales por parte de todos los sectores sociales e institucionales. El Cabildo de Gran Canaria sabe que no puede exigir si no asume un compromiso total y por eso hemos puesto en marcha un ambicioso programa de inversiones y medidas sociales. Tenemos una relación estrecha con el Gobierno de Canarias y confiamos en que se mantenga una coordinación que es a todas luces indispensable. Pero es el momento de insistir ante el Gobierno de España y ante la Unión Europea para expresar con contundencia que la situación de Canarias no es homologable al resto de comunidades del Estado y requiere una intervención urgente y especial.

A pesar del carácter prácticamente inédito de una pandemia como la que estamos sufriendo, lo cierto es que muchas de sus peores consecuencias están relacionadas con problemas estructurales muy anteriores a la aparición del COVID. La escasez de plazas sociosanitarias públicas, la infradotación de la atención primaria sanitaria, la excesiva dependencia de determinados sectores económicos, la falta de inversión en I+D+i, el aumento de la desigualdad etc. son factores preexistentes que han condicionado la respuesta tanto a la crisis sanitaria como a la social y económica.

Canarias es una comunidad que presenta algunas de las peores cifras del Estado en materia social. El último Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social elaborado por la Fundación Foessa establecía que el 29% de la población de las islas está en situación de exclusión social y que había un 30,8% de la población en situación de precariedad. Igualmente llevamos prácticamente una década por encima del 20% de desempleo, llegando incluso a superar el 30% de 2011 a 2015. Aunque los ERTE han conseguido frenar de momento la destrucción de empleo, corremos el riesgo incluso de superar esos tristes récord históricos, desconocidos en Europa.

Es evidente que nuestra economía es de las más afectadas del mundo y de las que más van a tardar en salir de la crisis económica debido fundamentalmente a que el turismo, actividad que ha estado completamente detenida durante tres meses, genera el 35% del PIB de Canarias y el 40% del empleo. Pero hay otros factores menos evidentes que también influyen muy negativamente en nuestro crecimiento y desempeño económico y que suponen un enorme impedimento para afrontar la actual situación.

Quizás el más importante de ellos es que durante mucho tiempo Canarias ha sido la comunidad peor financiada de todo el Estado. En 2016, un estudio sobre financiación autonómica del Consejo General de Economistas establecía que la cantidad que recibían las islas por habitante se situaba 11,5 puntos por debajo de la media del conjunto de regiones. Hasta el acuerdo y la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que permitió que los recursos del REF (unos fondos específicos para Canarias que se transfieren para compensar las desventajas derivadas de la condición ultraperiférica de Canarias), se considerasen“ adicionales” y no computables en el Sistema de Financiación Autonómica, las islas perdían unos 700 millones de euros al año respecto al dinero que recibían de media otras comunidades.

Está claro que 700 millones de euros al año adecuadamente invertidos nos hubiesen permitido tener una sanidad, una educación y en general unos servicios públicos mucho mejores, así como generar empleo y avanzar en la diversificación del modelo económico. Por todos estos motivos Canarias no puede volver a una normalidad en la que salía claramente perjudicada y en la que no se tenían en cuenta las singularidades del único territorio que cuenta con un régimen diferenciado tanto en el estado español como en la Unión Europea.

En primer lugar no cabe la menor duda de que la economía canaria no va a recuperarse hasta que no lo haga el turismo, porque además en nuestro caso esta actividad no es estacional. El pasado 17 de junio, el Congreso de los Diputados a iniciativa de Nueva Canarias y sin ningún voto en contra, instó al Gobierno de España a aprobar un plan específico de recuperación para el sector turístico en Canarias. Debemos por tanto exigir el cumplimiento de dicho compromiso que debe centrase en la recuperación y la bonificación de la conectividad aérea, en la promoción de Canarias como destino seguro, en el apoyo a los trabajadores y trabajadoras con contratos suspendidos, en avales y planes de estímulo públicos, etc.

Pero la prioridad tiene que ser garantizar la seguridad y la salud de nuestra ciudadanía. No podemos ser imprudentes y arriesgarnos a sufrir un rebrote, máxime cuando ha quedado claro que los puertos y aeropuertos fueron algunos de los principales factores de riesgo para las islas. La apertura de puertos y aeropuertos tiene que ser lo más controlada posible. Hay que explorar todos los mecanismos, recurriendo a la tecnología con aplicaciones para el rastreo de los turistas durante su estancia, acuerdos de reciprocidad con los países de origen de los turistas para crear corredores seguros… En definitiva todas las medidas que sean posibles y contribuyan a que Canarias siga siendo un destino turístico seguro.

También debe contemplarse la prórroga de los ERTE hasta la recuperación del sector. La aprobación de este mecanismo por parte del Ministerio de Trabajo ha sido uno de los grandes aciertos del Gobierno, ya que ha frenado la destrucción de empleo, ha garantizado las rentas a cientos de miles de trabajadores y ha evitado el cierre de muchas empresas. Por eso es imprescindible que esta medida siga funcionando en las islas mientras sea necesario, ya que de lo contrario nos encontraríamos ante una situación dramática. Vuelvo a insistir en ello, si el turismo no se recupera con la rapidez debida, si se produjeran nuevos rebrotes… nos pondríamos en unas cifras de paro superiores al 45% y podrían ser muy superiores por el efecto de arrastre que produce el turismo en otros sectores productivos

Por otro lado tenemos que ser conscientes de que a medio y largo plazo debemos afrontar una diversificación de nuestro modelo económico que en parte ya ha comenzado. Por eso reclamamos que el Gobierno de España cumpla sus compromisos con Canarias, transfiriendo el dinero que adeuda, como son los 500 millones del fondo de carreteras, o el cumplimiento de todos los convenios sociales que están pendientes. En la actual situación con la capacidad de inversión privada muy limitada, es el sector público el que tiene que contribuir decisivamente a dinamizar la economía. Y con ese dinero se tienen que llevar a cabo obras que generan empleo y que además sean imprescindibles para mejorar la conectividad, la movilidad o la transición ecológica en las islas.

En este sentido también debemos recordar que hace unas semanas el Cabildo de Gran Canaria presentó alegaciones al borrador de la convocatoria de las ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) que otorgaba a Canarias 20 millones de euros, la mitad que a Baleares, a pesar de que nosotros tenemos una mayor demanda energética. Es un asunto especialmente grave si tenemos en cuenta que las energías renovables son el sector sobre el que va a pivotar cualquier proyecto exitoso de futuro para la economía de las islas.

Es necesario contemplar la especificidad de la financiación de Canarias que junto con País Vasco y Navarra son las únicas que no están dentro del régimen común. Los recursos propios del REF se van a ver reducidos en más del 50%. El Cabildo de Gran Canaria dejará de ingresar tan solo en 2020, unos 150 millones de euros y los ayuntamientos pueden llegar a perder el 90% de su presupuesto. Por ello es imprescindible y urgente que se nos autorice a utilizar no solo el superávit sino también los remanentes y a recurrir al endeudamiento, ya que las instituciones canarias son las menos endeudadas del Estado y cuentan, por ello, con un amplio margen. Pero tiene que ser ya. No se puede seguir dilatando la respuesta.

Todos estos asuntos y otros muchos que no caben en un único artículo ponen de manifiesto que Canarias necesita un tratamiento diferenciado al del resto de comunidades autónomas, lo que solo se puede lograr a través de una relación bilateral y permanente entre Canarias y el Gobierno de España. No es comprensible que año tras año se sigan adoptando medidas sin tener en cuenta nuestras singularidades y que no haya un marco de relaciones diferenciado que permita abordar de manera estructurada y periódica estas materias en una comunidad que dentro de España tiene el Régimen Económico y Fiscal y que en la UE tiene el status de Región Ultraperiférica.

Los problemas estructurales de paro, pobreza y desigualdad en Canarias corren el riesgo de agravarse hasta niveles inéditos en los países desarrollados tras esta crisis. Sin unas mayores dosis de autogobierno, sin la mejora de la financiación de Canarias, y sin un marco de relaciones diferenciado no será posible dar una respuesta adecuada a los problemas de la ciudadanía de las islas. Un gobierno progresista debe atender con mayor sensibilidad esta realidad. El presente y el futuro de cientos de miles de canarias y canarios están en juego.

Antonio Morales Méndez

Presidente del Cabildo de Gran Canaria

La gravedad de la situación social y económica de Canarias como efecto de la COVID19 requiere medidas excepcionales por parte de todos los sectores sociales e institucionales. El Cabildo de Gran Canaria sabe que no puede exigir si no asume un compromiso total y por eso hemos puesto en marcha un ambicioso programa de inversiones y medidas sociales. Tenemos una relación estrecha con el Gobierno de Canarias y confiamos en que se mantenga una coordinación que es a todas luces indispensable. Pero es el momento de insistir ante el Gobierno de España y ante la Unión Europea para expresar con contundencia que la situación de Canarias no es homologable al resto de comunidades del Estado y requiere una intervención urgente y especial.

A pesar del carácter prácticamente inédito de una pandemia como la que estamos sufriendo, lo cierto es que muchas de sus peores consecuencias están relacionadas con problemas estructurales muy anteriores a la aparición del COVID. La escasez de plazas sociosanitarias públicas, la infradotación de la atención primaria sanitaria, la excesiva dependencia de determinados sectores económicos, la falta de inversión en I+D+i, el aumento de la desigualdad etc. son factores preexistentes que han condicionado la respuesta tanto a la crisis sanitaria como a la social y económica.