Canarias, doble castigo

La situación política actual hace que Canarias esté sufriendo un doble castigo. El procedente de un Gobierno estatal conservador y que ha maltratado a nuestra comunidad desde finales de 2011. Y el más cercano, de un Ejecutivo canario crispado, dividido, errático, esperpéntico; en el que predominan las tendencias insularistas y conservadoras, así como el impulso a un modelo desarrollista que desprotege al territorio y al medio ambiente y que pasa, además, buena parte de su tiempo dilucidando conflictos entre sus socios.

En el caso del Gobierno estatal sufrimos, al igual que el conjunto de las nacionalidades y regiones, sus políticas globales. La austeridad y los recortes que han incrementado la pobreza y deteriorado gravemente a los servicios públicos. Su reforma laboral que ha desprotegido completamente a los trabajadores y trabajadoras.

Así como la restricción de libertades que ha supuesto la imposición de la denominada ley mordaza, sus profundos tics centralistas, los ataques a la dependencia o los intentos de restringir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Igual de grave es su manera autoritaria de imponer una ley educativa, la Lomce, frente al criterio del resto de formaciones políticas y de los distintos sectores de la comunidad educativa. Una comunidad que padece ahora la aplicación de las reválidas y la incógnita de los estudiantes y docentes de segundo de Bachillerato que, a estas alturas, aún no saben cómo serán las pruebas de acceso a la universidad.

Mención aparte merece su tratamiento de los graves casos de corrupción que tanto dañan a la democracia y que tanta desafección ciudadana producen en la política, en los partidos y en las instituciones. Las declaraciones del principal acusado en el juicio del denominado caso Gürtel constituyen, en este sentido, uno de los mayores escándalos del período democrático.

Complicado resulta, por mucha pedagogía que pretendan aplicar, por muchos intentos de convencer a militantes y votantes, que otros partidos faciliten un nuevo Gobierno de Mariano Rajoy tras lo escuchado estos días sobre unas prácticas generalizadas que mezclaban política, negocios y financiación partidaria.

Financiación

En el caso específico de las políticas para Canarias, éstas no han hecho más que recrudecer los problemas económicos de las Islas y ahondar en el desempleo. Así ha sucedido con la eliminación de planes trascendentales, como los de empleo, los que afectan a la construcción de colegios e institutos o al resto de infraestructuras, donde el caso más grave es el de las carreteras, en las que se han dejado de invertir cientos de millones de euros.

Sin olvidar el negativo trato en el resto de los Presupuestos Generales del Estado y el mantenimiento de una financiación autonómica que coloca a Canarias con 600 millones de euros anuales por debajo de la media de las comunidades de régimen común.

Tanto las globales políticas conservadoras como el concreto maltrato a Canarias hacen que rechacemos de plano la continuidad de Rajoy al frente del Ejecutivo. Si hay sesión de investidura en las próximas semanas, Nueva Canarias dirá “no” a Rajoy y al PP.

Si ese es el panorama con relación al Gobierno central, hay que añadir que, a Canarias, no le va mucho mejor con su Ejecutivo nacido de las elecciones canarias de mayo de 2015. Resultan muy preocupantes los modos y maneras del actual Gobierno de las Islas. Un Ejecutivo en crisis permanente, donde su presidente, situado en el centro de todos los conflictos, llama “medianeros” a sus socios, descalifica al consejero de Sanidad con datos falsos y mira para otro lado cuando, desde instituciones que gobierna su partido, atacan injustamente a la consejera de Obras Públicas

Un Ejecutivo con políticas erráticas, como hemos visto en el caso del uso de los millones de euros procedentes del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE), desde el intento de reparto sobre la base de la triple paridad a un supuesto plan de desarrollo que ha terminado en el pago de facturas pendientes de las corporaciones.

Pero también su deriva insularista. Su escasa preocupación por los servicios públicos, infradotando a la sanidad y a la educación, e incumpliendo con los preceptos de la ley educativa aprobada por el Parlamento de Canarias.

Desarrollismo

Así como su orientación legislativa en torno al territorio y al medio ambiente. Sin debate ni búsqueda de consenso, articula normas que facilitan la especulación y nuevas burbujas. Pone en riesgo al suelo rústico y piensa más en la cantidad que en la calidad y la renovación en el caso del sector turístico. La ley de las islas verdes, el proyecto de ley del suelo y las modificaciones en la de turismo conforman una tríada que expresa la imposición del más puro desarrollismo: más ladrillo, más camas, más especulación, más uso intensivo del suelo, condicionando el presente y el futuro de esta tierra.

Mientras todo esto sucede, lo que mejor funciona, el turismo, lo hace por factores externos y a medias. Las cifras récord, de las que alardean, no van acompañadas ni de redistribución de la riqueza ni de impacto en el empleo y en la calidad de este. Mientras nos sigan castigando estos dos gobiernos continuarán las altas cifras de desempleo y los contratos basura, la explotación laboral, el deterioro de los servicios públicos, las incógnitas sobre la sostenibilidad de las pensiones y la desesperanza de los jóvenes en su presente y futuro. Solo habrá posibilidad de cambios con nuevas mayorías, nuevos gobiernos y distintas políticas a las actuales.

La situación política actual hace que Canarias esté sufriendo un doble castigo. El procedente de un Gobierno estatal conservador y que ha maltratado a nuestra comunidad desde finales de 2011. Y el más cercano, de un Ejecutivo canario crispado, dividido, errático, esperpéntico; en el que predominan las tendencias insularistas y conservadoras, así como el impulso a un modelo desarrollista que desprotege al territorio y al medio ambiente y que pasa, además, buena parte de su tiempo dilucidando conflictos entre sus socios.

En el caso del Gobierno estatal sufrimos, al igual que el conjunto de las nacionalidades y regiones, sus políticas globales. La austeridad y los recortes que han incrementado la pobreza y deteriorado gravemente a los servicios públicos. Su reforma laboral que ha desprotegido completamente a los trabajadores y trabajadoras.