Esperando una desgracia

El conflicto abierto entre el Gobierno y el Cabildo de Gran Canaria a cuenta de a quien corresponde resolver el problema de la carretera a La Aldea, que quedó impracticable tras los últimos desprendimientos, es casi arquetípico, un perfecto ejemplo de cómo los debates competenciales ocultan la absoluta incompetencia para resolver los problemas ciudadanos: el Cabildo del PP le echa la culpa al Gobierno regional, el Gobierno regional recuerda que la competencia no es suya, sino cabildicia y culpa de todo al Gobierno Rajoy, y la cuestión sigue sin arreglarse mientras los políticos montan su circo y se tiran los trastos a la cabeza.

El lío de la carretera de La Aldea es singularmente enrevesado, y su actual bloqueo, después de tantas promesas de todas las administraciones, resulta incomprensible para la mayoría de loas ciudadanos afectados. Porque aunque es cierto que el mantenimiento y seguridad de las carreteras transferidas es competencia exclusiva del Cabildo, hace un par de años, ante las protestas generalizadas por la inseguridad en ese trayecto, el Gobierno canario cerró un acuerdo con el Cabildo para proteger con malla dinámica algunas partes de la vía, mientras el Cabildo se comprometía a proteger otras. Las obras, entre las que se contemplaba incluso la perforación de un túnel, se iban a acometer con fondos del Convenio de Carreteras que nunca llegaron, bloqueados por los recortes presupuestarios de más de 600 millones de euros en lo que va de legislatura.

El Gobierno regional no reconoce que deba hacerse cargo de nada que tenga que ver con el mantenimiento de la vía actual, aunque sí reconoce que es competente en la construcción de la nueva carretera, competencia que no puede asumir porque para ella tampoco hay dinero. Para paliar todo eso, sigue recurriendo a palabras de buena voluntad y a medias promesas a los vecinos, que a los vecinos ya les resbalan bastante. Y así están las cosas, un remedo del dicho aquel que dice que “entre todos la mataron y ella sola se murió”. Y así seguirán probablemente hasta que –más allá de los riesgos y molestias que hoy implica transitar por esta vía- ocurra finalmente alguna desgracia. Entonces es probable que las tres administraciones incompetentes se pongan rápidamente de acuerdo, encuentren la fórmula de Fierabrás para sacar dinero de algún lado y resuelvan esta historia para no dormir de una vez. Por desgracia, no será la primera vez que uno o varios muertos sobre la mesa sellen un compromiso.

El conflicto abierto entre el Gobierno y el Cabildo de Gran Canaria a cuenta de a quien corresponde resolver el problema de la carretera a La Aldea, que quedó impracticable tras los últimos desprendimientos, es casi arquetípico, un perfecto ejemplo de cómo los debates competenciales ocultan la absoluta incompetencia para resolver los problemas ciudadanos: el Cabildo del PP le echa la culpa al Gobierno regional, el Gobierno regional recuerda que la competencia no es suya, sino cabildicia y culpa de todo al Gobierno Rajoy, y la cuestión sigue sin arreglarse mientras los políticos montan su circo y se tiran los trastos a la cabeza.

El lío de la carretera de La Aldea es singularmente enrevesado, y su actual bloqueo, después de tantas promesas de todas las administraciones, resulta incomprensible para la mayoría de loas ciudadanos afectados. Porque aunque es cierto que el mantenimiento y seguridad de las carreteras transferidas es competencia exclusiva del Cabildo, hace un par de años, ante las protestas generalizadas por la inseguridad en ese trayecto, el Gobierno canario cerró un acuerdo con el Cabildo para proteger con malla dinámica algunas partes de la vía, mientras el Cabildo se comprometía a proteger otras. Las obras, entre las que se contemplaba incluso la perforación de un túnel, se iban a acometer con fondos del Convenio de Carreteras que nunca llegaron, bloqueados por los recortes presupuestarios de más de 600 millones de euros en lo que va de legislatura.