A nadie se le escapa que la escalada bélica provocada por la invasión rusa sobre territorio soberano ucraniano la pasada madrugada del 24 de febrero –que viene lastrada desde la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia en marzo de 2014– es una situación sin precedentes cercanos en el panorama geopolítico internacional. Nos encontramos en un momento donde poner certidumbres sobre los nuevos contextos que van apareciendo no parece sencillo, dado que cada paso que se está dando nos va poniendo en un panorama desalentador que no somos capaces de imaginar, dadas sus terribles consecuencias para toda la humanidad.
Las consecuencias inmediatas que está provocando la invasión rusa a Ucrania ya se están dejando sentir entre la población civil. Según diversas fuentes, se habla de casi tres mil personas fallecidas en estos siete días de combates. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la mayoría de estas víctimas son fruto de los bombardeos rusos sobre poblaciones ucranianas. Algunas fuentes hablan de más de cinco mil cuatrocientas fallecidos contando con las bajas rusas, lo que significa un número mayor que los muertos en la primera semana de guerra en Chechenia de 1991. Asimismo, se cuentan por cerca de cuatro mil los civiles heridos. Por otro lado, según ACNUR, ya son más de un millón de personas ucranianas las que se han desplazado de manera forzada fuera de sus fronteras por causas directas de la guerra. De ese millón, cerca de cuatrocientos mil son niños y niñas. Se trata de la mayor crisis de asilo en Europa desde la II Guerra Mundial. El presidente Macron, después de su conversación de este pasado jueves por la tarde con Putin, ha asegurado que los refugiados ucranianos en las próximas semanas se contarán por millones de personas, para los que ya se han autorizado corredores humanitarios hacia países de la Unión Europa en un acuerdo con Rusia, que no ha respetado el alto al fuego acordado. A la población que se ha quedado, tanto defendiendo militarmente sus pueblos y ciudades, como por imposibilidad de huir del país, les queda una realidad material muy desalentadora. Los bombardeos rusos han afectado a barrios enteros e inhabilitado suministros, comunicaciones y servicios esenciales para la población en las principales ciudades como Mariupol, Jerson, o zonas estratégicas como la central nuclear de Zaporiyia, una de las centrales nucleares más grandes del mundo, que ha sido asediada y ocupada por el ejército ruso en las últimas horas
Sin embargo, existen secuelas indirectas a esta Guerra que se están observando en la propia población rusa, quien ve vulnerado sus derechos civiles y políticos desde hace más de dos décadas. Desde hace más de una semana el número de detenidos rusos en protestas contra la guerra de Ucrania se cuentan por más de siete mil en las principales cincuenta ciudades rusas. Estas detenciones arbitrarias están siendo realizadas sin ningún tipo de derecho a la defensa, dándose casos de tortura y malos tratos. El Gobierno Ruso ya ha amenazado con aplicar la ley marcial y limitar los derechos fundamentales de la población de su país. Además, las innumerables sanciones que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han impuesto sobre la economía rusa afectan, en primer lugar, sobre la población de ese país, y las consecuencias se verán a largo plazo. Según los indicadores socioeconómicos más importantes, La Federación Rusa vivirá una recesión de la que le costará salir décadas y que la sufrirán en su mayoría las clases más desfavorables.
Como viene ocurriendo desde comienzos del siglo XX, las consecuencias más graves de las guerras se ocasionan sobre la población civil. Por ello, es nuestra obligación moral y política acompañar y acoger a quienes están sufriendo el sinsentido de esta miserable guerra con consecuencias a largo plazo. No podemos mirar para otro lado y debemos ofrecer lo que esté de nuestra mano para apoyar material y psicológicamente a la población civil, así como favorecer que, una vez resuelto el conflicto, se generen los puentes de entendimiento y fraternidad que permitan reconstruir las relaciones democráticas fortalezcan los acuerdos de convivencia necesarios para una paz duradera entre ambas sociedades.
Desde las instituciones públicas estamos en la obligación legal y política de amparar a toda persona refugiada que nos pidan acogida según el Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nuestra responsabilidad como gestores públicos es que esa acogida se genere en condiciones favorables para todos y todas, desde la corresponsabilidad y la solidaridad entre administraciones locales, autonómicas y estatales.