Cien días de incoherencias y engaños

La primera medida adoptada por el nuevo Gobierno de Canarias fue reducir el aporte fiscal de los más ricos, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones, decisión que beneficia, fundamentalmente, a quienes reciben por persona herencias por encima de 1,2 millones de euros, es decir, menos de 6.000 canarios. La segunda medida consistió en incrementar sustancialmente el tamaño, y consiguientemente los gastos, del Ejecutivo; 26 altos cargos y 22 asesores más que el anterior, un total, por tanto, de 48, con un coste total que supera los 3,8 millones de euros al año. Y la llevaron a cabo los mismos que criticaban al anterior Ejecutivo por tener, según decían, excesivos cargos. La tercera medida, confirmada en la reciente presentación de los Presupuestos de la Comunidad para 2024, es el incumplimiento de la rebaja del IGIC del 7% al 5%, prometida en campaña electoral e incluida en el acuerdo CC-PP y en el discurso de investidura.

A ellas se añaden otras, como el decretazo para el control de la televisión y radio pública. Siempre, hasta ahora, se buscaron mayorías cualificadas, y por tanto acuerdos parlamentarios más allá de los partidos que sustentan al Gobierno de turno, respecto a la Radio Televisión Canaria. No cabe duda de que aprueban un decreto ley con el poco disimulado intento de controlar desde el Ejecutivo a los medios de comunicación públicos. O, en otro ámbito, el frenazo en este comienzo de curso a la decisiva implantación de la educación infantil 0-3 años, incumpliendo el desarrollo del plan estratégico puesto en marcha la pasada legislatura. 

A pesar de estas notables diferencias con sus primeras actuaciones hemos apoyado al Gobierno en asuntos de gran trascendencia. Entre ellos, la declaración de emergencia eléctrica, donde presentamos enmiendas que fueron aceptadas. Y, asimismo, en la declaración conjunta de los grupos parlamentarios con el Gobierno en relación con los temas migratorios. O la propuesta de NC-bc, aceptada por el Ejecutivo, de nuevas ayudas a los ganaderos.

Presupuestos

El Gobierno conservador presentó hace unos días el anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2024. En un primer análisis considero que se trata de unas cuentas públicas imprudentes e insostenibles en el tiempo. Muy expansivas, con un crecimiento de 1.121 millones de euros (11% más que el de este 2023), aunque muy desigualmente distribuido entre los distintos departamentos gubernamentales, castigando a educación, a nuestras universidades, a los servicios sociales o al sector primario. 

En el marco de una economía que comienza a dar señales de estancamiento y del regreso de las reglas fiscales, el Presupuesto plantea un crecimiento del gasto público que, como dice el informe de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), duplica la cantidad recomendada de la regla de gasto (un 6% en vez de un 3%), además de trasladar a gasto corriente ingresos ocasionales, lo que supondrá problemas de gran calado en los Presupuestos de 2025 y 2026. 

Resulta paradójico que lo defiendan los que denostaban al anterior Ejecutivo de progreso por mantener presupuestos expansivos en unas circunstancias que lo hacían imprescindible, por el combate contra la Covid 19 y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales; y en un contexto que, además, lo facilitaba, por el importante volumen de recursos públicos movilizado en los ámbitos estatal y europeo que captamos para Canarias y por la suspensión de las reglas fiscales. Unas reglas que volverán a recuperarse en 2024, aunque, por sus declaraciones, parecían ignorarlo algunos miembros del actual Ejecutivo canario.

Además, estas cuentas públicas para el próximo año confirman el engaño programado y masivo del Gobierno conservador y los partidos que lo sustentan, al incumplir la promesa de rebajar el IGIC del siete por ciento al cinco por ciento, al mismo tiempo que suben los tipos de algunos productos. Con esas medidas hacen que los ingresos se incrementen un 16,70%. Es decir, lo contrario de lo que defendieron, y por lo que criticaban al Pacto de Progreso. Como he señalado estos días, copian (mal) nuestras políticas e incumplen (gravemente) sus promesas.

Es preciso recordar ahora las permanentes denuncias de Fernando Clavijo durante la pasada legislatura, señalando que el Ejecutivo de progreso “se enriquecía recaudando más mientras las familias se empobrecían” o que “se recaudaba más que nunca en el peor momento para las familias”. O engañó entonces o engaña ahora, cuando las modificaciones introducidas suponen un incremento de la presión fiscal. Asimismo, se demuestra como utilizan electoralmente los asuntos fiscales; y, sobre todo, su enorme rapidez en la adopción de medidas, por decreto ley, para beneficiar a las minorías con rentas más elevadas, al 0,3% de los canarios y canarias.  

IGIC

El problema, nada menor, es que sus publicitadas promesas electorales, tanto por parte de CC como del PP, de llevar a cabo una importante reducción del IGIC eran tan demagógicas como irresponsables. Promesas que, además, formaron parte del acuerdo de gobierno entre CC y PP, así como del discurso de investidura.

Demagógicas al no ser verdad que ese descenso fuera la panacea ante la elevada inflación e impactara en una sustancial reducción de los precios, como dijeron, engañando al electorado. Y no es así porque la inmensa mayoría de los productos que integran la cesta de la compra -carnes y pescados, pan, leche, frutas, verduras, hortalizas, cereales, quesos, papas…- tiene en Canarias tipo cero del IGIC, cuando en el Estado oscila entre el 4 y el 10% de IVA. Que también tienen tipo cero en las Islas los medicamentos y los productos de higiene femenina (10 por ciento en el resto del Estado), los libros -incluyendo los electrónicos-, el transporte de viajeros o la electricidad del 96% de los consumidores. También es del 0% para el combustible, frente al 21% estatal. O el gas.

Capacidad de gasto

Se trataba, además, de un planteamiento claramente irresponsable. Esa anunciada bajada del 7% al 5% supondría una enorme reducción de la capacidad de gasto, en torno a unos 1.100 millones de euros, no solo para el Gobierno, sino también para los cabildos insulares y los ayuntamientos; y la consecuente inmediata aplicación de recortes en la sanidad, la educación, los servicios sociales, las inversiones en infraestructuras y las ayudas a los sectores productivos. Un desastre sin paliativos. Por eso, entonces y ahora, cuando gobernamos y cuando estamos en la oposición, desde NC-bc hemos rechazado con firmeza la pretendida rebaja generalizada del IGIC.

Por cierto, la otra ‘gran’ medida fiscal que anuncian para los Presupuestos del próximo año, la que afecta al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), consiste en una prórroga de las medidas y de la misma cantidad global, cien millones de euros, que adoptamos en el anterior Gobierno para paliar los efectos de la inflación y que, por supuesto, en su momento criticaron duramente tanto CC como el PP.

En definitiva, la presentación del anteproyecto de ley de los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2024, los primeros en esta legislatura del Gobierno CC-PP, saca a la luz muchas de sus incoherencias, engaños, incumplimientos y olvidos. Los que han caracterizado los primeros cien días del Gobierno de las dos derechas.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista.

La primera medida adoptada por el nuevo Gobierno de Canarias fue reducir el aporte fiscal de los más ricos, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones, decisión que beneficia, fundamentalmente, a quienes reciben por persona herencias por encima de 1,2 millones de euros, es decir, menos de 6.000 canarios. La segunda medida consistió en incrementar sustancialmente el tamaño, y consiguientemente los gastos, del Ejecutivo; 26 altos cargos y 22 asesores más que el anterior, un total, por tanto, de 48, con un coste total que supera los 3,8 millones de euros al año. Y la llevaron a cabo los mismos que criticaban al anterior Ejecutivo por tener, según decían, excesivos cargos. La tercera medida, confirmada en la reciente presentación de los Presupuestos de la Comunidad para 2024, es el incumplimiento de la rebaja del IGIC del 7% al 5%, prometida en campaña electoral e incluida en el acuerdo CC-PP y en el discurso de investidura.

A ellas se añaden otras, como el decretazo para el control de la televisión y radio pública. Siempre, hasta ahora, se buscaron mayorías cualificadas, y por tanto acuerdos parlamentarios más allá de los partidos que sustentan al Gobierno de turno, respecto a la Radio Televisión Canaria. No cabe duda de que aprueban un decreto ley con el poco disimulado intento de controlar desde el Ejecutivo a los medios de comunicación públicos. O, en otro ámbito, el frenazo en este comienzo de curso a la decisiva implantación de la educación infantil 0-3 años, incumpliendo el desarrollo del plan estratégico puesto en marcha la pasada legislatura.