El valor de la conectividad digital insular

El 25 de mayo de 2022, los representantes políticos de la Comunidad Autónoma Canaria han tomado conciencia como colectivo de las dependencias del archipiélago en la era digital. De modo unánime, todos los grupos del Parlamento de Canarias aprobaron una proposición no de ley sobre la conectividad en las islas, propuesta por el Grupo Parlamentario de “Sí, Podemos”. Es un hecho relevante, si se estima que el 98% del tráfico global Internet circula por cables submarinos, en el caso Canarias es ciertamente un 100%. Y hoy, la conectividad digital es tan importante para la economía y sociedad canaria como las rutas aéreas o marítimas. Por un lado, el 99% de las empresas canarias dispone de conexión a Internet, un 74% a través de fibra óptica. Por otra parte, el 100% de las viviendas del archipiélago disponen de algún tipo de conectividad de banda ancha, que en el 90% de las ocasiones es de carácter fijo.

A pesar de nuestra dependencia crítica de la conectividad digital submarina, no existe un registro oficial de los cables submarinos que nos enlazan con la Europa continental y con el mundo, como bien se destacaba en la Proposición no de Ley aprobada. Los gobiernos central y autonómico han de recurrir a realizar recopilaciones ad-hoc para los informes de análisis que elaboran, ya que el marco legal no obliga a operadores económicos a un registro de los puntos de atraque de los cables submarinos, su capacidad y propiedad societaria. Tan sólo se requiere los permisos relativos al cumplimiento de las normas medioambientales relativas a la protección del fondo marino. Será un paso adelante la próxima aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que incluye la obligación por parte de los operadores de notificar nuevos cables y los existente al órgano competente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Del mismo modo que es subvencionado el transporte aéreo y marítimo a los residentes en las islas, habrían de encontrarse fórmulas para apoyar el despliegue de cables submarinos, tanto entre las islas como de éstas con el continente. Y no es algo que pueda dejarse para mañana, la vida media de un cable submarino son 25 años y su construcción requiere de tres o cuatro años. En el informe de banda ancha en Canarias publicado por el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI) el 13 de mayo de 2022, se señalaba que once de los catorce cables submarinos interinsulares habrán superado los 25 años de funcionamiento en diez años. Es más, cinco de estos cables ya la han superado a día de hoy y todos los que conectan las islas no capitalinas orientales la habrán superado en dos años.

Algo similar sucede en la conectividad entre las Islas y la Europa continental. Son cinco los sistemas de cable submarinos que unen alguna de las islas capitalinas con el continente, tres de los cuales habrán sobrepasado la vida media de 25 años dentro de un lustro. Una alternativa para su renovación es la conexión con las infraestructuras de telecomunicaciones que están tendiéndose alrededor del continente africano. La colaboración pública para acelerar el atraque en el archipiélago de la conexión con el nuevo cable submarino 2Africa, promovido por Facebook, e incluso impulsar alguna extensión hacia las islas del sistema Equiano, desarrollado por Google, se configuran como las opciones más viables. 

Pero para poder apoyar el despliegue de cables submarinos se necesita un marco legal adecuado. Si bien las últimas revisiones de la legislación de ayudas de estado de la Unión Europea facilitan el camino de la intervención pública en el ámbito de la conectividad submarina, quizás debieran establecerse avenidas más amplias por las que transitasen las Regiones Ultraperiféricas. Por ejemplo, eliminando la necesidad de presentación previa de los proyectos a convocatorias de programas europeos o permitiendo apoyar despliegues dónde ya existiesen dos alternativas dado el carácter vital de la conectividad en las regiones más alejadas de la Unión. La próxima Presidencia de España de la Unión Europea, que sucederá de modo paralelo a la Presidencia de Canarias de las Regiones Ultraperiféricas, puede ser una palanca adecuada para promover reformas que permitan un uso más intenso y ágil de la financiación pública, en particular, la obtenida a través del mecanismo de recuperación y resiliencia y FEDER.

La experiencia de los confinamientos tras la irrupción de la COVID-19 han puesto de manifiesto el valor de las redes e infraestructuras digitales como bien común. En el caso de las Islas Canarias, los cables submarinos de telecomunicaciones fueron el cordón umbilical que evitó que a la dificultad de hacer frente a la crisis desde la distancia se sumará la necesidad de hacerlo desde un aislamiento más extremo. Pero no es solo en las situaciones de crisis, nuestro día a día en la lejanía insular, las posibilidades de acceder recursos educativos remotos, la disponibilidad de servicios de salud o las oportunidades laborales en teletrabajo dependen de la conectividad. Ese es el valor y la buena noticia de la existencia de un consenso de toda el arco político canario alrededor de impulsar el desarrollo de un sistema resiliente de conectividad submarina insular.

El 25 de mayo de 2022, los representantes políticos de la Comunidad Autónoma Canaria han tomado conciencia como colectivo de las dependencias del archipiélago en la era digital. De modo unánime, todos los grupos del Parlamento de Canarias aprobaron una proposición no de ley sobre la conectividad en las islas, propuesta por el Grupo Parlamentario de “Sí, Podemos”. Es un hecho relevante, si se estima que el 98% del tráfico global Internet circula por cables submarinos, en el caso Canarias es ciertamente un 100%. Y hoy, la conectividad digital es tan importante para la economía y sociedad canaria como las rutas aéreas o marítimas. Por un lado, el 99% de las empresas canarias dispone de conexión a Internet, un 74% a través de fibra óptica. Por otra parte, el 100% de las viviendas del archipiélago disponen de algún tipo de conectividad de banda ancha, que en el 90% de las ocasiones es de carácter fijo.

A pesar de nuestra dependencia crítica de la conectividad digital submarina, no existe un registro oficial de los cables submarinos que nos enlazan con la Europa continental y con el mundo, como bien se destacaba en la Proposición no de Ley aprobada. Los gobiernos central y autonómico han de recurrir a realizar recopilaciones ad-hoc para los informes de análisis que elaboran, ya que el marco legal no obliga a operadores económicos a un registro de los puntos de atraque de los cables submarinos, su capacidad y propiedad societaria. Tan sólo se requiere los permisos relativos al cumplimiento de las normas medioambientales relativas a la protección del fondo marino. Será un paso adelante la próxima aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que incluye la obligación por parte de los operadores de notificar nuevos cables y los existente al órgano competente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.