¿Fue la Constitución española el primer paso del 'Procés'?

Me  pongo a escribir impactado por la retorsión de Feijóo and company a la concesión de asilo político a Edmundo González. No sé hasta dónde está dispuesta a llegar la maraña de poderes económicos, que utiliza como a un gorgorito a este PP  -y pone a su disposición su acorazada mediática-  para tumbar al Gobierno y concentrar en sus manos todo el poder, el económico y el político, y ahogar todo resquicio de democracia social, como la que proclamó la Constitución de 1978.

Pero no es del “Sánchez aliado de Maduro” de lo que tenía intención de expresar algunas ideas, sino de si no fue tal vez “la Constitución de 1978 el primer paso del Procés”. 

El Procés, es decir, la última Revuelta de los Catalanes, es un jalón más de un complicado proceso histórico que se remonta a siglos atrás y que está presente en toda la larguísima configuración del Estado español, es decir, de la unidad política de España.

Quiero que sepan, quienes no han tenido la misericordia de leer alguno de los artículos que he publicado durante casi una década y que recoge un librito titulado La Gestación de una Crisis: Cataluña-España, que la incubación de un conflicto de baja intensidad que acabó escapándose de las manos a sus promotores y beneficiarios: las dos derechas en el poder, en España y Cataluña (y que tuvo como Prólogo la campaña del PP contra el nuevo Estatuto de 2006), es algo asociado naturalmente a los relatos del nacionalismo. Sea este nacionalismo español, vasco, catalán… de forma que cuando no existe, pero conviene que exista, se fabrica artificialmente. Y cuando desaparece, como ha ocurrido con la derrota de ETA, lo intentan mantener redivivo buscando por doquiera “herederos-de-ETA”.

La Constitución Española de 1978 fue fruto de lo que considero casi un milagro: la Transición, tan denostada por algunos, reconoció nada más abrirla el derecho a la autonomía de “nacionalidades” y regiones. Las consecuencias jurídico-constitucionales, en mi opinión, no eran trascendentes más allá de las facilidades en el acceso al más amplio autogobierno, dentro del propio marco constitucional. ¡Pero las consecuencias políticas!...

Estaba cantado que, cuando la coyuntura lo facilitara o cuando conviniera el mantenimiento de la hegemonía política de los nacionalismos periféricos en las Instituciones vascas o catalanas, invocarían el derecho de autodeterminación de las nacionalidades. La propia Constitución Española les daba pié para ello. Y así ha sido.

¿Eran ajenos los Padres Constituyentes a ese riesgo? Es evidente que no. ¿Por qué, entonces, lo aceptaron? Pues por una mera cuestión de sabiduría y de responsabilidad política. Y porque preveían lúcidamente que una Constitución, que sentaba las bases de una profunda transformación de la organización territorial del poder (y fijaba los límites, especialmente en el artículo 149, sobre competencias exclusivas del Estado), sería un eficaz instrumento para estimular una convivencia pacífica  basada en el reconocimiento de la pluralidad territorial, y de la unidad y la solidaridad, entre las personas y los pueblos de España. Y así ha sido.

Pues lo mismo ocurre, para la exasperación del dúo Feijóo/Puigdemont y de lo que representan, con las medidas que ha ido adoptando el Gobierno de España para intentar, y en buena medida ir logrando, la “normalización” de la situación de Cataluña tras el desaguisado del Procés. Indultos, derogación del delito de sedición, Amnistía… y ahora, financiación singular.

Todas estas medidas han encontrado la catastrofista oposición de la derecha política, empresarial (luego mediática) y judicial. Los argumentos de la Sala II del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, para rechazar su constitucionalidad, son simplemente obscenos. Me refiero a los “argumentos” con los que tratan de impugnar la amnistía, no a la impugnación, ya que es legítimo plantearla.

Sin embargo, la realidad es tozuda. Como lo ha sido la convivencia democrática y la estabilidad de un país, España, azotado por siglos interminables de regímenes autoritarios. 

Lo mismo ocurrirá con la financiación “singular” para Cataluña. Su exigencia, planteada desde inicios de la pasada década en el “Memorial de Greuges Siglo XXI” de Artur Más, detonante del Procés, era previsible desde que la Constitución respetó y preservó la foralidad y el sistema de cupo y concierto para Euskadi y Navarra. Y acabó ocurriendo.

Esa financiación singular habrá que concretarla. Después, tramitarla y aprobarla por las Cortes Generales por mayoría absoluta del Congreso -ya que modificará una Ley Orgánica, la de Financiación Autonómica- lo que requerirá obtener los apoyos parlamentarios necesarios. 

Y llevarlo a cabo preservando los principios constitucionales. Principios, porque en materia de financiación, como en tantos aspectos de lo que hoy es el Estado de las Autonomías, la Constitución fijó principios: suficiencia, autonomía, solidaridad…, no reglas jurídicas precisas de una descentralización, que ya tiene carácter  federal, que estaba por construir.

Para, finalmente, valorar los resultados de las reformas del sistema de financiación autonómica, en particular en materia de solidaridad entre territorios y de suficiencia financiera no sólo de las comunidades Autónomas, sino del Estado (y de sus trascendentes funciones constitucionales), que inevitablemente vendrán asociadas a la futura financiación singular catalana.

No apelaré a la lealtad constitucional de una derecha cada vez más motorizada, ni de los nacionalismos “históricos”. Porque para unos y para otros el patriotismo y la lealtad constitucional están siempre subordinados al ansia obtener o mantenerse en el poder, para atender la exigencias de los sectores de la economía y de la sociedad a los que representan en las Instituciones.

No olvidemos lo que dicen sobre estas cosas, no el jurista de pueblo que esto escribe, sino eminentes especialistas:

-J.Elliot, eminente historiador e hispanista: “Junto al universalismo de una misión global y la recurrente identificación entre rey y altar, la monarquía española descansaba por  tradición en un tercer pilar: la combinación de pluralismo constitucional con una realeza unitaria. La Monarquía era, en efecto, una comunidad supranacional compuesta por un complejo de reinos y provincias que diferían en sus leyes, costumbre e idiomas, unidos sólo por su adhesión a una misma fe y por su obediencia a un rey común”(España y su Mundo 1500-1700, pág.210).

No cualquier monarquía, sino la del Imperio español que añora la extrema derecha. Aquella “España Grande” era una, pero esencialmente plural. Diríamos hoy, confederal. Un confederalismo que en el Mundo contemporáneo se ha demostrado impracticable.

-V. Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional De Santiago de Compostela: “Tal es el nudo gordiano de cualquier conflicto territorial... que quienes se aprestan a ser sus ”solucionadores“, son en realidad sus constructores. Constructores que una vez convertidos en profesionales de la solución del problema nacional, necesitan de su constante pervivencia para no quedarse sin empleo. ¿Cómo logran los nacionalistas esa constante  pervivencia? Todos lo sabemos: alejando indefinidamente el punto que determinaría la satisfacción de sus aspiraciones. La carrera para resolver cualquier conflicto nacional es interminable, dado que su meta es siempre móvil” (Nacionalidades históricas y Regiones sin historia, pág.151). 

Me atrevo, finalmente, a hacer una sugerencia: no utilicemos como argumento determinante frente a las embestidas de la derecha lo que ocurre en otros sistemas políticos  de naturaleza federal, como Estados Unidos o Alemania, con los que puede asimilarse en términos de estructura territorial del poder la España de las Autonomías. Porque, en la actualidad, en esos países no existen fuerzas políticas: a) que tengan en su programa máximo -que airean o guardan según les convenga-  la independencia de sus territorios; b) y con capacidad para condicionar la estabilidad del Gobierno estatal, cada vez que existe un gobierno en minoría.

Con esa realidad hay que convivir. En realidad, España es y va a seguir siendo así. Y no se va a romper. Y muchos que nos sentimos intensamente canarios, catalanes, castellanos…, pero también españoles, vamos a defenderla con las únicas armas de la democracia.

Me  pongo a escribir impactado por la retorsión de Feijóo and company a la concesión de asilo político a Edmundo González. No sé hasta dónde está dispuesta a llegar la maraña de poderes económicos, que utiliza como a un gorgorito a este PP  -y pone a su disposición su acorazada mediática-  para tumbar al Gobierno y concentrar en sus manos todo el poder, el económico y el político, y ahogar todo resquicio de democracia social, como la que proclamó la Constitución de 1978.

Pero no es del “Sánchez aliado de Maduro” de lo que tenía intención de expresar algunas ideas, sino de si no fue tal vez “la Constitución de 1978 el primer paso del Procés”.