El culebrón del monumento

La polémica del monumento a Franco, en la capital de la provincia tinerfeña, se ha convertido en un culebrón (con perdón) cuyo final es impredecible. Para colmo, los responsables del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del mismo color político, han discrepado públicamente de cómo enfocar la salida para la que, les guste o no, hay que tener en cuenta una disposición legal vigente. Si no, asistiremos a otro episodio en el que se pone en solfa el Estado de derecho.

Este es la consecuencia de no haber actuado con mayor diligencia, o si lo prefieren, de haber dejado correr el tiempo, a la espera de que alguien active una palanca e impulse una solución que se dificulta a sí misma. Primero, que no había una ley, un soporte en que apoyar la alternativa, si es que cuenta con consenso social. Después, fue aprobada la norma y cuando  ya estaba en vigor –o sea, se trataba de hacerla efectiva- no ha habido forma ni de ponerse de acuerdo con la resignificación del monumento. 

Ahora se alarga la controversia y el enredo social se complica. Sobre todo, porque la denominación propuesta para una  nueva identificación o un nuevo reconocimiento popular –de la concordia, dicen, como si de una probatura se tratase- no parece que goce de gran aceptación entre los partidarios de que no se produzca una resignificación. 

En efecto, la coordinadora del Catálogo de Vestigios Franquistas de Santa Cruz de Tenerife y catedrática en Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, Maisa Navarro, ha señalado al digital Canarias Ahora que es una “indecencia” que se proponga esa resignificación. Tras recordar que el Cabildo no es una administración competente y que la sentencia del pasado mes de junio obliga a la corporación insular a dar los pasos para la incoación de expediente, porque la Ley de Patrimonio de Canarias obliga a ese paso previo, a reunir los informes suficientes. “Pero es un trámite administrativo”, aclaró. 

Navarro recordó también a la agencia Efe que “estas declaraciones en el sentido de utilizar la palabra concordia son una ofensa más”. “A través de las palabras, se alzan como si fueran representantes de las víctimas. ¿Por qué pueden estar en condiciones de sentenciar que la manera de resolver la significación es llamarlo monumento a la concordia?”, cuestionó. Navarro también mencionó que es “una humillación a las víctimas” y un intento de “hacer cómplice a la sociedad civil de acciones irregulares”, mediante el incumplimiento de la legalidad vigente.

La profesora Navarro insistió en que no se puede resignificar el monumento y cuáles son los elementos que habría que retirar porque son “contrarios a la verdad histórica”, como la base de la escultura (representación de la isla de Tenerife), el 'Dragon Rapide', el avión en el que Franco voló desde Canarias a Marruecos para iniciar el golpe de Estado; la figura de Franco “como cruzado medieval”, ataviado con capa y espada; y los nueve escudos de los partidos judiciales provinciales como representación de un “apoyo legal a la Guerra Civil como justa y legal”. Otros muchos testimonios de parecido rigor científico reflejan la discrepancia con, digamos, la continuidad tal cual.

No va a ser fácil, desde luego, despejar algunos elementos controversiales y “concordar” –no queda más remedio que entrecomillar el término- posturas que, en el fondo, envolverán empatías ideológicas.

Esto no es tan fácil, por supuesto. Se cambia el nombre y ya está, un decir Franco se quedará sin monumento, seguro. Aunque mucho tiempo habrá de pasar para que la ciudadanía haga suya e identifique la nueva rotulación de la geografía urbana santacrucera.

La polémica del monumento a Franco, en la capital de la provincia tinerfeña, se ha convertido en un culebrón (con perdón) cuyo final es impredecible. Para colmo, los responsables del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del mismo color político, han discrepado públicamente de cómo enfocar la salida para la que, les guste o no, hay que tener en cuenta una disposición legal vigente. Si no, asistiremos a otro episodio en el que se pone en solfa el Estado de derecho.

Este es la consecuencia de no haber actuado con mayor diligencia, o si lo prefieren, de haber dejado correr el tiempo, a la espera de que alguien active una palanca e impulse una solución que se dificulta a sí misma. Primero, que no había una ley, un soporte en que apoyar la alternativa, si es que cuenta con consenso social. Después, fue aprobada la norma y cuando  ya estaba en vigor –o sea, se trataba de hacerla efectiva- no ha habido forma ni de ponerse de acuerdo con la resignificación del monumento.