El democraticidio del PP: las víctimas contra sí mismas

Se está produciendo un ataque a la democracia por parte de los políticos y los creadores de opinión pública que apoyaron la desfiscalización del Estado; que defendieron el modelo neoliberal de Unión Europea y su Banco Central, diseñado para incentivar la especulación contra los estados; que justificaron la privatización del gallinero de los huevos de oro del patrimonio público; que avalaron el auge inmobiliaro olímpico que, sí o sí, acabaría explosionando la burbuja que infló; que respaldaron los cantos a la flexibilidad laboral, que servía para reducir la parte del trabajo en la renta, impulsar el endeudamiento familiar y debilitar la demanda en la economía. Ahora, ni una palabra de autocrítica por los graves errores del modelo económico que avalaron. Pero, sin embargo, sí quieren propinar un zancadillazo a la democracia, para así debilitar a esa parte de la política que no es corresponsable de la crisis y que, además, quiere cambiar el modelo económico que nos lleva a una tercermundización permanente.

Muchos de los políticos y creadores de opinión pública que apoyaron el modelo económico generador de la crisis nos convocan, una y otra vez, al homenaje que el vicio rinde a la virtud. Nos dicen que hay demasiados políticos y que ello constituye un despilfarro insostenible. Que hay demasiados ayuntamientos liliputienses y suponen un gasto inasumible. Veamos la realidad de los datos.

En España hay 4.855 municipios de hasta mil habitantes, que albergan al 3.2% de la población y han contraído el 1.2% de la deuda pública municipal. Sin embargo, en el lado opuesto, encontramos que los seis municipios de más de 500.000 habitantes albergan al 16.2% de la población y acumulan el 36.5% de la deuda. Sólo Madrid, con el 6.9% de la población, acumula el 22.5% de la deuda de los 8.116 ayuntamientos españoles. Es obvio que los municipios más pequeños generaron menos deuda por habitante que los más grandes. Si atendiéramos al endeudamiento por persona no hay razón alguna para reducir la cantidad de ayuntamientos pequeños.

Las administraciones locales son responsables de tan sólo el 3.5% del endeudamiento público. Efectúan el 14.7% del gasto público y, para 2012, sólo se les permite generar el 4.7% del déficit acordado con la Unión Europea. Las administraciones locales se hacen cargo de un porcentaje del gasto público similar al de sus homólogas de Alemania, Austria o Bélgica y muy inferior al gasto público que realizan las administraciones locales en Dinamarca (59%), Finlandia (37%) o Noruega (31%). Nuestros ayuntamientos, no sólo no son responsables del endeudamiento público, sino que gestionan una parte pequeña de un gasto público que, a su vez, es más pequeño que el de muchos estados europeos con similar nivel de riqueza.

Asimismo, la cantidad de políticos existente en España tampoco parece excesiva. Algunos medios de comunicación afirmaron que hay 445.000 políticos, pero la cifra real es 73.515, de los que 68.462 son alcaldes y concejales. Pues bien, el 90% de estos representantes municipales no tiene sueldo.

Según Naciones Unidas, Noruega es el país con mayor índice de desarrollo humano del mundo. Su Parlamento cuenta con un escaño por cada 29.739 habitantes. Si España tuviera la misma ratio de congresistas por habitante que Noruega, tendríamos un Congreso con 1.581 escaños, en vez de los 350 actuales. Si Noruega tuviera la misma ratio de escaños por habitante que España, tendría que reducir el número de escaños de su Parlamento de los 165 actuales a 36 y, por lo tanto, reducir su capacidad de reflejar la pluralidad y la calidad de su democracia.

Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia, Holanda o Bélgica son países con más parlamentarios por habitante que España y todos ellos tienen menos desempleo y mayor desarrollo del estado del bienestar que nuestro país. Sus parlamentos son más representativos que el nuestro, proporcionalmente más numerosos y parece que sus economías van mucho mejor que la nuestra.

Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, en España varios dirigentes del Partido Popular abogan por reducir la cantidad de cargos públicos. Las propuestas que hacen no tienen nada que ver con ningún criterio de eficiencia económica y, simplemente, responden al propósito de reducir aún más la limitada representatividad de nuestras deficientes instituciones democráticas. El PP quiere hacer menos democráticas aún nuestras instituciones para salvar al bipartidismo de la creciente desafección ciudadana, derivada de las políticas profundamente antisociales que se están aplicando. Y piden el apoyo de la ciudadanía perjudicada por la crisis para reducir el número de políticos y salvar así a los políticos que han desprestigiado la política y que gobiernan contra el bienestar de la mayoría.

La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, que no hace mucho cobraba 240.000 euros anuales, ejemplifica a la perfección la realidad de la política convertida en privilegio y derroche. Sin embargo, hoy propone reducir el número de diputados autonómicos y que, además, no cobren sueldo alguno, de modo que, la actividad política quedaría reservada a los adinerados. En suma, se trataría de conseguir instituciones menos plurales y con más privilegiados.

El discurso de la antipolítica favorece a los que han degradado la política, a los corresponsables de la crisis y a los benefactores de la corrupción. El PP apela al discurso antipolítica para que las víctimas de sus políticas, que están cabreadas con la situación actual, toleren nuevas reformas antidemocráticas. Asimismo, el discurso antipolítica se dirige a la ciudadanía cabreada para que, si no van a apoyar al bipartidismo y a sus complementos nacionalistas, se vayan a la abstención, o al voto en blanco, motivados por el discurso de la antipolítica. Y así lograrán que muchas personas, mientras se ven a sí mismas como críticas y contestatarias, piquen en el anzuelo y contribuyen a provocar que haya más de lo mismo.

*Coordinador de Izquierda Unida Canaria

Ramón Trujillo*

Se está produciendo un ataque a la democracia por parte de los políticos y los creadores de opinión pública que apoyaron la desfiscalización del Estado; que defendieron el modelo neoliberal de Unión Europea y su Banco Central, diseñado para incentivar la especulación contra los estados; que justificaron la privatización del gallinero de los huevos de oro del patrimonio público; que avalaron el auge inmobiliaro olímpico que, sí o sí, acabaría explosionando la burbuja que infló; que respaldaron los cantos a la flexibilidad laboral, que servía para reducir la parte del trabajo en la renta, impulsar el endeudamiento familiar y debilitar la demanda en la economía. Ahora, ni una palabra de autocrítica por los graves errores del modelo económico que avalaron. Pero, sin embargo, sí quieren propinar un zancadillazo a la democracia, para así debilitar a esa parte de la política que no es corresponsable de la crisis y que, además, quiere cambiar el modelo económico que nos lleva a una tercermundización permanente.

Muchos de los políticos y creadores de opinión pública que apoyaron el modelo económico generador de la crisis nos convocan, una y otra vez, al homenaje que el vicio rinde a la virtud. Nos dicen que hay demasiados políticos y que ello constituye un despilfarro insostenible. Que hay demasiados ayuntamientos liliputienses y suponen un gasto inasumible. Veamos la realidad de los datos.