Desahucios, tarde y mal

Siete años después del comienzo de la crisis, con miles de familias canarias que han perdido sus casas, el Gobierno canario plantea una ley para actuar en este asunto. Lo hace tarde, cuando tiene competencias exclusivas en materia de vivienda. Y, me temo, que lo hace mal, copiando a medias, sólo a medias, la legislación andaluza; y, además, no disponiendo de un plan alternativo ante la más que previsible paralización de la normativa canaria por parte del Gobierno central.

Los desahucios de viviendas son una de las caras más dramáticas de la crisis económica. La reducción de los ingresos de muchas familias (por situaciones de desempleo, en la mayoría de los casos, pero también por significativas bajadas de sus salarios, en otros) tiene entre sus más duras consecuencias ser expulsados de sus viviendas, por no poder abonar la hipoteca o el alquiler de las mismas.

La respuesta ante este grave problema social ha venido de la organización ciudadana y, especialmente, de la relevante acción desarrollada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Sin que el Gobierno central ni los ejecutivos autonómicos hayan estado a la altura de las circunstancias. Más bien todo lo contrario. Sólo la visibilización del problema en los medios de comunicación y la presión de la calle (así como alguna sentencia europea) les han hecho reaccionar.

Emergencia social

El proyecto de ley canario posibilita, en situaciones de emergencia social, que en viviendas afectadas por procedimiento de ejecución hipotecaria se pueda producir una expropiación temporal por un plazo máximo de tres años tras la fecha del lanzamiento. Estableciéndose un justiprecio, del que el abono de la mayor parte correría a cargo de la administración canaria; y al que habrían de contribuir los afectados, nunca por encima del 25% de sus ingresos.

Comparto este objetivo del proyecto de ley. Y considero que es plenamente constitucional. No parece entenderlo así el Gobierno central, que ya ha paralizado la normativa navarra y la andaluza, en la que se inspira la canaria. Se inspira pero no recoge algunas de sus más interesantes aportaciones. Entre ellas la ampliación de la cobertura a los avalistas (habitualmente los padres, que en ocasiones terminan perdiendo su propia vivienda) y a los trabajadores autónomos que pusieron su casa como aval para afrontar impagos de sus negocios.

Asimismo, la ley incluye una serie de acciones de estímulo a los alquileres, que “permitirá a las administraciones canarias implementar medidas de fomento dirigidas a favorecer el uso habitacional efectivo de la vivienda. Las medidas pueden ser de muy variado tipo: incentivos fiscales, apoyo en el ámbito de la intermediación inmobiliaria, subvenciones para la cobertura de seguros que cubran el riesgo de impago, etcétera”. Aunque en mi opinión, en el texto legislativo existe una elevada falta de concreción y pocos compromisos efectivos en este terreno, quedando en una mera declaración de buenas intenciones.

Alquileres

En ese sentido, considero que es imprescindible plantear incentivos claros que animen a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado de alquiler, complementando así las medidas sancionadoras previstas de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos e inmobiliarias, fundamentalmente) por tener viviendas vacías. Me refiero a establecer una serie de beneficios para los propietarios en forma de pólizas de seguro de impago de renta de alquiler, defensa jurídica y multirriesgo del hogar, así como la regulación de incentivos para los titulares de las viviendas. Y para este asunto no se precisa una ley, sino voluntad política. Voluntad muy difícil de percibir cuando ni siquiera incluye en las cuentas públicas para 2014 una partida económica que dé cobertura a esta ley.

Junto a sus carencias y déficit, el proyecto de ley canario se enfrenta, como decía, al previsible rechazo y paralización por parte del Gobierno del Estado, que considera que invade sus competencias en relación con las expropiaciones temporales de viviendas. Y ante esa circunstancia echamos de menos que el Gobierno de Canarias no disponga de un plan B, de una alternativa para actuar decididamente, evitando que más familias pierdan sus viviendas y ofreciendo salidas dignas a las que ya sufrieron desahucios. Rompiendo, en definitiva, con su absoluta inacción en este tema: no ha evitado ni un sólo desahucio en las Islas, lo que constituye una muestra más del fracaso de las políticas sociales del Ejecutivo canario y de su falta de compromiso en la lucha contra la pobreza.

Una solución sería implementar una política activa de alquileres sustitutivos con subvención por parte del Ejecutivo canario. Se podría sortear así la insensibilidad y cerrazón del Gobierno central en esta materia; con la significativa ventaja, además, de que los procedimientos administrativos serían menos engorrosos, más ágiles, dando una respuesta efectiva y en corto período de tiempo a una situación que no admite dilaciones de ningún tipo.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.

Siete años después del comienzo de la crisis, con miles de familias canarias que han perdido sus casas, el Gobierno canario plantea una ley para actuar en este asunto. Lo hace tarde, cuando tiene competencias exclusivas en materia de vivienda. Y, me temo, que lo hace mal, copiando a medias, sólo a medias, la legislación andaluza; y, además, no disponiendo de un plan alternativo ante la más que previsible paralización de la normativa canaria por parte del Gobierno central.

Los desahucios de viviendas son una de las caras más dramáticas de la crisis económica. La reducción de los ingresos de muchas familias (por situaciones de desempleo, en la mayoría de los casos, pero también por significativas bajadas de sus salarios, en otros) tiene entre sus más duras consecuencias ser expulsados de sus viviendas, por no poder abonar la hipoteca o el alquiler de las mismas.