La desigualdad de oportunidades en el acceso a la función pública docente en Canarias

Para empezar, partimos de una pregunta retórica: ¿acaso un territorio no tiene que asegurar la reproducción su propio cuerpo docente? En este sentido, hablamos de reproducción en tanto que garantizar políticamente el acceso de la población canaria tanto a la formación habilitante como al ejercicio docente.  

La especificidad insular canaria se tiene escasamente en cuenta desde hace aproximadamente 50 años cuando, por ejemplo, se desencadenó un movimiento amplio en el magisterio canario para boicotear unas oposiciones de carácter centralista. El motivo que alentó tal rechazo fue que se preveía el desplazamiento del cuerpo docente canario por parte de personal docente de otros territorios del estado español, hechos que fueron comprobados en, noticias como la siguiente “Unos 60 maestros peninsulares desplazan a otros tantos lanzaroteños” en el periódico el Eco de Canarias en el año 1977. 

De hecho, el proceso de estabilización docente previsto para 2024 reavivó de nuevo esa inseguridad ante un posible desplazamiento del personal docente canario con años de servicio en su tierra. Ciertamente, el contexto actual poco tiene que ver con el de finales de los años 70, por lo que cabe atender a las condiciones actuales por las cuales consideramos que se está cometiendo un agravio comparativo ante la población canaria en vistas al ejercicio de la docencia. Para mostrar dichas desigualdad de oportunidades, vamos a proceder planteando, en primer lugar, porqué resulta crucial que un territorio garantice el acceso a la enseñanza en su propia tierra. A continuación, mencionaremos la primera barrera: el acceso a la formación habilitante. En tercer lugar, profundizaremos en las dificultades de acceso al personal docente. Por último, los daños colaterales de tales irregularidades.  

Antes que nada, el enfoque desde que el cual abordamos esta cuestión parte del presupuesto de que todo territorio tiene que producir su propio cuerpo de docentes para el desempeño de su labor educativa. En primer lugar, esto cumple una función educativa en la medida en que se pueden reproducir las condiciones culturales y sociales de vida, desde el habla hasta los «sentidos» de vivir en Canarias. En este sentido, el lugar simbólico que ocupa “lo canario” le impide desarrollarse y mantenerse en el imaginario mediante su desplazamiento por parte otras formas culturales más hegemónicas. Resulta más que evidente la desconexión del alumnado con su contexto social e histórico, y con su modo de nombrar el mundo. 

En segundo lugar, en términos pedagógicos es deseable en cuanto el contexto desde el que se enseña no es tan distante al contexto desde el que se aprende, puesto que se parte y se dirige a la realidad más inmediata del alumnado. En tercer lugar, se justifica por la necesidad de atender a un cuerpo social formado, pero sin estar habilitado para formar o que se encuentra a la espera de ser nombrado por la alta demanda de acceso a las listas. Por ejemplo, el 37% de los aspirantes a ingresar a las listas de empleo de personal docente interino en las pruebas de 2023 provienen de la península. De este dato no deducimos que el total vaya a terminar ejerciendo aquí, pero sí alumbra un dato susceptible de ser comparado con la situación de las listas de empleo.  

Por último, no permite estabilizar a los centros educativos dada la elevada movilidad docente repercutiendo negativamente en la calidad educativa del alumnado. En este sentido, el archipiélago canario se convierte en un territorio de paso dónde hacer carrera para luego trasladarse a otras comunidades autónomas. 

Siguiendo el orden propuesto, ahora toca abordar la primera barrera con la que se encuentra el cuerpo formado, pero no habilitado para el ejercicio: el máster habilitante. Tras esta breves observaciones, consideramos que, en Canarias, la administración pública está promoviendo una desigual concurrencia de oportunidades a la función docente, dónde apenas el 20,15% del alumnado demandante pudo conseguir plaza para el máster habilitante de Formación del Profesorado. La matrícula en las universidades públicas canarias ronda los 700 euros para este máster, dónde se ofertan 300 plazas en la Universidad de las Palmas y otras 310 en la Universidad de la Laguna. Para las cuales, el criterio de concurrencia es la nota del expediente académico del grado, siendo de lo más excluyente para el casi 80% restante. El criterio empleado pese a estar estandarizado en este sistema meritocrático y clasista, presenta una dificultad añadida: la oferta de plazas limitada que lo hace aún más “selectivo”. Frente a ello, la oferta privada no deja de aumentar en Canarias vista la dejadez administrativa, dichas universidades privadas están cobrando en torno a 6000 euros y 7000 euros. 

El análisis de los siguientes datos nos sugieren que la administración pública  no oferta las suficientes plazas para que el personal cualificado canario pueda habilitarse para la función docente independientemente de su clase social. Y si, dada el poder adquisitivo canario y su condición archipelágica no resulta viable ni estudiar el máster en otro territorio del estado español, ni tampoco poder pagar las universidades privadas, dicha masa de trabajadores se encuentran condenadas a no poder optar a la función docente, y por ello, a no poder tener una opción más dónde mejorar sus condiciones materiales de vida. 

En otras palabras, desgraciadamente las clases más populares no están teniendo la posibilidad de ejercer la docencia, y por ello, la función docente parece estar encaminándose a la reproducción de una “élite docente”, dado que la nota de acceso es superior al 7,5 y es más que sabido cómo influye la clase social en el rendimiento académico. En este sentido, si ya el mercado laboral en Canarias se encuentra limitado al sector servicios, la administración pública contribuye restringir aún más a través del bloqueo de una salida laboral. Por último, este cuerpo cualificado se ve condenado a satisfacer las demandas laborales precarias o a emigrar. En definitiva, nos encontramos con un mapa desalentador en cuanto a las expectativas laborales de ese personal formado. 

Si el panorama no es ya desolador, cabe añadir un factor que se deriva de lo anterior. Dado que el personal cualificado canario no puede acceder a la función docente, la oferta pública de empleo queda cubierta por personal cualificado proveniente de otras comunidades autónomas. El inconveniente de esta cuestión es que hay una desagravio comparativo en el acceso de la función docente y, por lo tanto, no hay una igualdad de oportunidades entre el cuerpo especializado canario y el del resto de las comunidades autónomas. Ciertamente, la procedencia no otorga ningún privilegio epistémico, pero si quedan excluidos un conjunto de saberes y experiencias acumuladas relativas a lo que es criarse en un territorio. 

A continuación, ahora suponemos que ya hemos tenido acceso a la formación habilitante, y nos encaminamos hacia el acceso y al ejercicio docente, procedemos ahora analizar las barreras en dicho proceso. Como ya mencionábamos anteriormente, Canarias cuenta con una elevada oferta y demanda de profesorado que ha desencadenado en un “efecto llamada”. De hecho, cabe tomar en consideración la exotización del territorio, al tratarse de un destino atractivo y radicalmente diferente del peninsular al cual desplazarse.  Por otro lado, la condición insular canaria impide la movilidad hacia otros territorios peninsulares, si bien entre ellos si cuentan con facilidades al tratarse de un territorio continental. Por lo tanto, el personal docente canario no tiene las mismas facilidades para acceder a la función docente en otras comunidades. 

Una vez mencionada la dificultad de acceso a otros territorios y la elevada demanda de ejercer en Canarias por parte de profesorado de otras comunidades, supongamos que nos decidimos a participar en una apertura de listas o concurso-oposición. En nuestro territorio no contamos con ningún mecanismo, verdaderamente efectivo y funcional, para promocionar a la población residente. Algunos territorios cuentan con idioma propio, y con toda legitimación y validez lo establecen como condición necesaria para ejercer en sus territorios.

Sin embargo, consideramos que no hay una diferencia especialmente cualitativa entre idioma y dialecto en vistas a ejercer la docencia. Es decir, ¿acaso preservar el dialecto canario no resulta igual de válido y relevante desde un punto de vista tanto lingüístico como educativo? El lenguaje nos sirve para nombrar el mundo, en función del lenguaje el mundo es nombrado de una manera u de otra, sea un idioma o un dialecto, resulta equivalente en vistas a contribuir al importante papel del lenguaje como constructor del mundo. Por ello, conservar y promover el habla canaria constituye igual de legítimo y prioritario que conservar el euskera, catalán, gallego, etc. 

Desde otro punto de vista, el lenguaje resulta clave culturalmente, dado que contribuye a los mecanismos de identificación y socialización del alumnado. Por lo tanto, no entendemos el lenguaje como un fin en sí mismo a conservar, sino en virtud de su capacidad de significación simbólica y cultural del territorio. El lenguaje alberga en su etimología y en sus usos una acumulación de saberes y prácticas que no podemos desplazar por otras inscripciones culturales, lingüísticas y simbólicas de otros territorios. El diálogo intercultural siempre es bienvenido, pero no concurrimos en un contexto favorable para que se produzca tal diálogo dado la elevada desconexión cultural y lingüística del alumnado.

En otras palabras, Canarias mantiene unas relaciones de poder desiguales con otras culturas por lo que siempre se encuentra más vulnerable ante determinados procesos culturales y sociales. Como la jerarquización del habla y la disglosia lingüística en Canarias, el habla canaria no ocupa el mismo lugar que otras variedades del español, como la centro-norte peninsular. De igual modo, se establece que el habla canario no es formal, contribuyendo a la disglosia: escribir o hablar en diferente dialecto según el contexto lingüístico. Por ejemplo, hablo de una manera, pero escribo redacciones en el instituto de otra manera. Por lo tanto, un profesorado peninsular no formado puede reproducir, al igual que determinado profesorado canario, determinados prejuicios lingüísticos y culturales. 

De este modo, la importancia de enseñar “en canario”, puesto muy entrecomillas dado que también existen muchas formas de habitar canarias, resulta crucial para romper la tendencia histórica de aculturación en Canarias debido a la tradición educativa centralista española que se remonta a la EGB. Hoy en día, el balance sale absolutamente negativo en lo que a contenidos canarios refiere con respecto a contenidos relativos al territorio continental peninsular del estado español. Por todo ello, al igual que se le exige a un canario aprender catalán para ejercer en su territorio, habría que establecer mecanismos para garantizar y cribar al personal docente examinando sobre contenidos canarios, tanto a los inscritos canarios como de otros territorios. Sin embargo, nos encontramos con una realidad diferente, en las últimas ampliación de listas de empleo la Consejería de Educación de Canarias decidió eliminar las preguntas de cultura canaria. 

Para terminar con este bloque, cabe mencionar que Canarias es un territorio limitado y vulnerable tanto desde un punto de vista demográfico, habitacional, económico y geográfico, etc. Por lo que este trasvase poblacional de personal docente resulta problemático atendiendo a su realidad, entonces en vistas a reducir los desajustes, pueden eliminarse las barreras y establecerse un conjunto de mecanismos para promocionar al personal docente canario. En este sentido, decidir trasladarse a otro territorio es una decisión ante la cual no cabe tomarse una consideración especial, frente al hecho de habitar un territorio y garantizar la continuidad de dicha población en su territorio y la mejora en sus condiciones materiales de vida.

Resulta paradójico que profesorado de otras comunidades vengan a Canarias a hacer carrera docente temporalmente y, que, personal cualificado en Canarias, pero sin máster habilitante tenga que desplazarse a otros territorios para poder mejorar sus condiciones materiales de vida o condenarse aquí al sector servicios. La decisión de trasladarse a Canarias resulta más privilegiada que la decisión de permanecer en Canarias o que abandonarla, porque en estos dos últimos casos, nos vemos arrinconados en nuestras opciones para salir de la precariedad.  

Para finalizar, Canarias cuenta con un mercado laboral precario dirigido al sector servicios, un acceso a la vivienda limitado, la cesta de la compra más cara, la única riqueza que “genera” proviene del turismo con su escaso —incluso negativo— impacto en la calidad de vida canaria. Por lo tanto, la administración pública reproduce aún más la precariedad existente al limitar una salida a través de un componente de clase y de meritocracia. Sin embargo, se bloquea por cuestión de méritos y de clase, pero luego se promueve una educación igualitaria y dónde, de hecho, se sabe que los méritos poco se corresponden con las capacidades y, mucho menos, con la aptitud para el ejercicio de la docencia.  De tal modo, acuden, con razón, del resto de comunidades autónomas para desempeñar esa función y, hoy en día, se puede llegar a hablar de un cierto efecto llamada debido a la alta demanda de profesorado existente en el territorio. Esto a su vez impacta y presenta ciertos daños colaterales que revierten en la precariedad  de la población canaria, la competencia por el acceso a la vivienda, el aumento de la densidad de población, etc.

En definitiva, detrás de una igualdad formal en el acceso a la función pública docente marcada por cierto centralismo, nos encontramos ante una situación paradójica dónde hay personal cualificado pero no habilitado para la docencia, por lo que al tratarse de un destino con alta demanda de profesorado, la población canaria compiten de forma desproporcionada y desigual con personal docente de otros territorios del estado español que, en última instancia, termina desencadenando en una situación de dependencia respecto al profesorado de fuera de la región que podría ser satisfecha mediante políticas que reviertan positivamente sobre su territorio. Ampliar las plazas del máster de profesorado y establecer los contenidos canarios como determinados criterios en el acceso a la función pública resultan objetivos prioritarios para parar la rueda educativa de profunda aculturación del sistema educativo canario.

Canarias se convirtió en un “destino para hacer carrera docente”, a costa de impedir que su población pueda acceder en igualdad de condiciones y satisfacer su propia demanda educativa como territorio, revirtiendo en la calidad educativa verdaderamente contextualizada.

Para empezar, partimos de una pregunta retórica: ¿acaso un territorio no tiene que asegurar la reproducción su propio cuerpo docente? En este sentido, hablamos de reproducción en tanto que garantizar políticamente el acceso de la población canaria tanto a la formación habilitante como al ejercicio docente.  

La especificidad insular canaria se tiene escasamente en cuenta desde hace aproximadamente 50 años cuando, por ejemplo, se desencadenó un movimiento amplio en el magisterio canario para boicotear unas oposiciones de carácter centralista. El motivo que alentó tal rechazo fue que se preveía el desplazamiento del cuerpo docente canario por parte de personal docente de otros territorios del estado español, hechos que fueron comprobados en, noticias como la siguiente “Unos 60 maestros peninsulares desplazan a otros tantos lanzaroteños” en el periódico el Eco de Canarias en el año 1977.