Deuda privada, el gran problema

Ha quedado confirmado una vez más con la nacionalización parcial de Bankia: uno de los problemas económicos más graves de España está en la situación que atraviesan sus instituciones financieras, lastradas por el ladrillo y por el endeudamiento de familias y empresas. Y las recetas que se aplican son difíciles de entender por una ciudadanía que ve como el Gobierno de Rajoy elimina prestaciones sanitarias y educativas, sube impuestos, reduce la capacidad adquisitiva del conjunto de la población, afectando a los sectores más débiles, como jubilados o desempleados, al tiempo que sí dispone de dinero para salvar bancos en situación ruinosa. Socializan las pérdidas y privatizan los servicios.

Hay que decirlo de forma clara: es la enorme deuda privada el gran problema y no la pública, situada por debajo de la de otros países de nuestro entorno. La deuda pública española, del 68,5% a 31 de diciembre de 2011, es notablemente inferior a la de Alemania (81,2%,) Francia (85,8%) e Italia (120,1%), según los últimos datos aportados por Eurostat. EEUU supera el 110% y Japón el 200%. La de España estaba situada, en ese momento, un 21% por debajo de la media de la Eurozona, que alcanzaba el 87,4%.

La deuda privada es la suma de la deuda de los hogares, 82% del PIB, las sociedades no financieras (empresas), 134%, y las instituciones financieras, 102%, es decir supone el 318% del PIB español, 4,7 veces más que la pública que es, como decía, del 68,5%.

Burbuja inmobiliaria

Los bancos, de manera poco responsable, se metieron hasta el fondo en la burbuja inmobiliaria fomentada por los gobiernos de Aznar y continuado por los de Zapatero, en la década 97-2007, que es verdad que generó riqueza a corto plazo pero, por su fragilidad y por su carácter ficticio y económicamente insostenible, también cimentó sólidamente las condiciones para un terrible futuro de recesión y desempleo. De aquellos polvos de crecimiento acelerado sustentado en la edificación sin límites y la pura especulación, los pelotazos y la corrupción, estos lodos de derrumbe económico y de pérdida de millones de puestos de trabajo.

Los bancos prestaron mucho y sin medir los riesgos, y ahora, con buena parte de las empresas de construcción arruinadas o desaparecidas, con casi seis millones de parados, con significativas reducciones salariales (tanto en el sector privado como en el público) y con mucha gente en situación de pobreza, serán cada día más los que no puedan hacer frente a los préstamos y a las hipotecas. Consecuencia de esa implicación en la burbuja, los bancos españoles tienen ahora suelo y pisos a mansalva: más de 184.000 millones de euros en activos problemáticos y el resto, hasta 310.000, en créditos a la promoción de vivienda. Eso deja más que debilitados sus balances. Y los sumerge en un estado de inseguridad y de falta de confianza, así como de dificultades para refinanciarse.

Todo ese dislate se hizo con el visto bueno de organismos internacionales, agencias de calificación, gobiernos, bancos reguladores (el Banco de España, en nuestro caso) y la CNMV, y superando las entidades las 'pruebas de stress' a las que fueron sometidas.

En los últimos años hemos vivido un proceso acelerado que pretendía ordenar un sector muy tocado. Proceso del que forman parte el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. Un proceso de reordenación del sistema bancario español, que no tenía ni mucho menos la fortaleza de la que algunos presumieron, la instauración del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la inyección multimillonaria, mediante préstamos y avales, a los bancos.

Ya se han inyectado más de 115.000 millones en avales y ayudas a los bancos, con el PSOE; se les obligó en febrero a provisionar 54.000 millones de fondos propios para los activos problemáticos y ahora lo han ampliado a los créditos inmobiliarios no problemáticos, en torno a 30.000 millones más. Siendo esta la segunda reforma financiera de la era PP en apenas 120 días al frente del Gobierno.

El problema es que con una economía en recesión y el enorme paro, el riesgo no es solo del ladrillo, sino de multitud de empresas y particulares que están o estarán en situación de morosidad en otro tipo de créditos, entre ellos las hipotecas. Muchos no podrán pagar nunca. Y, por ello, las actuales medidas son parciales e insuficientes, y seguramente se planteará la necesidad de nuevas provisiones en relación con el resto de los créditos.

FROB

En el caso de Bankia (comandada por Cajamadrid y Bancaja, y en la que también se integró la Caja Insular de Ahorros) ha recibido más de 28.500 millones de euros en avales y otros 4.665 procedentes del FROB, además de 40.000 en créditos blandos (al 1% de interés) del Banco Central Europeo (BCE), en la denominada 'barra libre financiera' a la que no pudieron acudir ni empresas ni ciudadanos. Ahora, ante el peligro de derrumbe de la cuarta institución financiera española (tras de La Caixa, Santander y BBVA), el Estado entra en Bankia, con una nacionalización de facto, que supone que la ciudadanía asuma, una vez más, las pérdidas, porque es el dinero público el que salvará a la entidad; y que, una vez saneadas sus cuentas, volverá a ser privatizada.

No ha sido la primera, antes hubo intervención estatal en Caja Castilla La Mancha, Cajasur, Caja del Mediterráneo (CAM), Unnim, Catalunyacaixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia. Ni nadie puede garantizar que será la última, pues Bankia solamente representa una sexta parte de los activos tóxicos inmobiliarios de la banca española. Intervenciones y nacionalizaciones, préstamos y avales, que antes se produjeron en EEUU, Reino Unido o Bélgica y que aquí, con toda probabilidad, llegan tarde.

Este es el problema más grave, aunque se haya demonizado injustamente al sector público, cuando ha sido el neoliberalismo salvaje el que nos ha llevado a esta crisis que ha destruido ya más de 50 millones de puestos de trabajo.

Román Rodríguez

Ha quedado confirmado una vez más con la nacionalización parcial de Bankia: uno de los problemas económicos más graves de España está en la situación que atraviesan sus instituciones financieras, lastradas por el ladrillo y por el endeudamiento de familias y empresas. Y las recetas que se aplican son difíciles de entender por una ciudadanía que ve como el Gobierno de Rajoy elimina prestaciones sanitarias y educativas, sube impuestos, reduce la capacidad adquisitiva del conjunto de la población, afectando a los sectores más débiles, como jubilados o desempleados, al tiempo que sí dispone de dinero para salvar bancos en situación ruinosa. Socializan las pérdidas y privatizan los servicios.

Hay que decirlo de forma clara: es la enorme deuda privada el gran problema y no la pública, situada por debajo de la de otros países de nuestro entorno. La deuda pública española, del 68,5% a 31 de diciembre de 2011, es notablemente inferior a la de Alemania (81,2%,) Francia (85,8%) e Italia (120,1%), según los últimos datos aportados por Eurostat. EEUU supera el 110% y Japón el 200%. La de España estaba situada, en ese momento, un 21% por debajo de la media de la Eurozona, que alcanzaba el 87,4%.