¿Nos devoras otra vez?

En 1977 se creó dicho impuesto como “extraordinario” y como tal, con una duración de 30 años, que culminaría en 2007. Es evidente que el Estado con su recaudadora agencia tributaria pierde ingresos por ese concepto pero un análisis sosegado podría sugerir las siguientes reflexiones:

Los grandes patrimonios se las ingenian para crear sociedades, debidamente asesorados por magníficos expertos fiscales, algunos de ellos, ex inspectores de Hacienda que evitarían el pago de lo que les correspondería en orden a sus cuantiosos patrimonios de no mediar una sociedad creada para dicho fin.

El común de los españoles es quién realmente paga el impuesto sobre el patrimonio, la sufrida clase media y los económicamente más débiles.

Y si aún a estos técnicos les parece poco los gravámenes que sufre una propiedad patrimonial, mobiliaria o inmobiliaria, impuesto de bienes inmuebles (multiplique por treinta), edificios envejecidos que no dudan en asignarle un valor catastral sin tener en cuenta su antigüedad, ayer en privilegiada situación hoy en riscales, las inversiones para mantenerlos de manera digna y que se pueda vivir en ellos, aún les place imputar rentas esté como uso residencial o en precario, apaga y vámonos.

Tendremos que adoptar una nueva forma de vivir.

Este impuesto, al igual que el de sucesión fueron retirados, el primero “por extraordinario ”y tenía tiempo de caducidad (2007) y el segundo porque la transmisión de un bien que en su inmensa mayoría procede del ahorro y del trabajo no debe estar sujeta a una auténtica extorsión de los herederos que, en más de una ocasión, venderán el bien heredado para poder pagar el impuesto de sucesiones, además de los impuestos que a lo largo de tantos años ha tenido que soportar la propiedad en cuestión por parte del causante.

Esta voracidad recaudatoria cuyos ingresos se reparten de forma que me resulta poco comprensible, entre diecisiete comunidades autónomas, ahora diezmados por lo antedicho, ya me dirán en que se va a invertir, si en acciones sociales de ayudas a desempleados, excluidos y/o marginados sociales, en ayudas a mantener entidades financieras, llámese Bancos y Cajas o al pago de los exclusivos y excluyentes 420 euros prometidos por el gobierno de la nación española para un segmento de personas sin recursos.

¿Por qué en vez de tanto afán recaudatorio voraz no se ajusta el cinto cada comunidad autónoma, y el propio gobierno central, en cuanto a gasto público?

La regla es simple, si se recauda menos y es de soberana justicia que se retire el que fuera por su carácter temporal impuesto “extraordinario” del patrimonio y el sucesiones y donaciones (debería serlo a todos niveles de graduación familiar), gaste usted menos; el cómo hacerlo está en sus manos, Sr. Presidente del Gobierno de España, y en la de los que se reparten la tarta del Estado asignada por su gobierno.

Es una exigencia que gobierno y oposición traten este tema de forma rigurosa y se dejen de patalear en el gallinero de medios de comunicación afines.

Se acabó el chollo del Urbanismo, de la burbuja inmobiliaria. Use el menos común de los sentidos pero no nos devore otra vez.

Modifique la ley tributaria y no permita el escaqueo de las grandes fortunas; verá como quienes escriban este artículo será otros

Aprenderemos a vivir de alquiler en propiedades estatales con contratos a cincuenta o noventa años. No es nada nuevo, ya se hace en la cacareada Europa desde hace años.

Sr. Presidente Rodríguez Zapatero, le propongo que compre nuestras propiedades inmobiliarias en su justiprecio, conviértase en arrendador y nos las alquila a noventa años. El Estado paga sus propios impuestos extraídos de las rentas arrendaticias. A lo mejor hasta funciona.

Más impuestos, no.

Carlos Juma

En 1977 se creó dicho impuesto como “extraordinario” y como tal, con una duración de 30 años, que culminaría en 2007. Es evidente que el Estado con su recaudadora agencia tributaria pierde ingresos por ese concepto pero un análisis sosegado podría sugerir las siguientes reflexiones:

Los grandes patrimonios se las ingenian para crear sociedades, debidamente asesorados por magníficos expertos fiscales, algunos de ellos, ex inspectores de Hacienda que evitarían el pago de lo que les correspondería en orden a sus cuantiosos patrimonios de no mediar una sociedad creada para dicho fin.