De discrepancias y desarrollo

Para el periodista “en Gran Canaria se debaten permanentemente todas y cada una de las iniciativas que se ponen en marcha en todos los ámbitos. La relación de proyectos públicos y privados estancados por una u otra causa es enorme. Está paralizada la reconversión energética de Gran Canaria por la ubicación de la planta regasificadora. Está paralizado el desarrollo del Puerto de Arinaga, en el mismo paquete que el gas (...)”, y seguía poniendo los ejemplos de la paralización del Puerto de La Luz, las carreteras del norte, la carretera de La Aldea, la autopista hasta Mogán y el frente marítimo, todo ello por culpa de una clase política radicalizada, una clase empresarial dividida, una sociedad pasiva, una justicia politizada y de pequeños grupos ecologistas y vecinales que “se imponen al interés general”.

El pasado fin de semana, Sebastián Grisaleña, en una entrevista concedida a José Naranjo en La Provincia, venía a sostener una tesis parecida. Para el presidente de la CCE, en los últimos años “se ha parado la carretera de La Aldea, la del norte, el Puerto de Arinaga, el gas, el istmo, El Confital... Está todo parado (...) por culpa de los políticos, de intereses determinados y de algunos errores empresariales (...)”, mientras que sucede todo lo contrario, según él, en Tenerife : “chapeau por los vecinos de enfrente que van como una tralla, pero nosotros lo tenemos todo parado”.

Desde el respeto, la consideración y el afecto que tengo por el periodista y el empresario, debo decir que discrepo con rotundidad de las tesis que defienden, desde una doble vertiente.

En primer lugar no estoy de acuerdo con la afirmación de que en Tenerife no se cuestiona nada que tenga que ver con la obra pública o la iniciativa privada. Puedo desde luego citar infinitos ejemplos, pero permítanme que cite los más llamativos de hace muy poco tiempo y de ahora mismo. Recuerden que fue una movilización popular, a la que intentaron culpar de los efectos del Delta, la que consiguió parar el trazado de la red eléctrica de Vilaflor; más de cien mil ciudadanos salieron a la calle para protestar contra las obras del Puerto de Granadilla que aún no se han iniciado; el Ayuntamiento de Granadilla se opone a que se construya la central gasificadora en su municipio y exige que, como en Gran Canaria, se haga mar adentro. Por supuesto que tampoco se han iniciado las obras de la planta de gas ni se ha despejado la incógnita de la ubicación; el proyecto de Las Teresitas lleva camino de convertirse en el mayor escándalo urbanístico de Canarias, hoy en manos de la Justicia y con la espada de Damócles encima de políticos y empresarios tinerfeños; el anuncio de la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Los Rodeos ha empezado a movilizar a miles de ciudadanos y organizaciones políticas en su contra ; lo mismo sucede con la Vía Exterior de La Laguna, continuación de la Vía de Ronda, que arrasa la zona agrícola más importante del municipio conectando la autopista del norte con la del sur. Hace tiempo que está paralizada, tras un amplio movimiento ciudadano que pone banderas verdes en sus casas y en sus tierras; el Anillo Insular, que es una vía que pretende rodear toda la isla, tiene una enorme contestación igualmente, dado que pasa por zonas de gran interés ecológico; el desmantelamiento del Puerto de Santa Cruz ha provocado la creación de colectivos en defensa de este puerto y en contra del de Granadilla; el derribo del teatro Atlante en La Orotava, las expropiaciones de San Andrés, el Valle de Las Huertas y El Suculum, el campo de golf de Teno, el Malpaís de Güimar, las turbinas de Unelco en Chio, etcétera, son ejemplos precisos, claros, de que allí como aquí, también se critican grandes proyectos desarrollistas cuando menos cuestionables.

Por otra parte, bendita movilización ciudadana, benditas discrepancias políticas y benditas diferencias empresariales aquí y en Tenerife. No todo el monte puede ser orégano. Estamos en una democracia, nos protege un Estado de Derecho, vivimos en un territorio frágil y escaso y todo el debate se sustenta sobre un desarrollismo a ultranza que muy pocas veces se cimenta sobre las necesidades reales que demanda la sociedad canaria. Pero, en cualquier caso, ¿no es legítimo un debate social amplio y participativo que haga protagonista al ciudadano de su futuro? ¿No es más legítimo y democrático esto que el pacto de sangre de los empresarios, políticos y algunos medios de comunicación? ¿No se está denunciando desde amplios sectores el que se haya pervertido y desdibujado peligrosamente la frontera entre la política y los negocios? ¿No está acaso destinada la justicia a velar por la legalidad? ¿Por qué es malo que la justicia dirima aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de todos de la legalidad vigente al margen de que se sea político o empresario y de que la obra sea de mayor o menor interés?.

Afortunadamente, estamos en un sistema que permite las discrepancias y que debe velar porque podamos discrepar. No está en absoluto de más, todo lo contrario, que todos debamos opinar sobre la necesidad del gas o no; sobre la necesidad de que se construyan más pistas para el aeropuerto de Gando o no ; sobre qué modelo de desarrollo turístico queremos; sobre el modelo de crecimiento poblacional que necesitamos; sobre el territorio y el clima que les vamos a dejar a las generaciones que nos sucedan y no digamos sobre la necesidad de que la sociedad se implique en presionar para que aspectos tan determinantes para nuestro futuro y el de nuestros hijos como el de la sanidad, la educación, el empleo, los salarios y las pensiones, la igualdad de derechos y oportunidades..., por ejemplo, suplan al debate del cemento y el desarrollismo incontrolado.

Nunca es mucho la democracia. Ojalá tengamos siempre ciudadanos libres, organizaciones minoritarias o mayoritarias, instituciones sin compromisos espúreos que discrepen y lo defiendan públicamente. Que como ya sucedía en Roma defendamos sin cortapisas que la democracia sólo puede existir desde el equilibrio de fuerzas sociales y poderes políticos. No está de más que la democracia se cimente en una política de la virtud frente a una política del interés. Y, desde luego, seremos más ciudadanos cuanto más capacidad tengamos de ser parte activa de la comunidad en la que vivimos.

* Antonio Morales es alcalde del municipio grancanario de Agüimes.

Antonio Morales *

Para el periodista “en Gran Canaria se debaten permanentemente todas y cada una de las iniciativas que se ponen en marcha en todos los ámbitos. La relación de proyectos públicos y privados estancados por una u otra causa es enorme. Está paralizada la reconversión energética de Gran Canaria por la ubicación de la planta regasificadora. Está paralizado el desarrollo del Puerto de Arinaga, en el mismo paquete que el gas (...)”, y seguía poniendo los ejemplos de la paralización del Puerto de La Luz, las carreteras del norte, la carretera de La Aldea, la autopista hasta Mogán y el frente marítimo, todo ello por culpa de una clase política radicalizada, una clase empresarial dividida, una sociedad pasiva, una justicia politizada y de pequeños grupos ecologistas y vecinales que “se imponen al interés general”.

El pasado fin de semana, Sebastián Grisaleña, en una entrevista concedida a José Naranjo en La Provincia, venía a sostener una tesis parecida. Para el presidente de la CCE, en los últimos años “se ha parado la carretera de La Aldea, la del norte, el Puerto de Arinaga, el gas, el istmo, El Confital... Está todo parado (...) por culpa de los políticos, de intereses determinados y de algunos errores empresariales (...)”, mientras que sucede todo lo contrario, según él, en Tenerife : “chapeau por los vecinos de enfrente que van como una tralla, pero nosotros lo tenemos todo parado”.