Reforma Electoral: el impulso de Maspalomas por Vicente Mujica Moreno y José Marrero Henríquez (*)

A ese curso fue invitado Demócratas para el Cambio como foro ciudadano implicado en impulsar la reforma electoral, y también fueron invitados los expertos José Carballo Armas y José Manuel Rodríguez Álvarez, así como representantes de varios partidos políticos, José Miguel Jorge Blanco por el PP, José Alcaraz Abellán por el PSC-PSOE, Gonzalo Angulo González por CC, Segundo Martínez Vázquez por IUC, Marino Alduán Guerra por NC y Rafael Rodríguez Santana por Los Verdes.

Con mayor o menor convicción, con mejor o peor disposición, todos los representantes de los partidos políticos coincidieron en que algo habrá que cambiar de la actual ley electoral. A partir de ese punto de coincidencia inicial, el resto del curso puso en evidencia la gran divergencia de opiniones no sólo respecto a cuál debería ser el contenido de la reforma, sino también a la manera en que habría de llevarse a cabo, si a través de una ley del Parlamento, o por medio de una modificación estatutaria.

Lo importante de esa puesta en escena fue que gracias a la iniciativa de Santiago Hernández León, director de la Universidad de Verano de Maspalomas, y de Gregorio Rodríguez Herrera, director del curso en cuestión, se dio nuevo impulso a uno de los debates más trascendentes que tiene pendiente la sociedad canaria, decidir si quiere dar un paso hacia la libertad e igualdad en una auténtica democracia representativa o si se acomoda y adormece en la actual democracia deficitaria que los canarios soportan desde hace más de veinticinco años.

Los debates sobre la reforma de un sistema electoral entrañan exposiciones técnicas de expertos y discusiones de ciencia sociológica. Es importante que la claridad de los asuntos que se tratan se traslade a la ciudadanía y que ésta tenga un conocimiento fidedigno de cuál es la postura de cada fuerza política. Sin embargo, esa claridad peligra cuando las cuestiones en la palestra caen en el enredo propio de la dialéctica política entre partidos. No por ello se debe desatender el debate, sino muy al contrario, hay que esforzarse en desbrozar la paja del trigo pues en las democracias son los representantes políticos legalmente elegidos por los ciudadanos los que van a decidir sobre todo lo que a los ciudadanos preocupa día a día: su economía, su empleo, la educación de sus hijos o la asistencia sanitaria. Por tanto, debería exigirse a esos representantes que manifiesten con exactitud qué piensan de la reforma del sistema electoral pues cómo se elijan esos representantes es asunto de primordial resolución.

Es un hecho de claridad meridiana que Canarias tiene el peor sistema electoral de todo el Estado. Pero los canarios parecen no darse cuenta de ello y creen que lo que ocurre en Canarias es similar a lo que ocurre en el resto de España. No es así. Canarias tiene la peor democracia de todas las Comunidades Autónomas de España porque el sistema electoral canario es el peor sistema electoral del Estado, y así quedó expuesto tanto por los expertos que participaron en la Universidad de Verano de Maspalomas como en la intervención de Demócratas para el Cambio.

Los canarios tienen un instrumento muy malo para elegir a aquéllos que los van a representar y que en su nombre van a legislar y gobernar. En gran medida las deficiencias del Gobierno que a diario cualquier ciudadano puede observar son la consecuencia directa del pésimo sistema electoral canario. El sistema electoral adolece de proporcionalidad y ello conduce a crecientes índices de abstención en los comicios e indefectiblemente a la inhibición del control ciudadano de la actividad de los políticos y de la Administración.

Este Sistema Electoral fue pergeñado en 1982 por un partido político que ya no existe, UCD, y se aprobó junto al Estatuto por unanimidad de todas las fuerzas de entonces. Lo cierto es que aquel Estatuto tenía mucho de transitorio respecto a lo que atañe a su sistema electoral, pero en veinticinco años nuestros parlamentarios no han sido capaces de acometer la reforma necesaria que produjera una Ley Electoral justa. La única reforma que se hizo se realizó en 1996 y contribuyó a elevar aún más las barreras electorales --el 6 por ciento autonómico y el 30 por ciento insular actuales. Más que reforma, la de 1996 fue una contrarreforma. En 1982 se quiso insistir en la representación de territorios y no de ciudadanos en el naciente Parlamento. El 83 por ciento de la ciudadanía (Gran Canaria y Tenerife) tendría el 50 por ciento de los escaños, mientras que la población de islas no capitalinas con tan sólo el 17 por ciento tendría el otro 50 por ciento de la Cámara para decidir lo que se haría en Canarias. Y éste no es el único elemento nefasto. Se pretendió justificar lo bondadoso del Sistema Electoral Canario con el cuento de que se mantenían exquisitas triples paridades, pero eso sí, territoriales, no entre ciudadanos, pues, como ya Demócratas para el Cambio ha puesto de manifiesto en varios artículos, la única paridad real que existe es la que hay entre los tinerfeños y los grancanarios, infrarrepresentados en igual medida respecto al resto de islas con exagerada sobrerrepresentación (un voto en islas no capitalinas equivale a siete votos en las capitalinas, siendo su ejemplo más extremo el de El Hierro; un voto en El Hierro equivale a catorce votos en Gran Canaria o Tenerife). Por si fuera poco, no existe paridad entre los ciudadanos de la provincia oriental y de la provincia occidental (un voto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife equivale a 1,75 votos en la de Las Palmas). Estos son sólo algunos de los muchos déficits del sistema electoral canario, que es, con diferencia, el peor de la clase.

La Universidad de Verano de Maspalomas y los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria asistentes a la última mesa redonda del curso hicieron una propuesta excelente: crear un marco estable de debate que permitiera la participación no sólo de expertos académicos sino también de la sociedad a través de partidos políticos y de foros y asociaciones cívicas interesadas en la reforma electoral. Los representantes de las distintas formaciones políticas asintieron en Maspalomas a esta propuesta y Demócratas para el Cambio se sumó de manera entusiasta a la misma. A la espera de que se abra por fin la puerta a la reforma política más importante para Canarias, Demócratas para el Cambio anuncia que participará en esta iniciativa y que apoyará cualquiera otra que ponga en conocimiento de la ciudadanía las aberraciones del Sistema Electoral Canario y la necesidad de fortalecer la democracia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

(*) El presente artículo lo firman también Gloria Arteaga Ortíz, Manuel Roríguez González, José Brito López, Juan José Pons Bordes, Carlos Ostúa y la adhesión de doscientos treinta y nueve simpatizantes más.

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Vicente Mujica Moreno y José Marrero Henríquez (*)

A ese curso fue invitado Demócratas para el Cambio como foro ciudadano implicado en impulsar la reforma electoral, y también fueron invitados los expertos José Carballo Armas y José Manuel Rodríguez Álvarez, así como representantes de varios partidos políticos, José Miguel Jorge Blanco por el PP, José Alcaraz Abellán por el PSC-PSOE, Gonzalo Angulo González por CC, Segundo Martínez Vázquez por IUC, Marino Alduán Guerra por NC y Rafael Rodríguez Santana por Los Verdes.

Con mayor o menor convicción, con mejor o peor disposición, todos los representantes de los partidos políticos coincidieron en que algo habrá que cambiar de la actual ley electoral. A partir de ese punto de coincidencia inicial, el resto del curso puso en evidencia la gran divergencia de opiniones no sólo respecto a cuál debería ser el contenido de la reforma, sino también a la manera en que habría de llevarse a cabo, si a través de una ley del Parlamento, o por medio de una modificación estatutaria.