Esteban Bethencourt, un experto en dilaciones judiciales

El otro proyecto fue la construcción de una carretera desde el caserío de Taguluche al vecino barranco de Guariñén. Se proyectó como una pista agrícola y se pagó con fondos europeos, pero su finalidad no era facilitar el acceso a unos terrenos dedicados a la agricultura sino a una nueva urbanizacción turística. A pesar de ello, ni el cabido ni la consejería de Agricultura pusieron la más mínima objeción, a todos les pareció normal que los fondos agrícolas se destinen a proyectos inmobiliarios especulativos.

Pero volvieron a tropezar con la misma piedra, con la oposición frontal de los vecinos afectados y de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Como hacen habitualmente, ignoraron las protestas, construyeron la pista y, como tenían prisa, utilizaron como cantera el espacio protegido del Lomo de Carretón. Desde comienzos de 1998 se presentaron cinco escritos de denuncia a la Agencia de Protección del Medio Urbano y rural, dos escritos a la Unidad Ambiental de Cabildo Insular de La Gomera, un escrito al Patronato de Espacios Naturales Protegidos de la Isla, se solicitó una reunión con el Director General de Disciplina Urbanística, se levantó un acta notarial dando fe de la extracción de áridos y se presentó una denuncia penal. Ni el gobierno canario, ni el cabildo ni el ayuntamiento se dieron por aludidos, ninguno sabía nada: Ni se enteraron de la finalidad de la pista, ni se dieron cuenta, a pesar de las denuncias, que se estabas utilizando en su construcción materiales procedentes de un lugar protegido en una clarísima violación de la legislación ambiental. El ayuntamiento presidido por Esteban Bethencourt alegan que ellos no se enteraron, que ello no dieron autorización ni licencia (algo evidente: los ayuntamientos no tienen este tipo de competencias). Increíble, pero cierto.

Si escandalosa resulta la actuación de las instituciones canarias y de los partidos que la sustentan, no menos es lo ocurrido en su larga trayectoria por los juzgados. Transcurridos trece años de la denuncia aún no se ha abierto juicio oral. En el año 2003, el juez de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera Luis M. Arroyo dirigió un escrito al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial en el que se quejaba del retraso injustificado de la fiscalía pues tardó más de diez meses en remitir el escrito de acusación. En agosto de ese año la fiscal Mª Francisca Sánchez pidió al Juzgado de Instrucción de La Gomera la apertura del juicio oral. Sorprendentemente el único acusado de un delito contra los recursos naturales y medio ambiente del art. 325 del código penal es el constructor. Los políticos, como el entonces alcalde de Valle Grqan Rey solo los citan como testigo. Son unos testigos muy peculiares pues, a pesar de estar legalmente obligados, no se enteraron del desaguisado del constructor, como si ellos fueran ciegos, sordos y mudos.

De hecho, fue un juez el que se enteró de las denuncias y ordenó la paralización en julio de 1998. Los retrasos no terminaron, en julio del 2005 la Audiencia Provincial desestimó el recurso de nulidad de las actuaciones interpuesto por el constructor imputado y por el contrario aceptó el recurso de la denunciante ante la no presentación de sus escritos por el procurador, pero habrá que esperar hasta el año actual para que se proceda a la apertura del juicio oral.

El abogado de la denunciante del caso presentó en marzo de este año el escrito de acusación. Sus conclusiones coinciden con las de la fiscalía, pero difieren en el número de responsables. Además del constructor, se acusa a los entonces alcalde y teniente de alcalde, Esteban Bethencourt y Eustaquio Dorta, de ser quienes indicaron al constructor que utilizara un espacio natural protegido como cantera para la pista “agrícola”. El impacto sobre este Monumento Natural y Área de Sensibilidad ecológica fue muy significativo: hasta su paralización por el auto del juez se extrajeron 5.200 m3 de material sin que nadie se enterase en el ayuntamiento, ni en el cabildo ni en el gobierno. Increíble, pero eso es lo que alegan.

Los hechos vuelven a demostrar la falsedad de de los discursos de los responsables de las instituciones gomeras y dejan claro el régimen caciquil implantado en la Isla por el PSOE y Coalición Canaria. Esteban Bethencourt ha cambiado de ideología con la misma facilidad con la que se cambia de chaqueta, pues ha pasado de ser el máximo representante del nacionalismo en la Isla a líder del partido conservador. Casimiro Curbelo, que ostenta el récord del pluriempleo político, ha demostrado en su inacabable mandato que los escrúpulos éticos o las resoluciones de su partido no tienen cabida en su cacicato. Su utilización de un tránsfuga para controlar la alcaldía de Valle Gran Rey no es un hecho aislado en su trayectoria, es solo un ejemplo de lo lejos que están sus discursos de los hechos. Pero también vuelven a poner en evidencia el deficiente funcionamiento de la Justicia, han pasado muchos años desde que se puso la denuncia y todavía no hay fecha para el juicio oral. ¿Quiénes son los responsables de la dilación del proceso? ¿Porqué los organismo públicos responsables no actuaron ante las denuncias escritas y tuvo que paralizar las extracciones un juez? ¿Porqué la fiscalía solo pide el procesamiento del constructor e ignora las responsabilidades de los cargos públicos?

Aunque tarde, esperemos que en el juicio oral se aclaren los muchos interrogantes que rodean este asunto.

Eustaquio Villalba

El otro proyecto fue la construcción de una carretera desde el caserío de Taguluche al vecino barranco de Guariñén. Se proyectó como una pista agrícola y se pagó con fondos europeos, pero su finalidad no era facilitar el acceso a unos terrenos dedicados a la agricultura sino a una nueva urbanizacción turística. A pesar de ello, ni el cabido ni la consejería de Agricultura pusieron la más mínima objeción, a todos les pareció normal que los fondos agrícolas se destinen a proyectos inmobiliarios especulativos.

Pero volvieron a tropezar con la misma piedra, con la oposición frontal de los vecinos afectados y de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Como hacen habitualmente, ignoraron las protestas, construyeron la pista y, como tenían prisa, utilizaron como cantera el espacio protegido del Lomo de Carretón. Desde comienzos de 1998 se presentaron cinco escritos de denuncia a la Agencia de Protección del Medio Urbano y rural, dos escritos a la Unidad Ambiental de Cabildo Insular de La Gomera, un escrito al Patronato de Espacios Naturales Protegidos de la Isla, se solicitó una reunión con el Director General de Disciplina Urbanística, se levantó un acta notarial dando fe de la extracción de áridos y se presentó una denuncia penal. Ni el gobierno canario, ni el cabildo ni el ayuntamiento se dieron por aludidos, ninguno sabía nada: Ni se enteraron de la finalidad de la pista, ni se dieron cuenta, a pesar de las denuncias, que se estabas utilizando en su construcción materiales procedentes de un lugar protegido en una clarísima violación de la legislación ambiental. El ayuntamiento presidido por Esteban Bethencourt alegan que ellos no se enteraron, que ello no dieron autorización ni licencia (algo evidente: los ayuntamientos no tienen este tipo de competencias). Increíble, pero cierto.