Financiación, un fracaso sin paliativos

Es un sistema injusto para Canarias y negociado por parte del Gobierno central más para mejorar las comunidades autónomas gobernadas por su partido y para lograr su estabilidad parlamentaria que pensando en una financiación equitativa. A la bolsa consolidada de 114.500 millones se le añaden ahora 11.000, que se han repartido a la carta sobre la base de criterios políticos como bilingüismo, personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación o población juvenil. Ahí está el caso de Cataluña, que con el 16% de población se lleva el 35%; o Baleares, que con el 2,4% de la población recibe nada menos que 500 millones más, el 4,5% de los nuevos recursos distribuidos por el Estado, y se acerca a la media en financiación per cápita respecto al anterior sistema; al contrario que Canarias, que se aleja: de los 125.500 millones globales del sistema nosotros vamos a estar 250 euros por persona y año por debajo de la media, según reconoce el consejero Soria, y eso supone una pérdida de 500 millones de euros al año.

El nuevo sistema toma como referencia la población de las CCAA afectadas a fecha 1 de enero de 2007, en nuestro caso 2.025.951 habitantes. Con la información transmitida por el Gobierno canario, el Archipiélago recibirá de los recursos adicionales 280 millones en 2009, 320 en 2010, 360 en 2011 y 400 en 2012. A Canarias, que representa el 4,8% de la población de las CCAA de régimen común, le corresponderían 528 millones en 2012 de los 11.000 de recursos adicionales a distribuir. Pero el nuevo sistema de financiación sólo le ingresará 400 millones en 2012, es decir, el 3,6% de los recursos a repartir.

Cuando se inició el actual modelo, en 2002, Canarias estaba en la media de financiación por habitante, con una financiación per cápita del 100,4%, por encima de la media (100). El incremento poblacional de Canarias generó mayores necesidades de gasto que el sistema no previó ni se contemplaron en sus normas de evolución. Esto ha hecho que la financiación per cápita del Archipiélago haya terminado cayendo de forma cada vez más significativa por debajo de esa media en años sucesivos, en torno al 95%, y se suponía que el nuevo sistema debía corregir este desfase, y no sólo no lo hace sino que lo empeora sustancialmente, colocándonos en el 92%, ocho puntos por debajo. El nuevo sistema, por tanto, acentúa negativamente las diferencias en perjuicio del Archipiélago. Esto refleja el fracaso sin paliativos del Gobierno canario en la negociación de la nueva financiación y la distribución injusta del nuevo sistema que ha aprobado el Gobierno central.

Déficit histórico, ahora sí. Rivero y Soria, tras hacer reclamaciones demagógicas e irresponsables de que iban a exigir el abono de la deuda histórica por el déficit del vigente sistema de financiación que estimaron en 4.000 millones (500 por año), han firmado un pésimo acuerdo que va a generar, este sí, 500 millones de déficit anuales respecto a la media. No consiguen un euro de la deuda histórica y la generan con este impresentable acuerdo que hipoteca la financiación de los servicios públicos esenciales y el ejercicio del resto de las competencias de Canarias para, al menos, los próximos 10 años; y que ambos bendicen, por puro interés partidista de ATI-CC, y para que no lo echen del Gobierno, en el caso de Soria.

Recordemos la cumbre de agentes económicos y sociales que montó Rivero para denunciar el “sablazo” a Canarias que en su opinión suponían los Presupuestos del Estado para 2008 porque las inversiones no alcanzaban la media estatal; recurriendo incluso al Constitucional. Y ahora, a un asunto más trascendente, donde nos alejamos de la convergencia con la financiación media por habitante, le dan el visto bueno. Si a los que apoyamos esos Presupuestos 2008, porque convergíamos hacia la media en la inversión para las Islas, se nos llamó “traidores a Canarias”, como hicieron con Mardones y conmigo, ¿qué calificativo debemos usar para los firmantes de este dislate?

El Gobierno pretende enmascarar este fracaso mezclando la financiación autonómica con la eliminación gradual de la retención que hace el Estado del extinto ITE. Son temas diferentes: los importes de la reducción de la retención del ITE no son para financiar a la Comunidad Autónoma puesto que esta retención tiene su origen en la desaparición del ITE, que era un impuesto estatal, y su sustitución por el IGIC que es un tributo del REF cuyos rendimientos se distribuyen entre Comunidad Autónoma y corporaciones locales. De hecho, los importes que se pudieran conseguir por la reducción de la retención del ITE no son para financiar a la Comunidad Autónoma pues al menos el 58% son de titularidad de cabildos y ayuntamientos y, en todo caso, sólo el 42% correspondería a la administración autonómica.

No comparto los argumentos utilizados por los dirigentes del PSC-PSOE para justificar el acuerdo. No se puede ocultar que Canarias recibe un trato injusto que va a perjudicar los servicios públicos que reciben sus habitantes aduciendo “la mala gestión de los recursos que realiza el Gobierno canario”. Aunque esto es así, es igualmente cierto que la nueva financiación no se sustenta en criterios objetivos de búsqueda de la equidad y la suficiencia financiera para todas la comunidades, sino que se han aplicado criterios políticos; y que lo aprobado no se corresponde ni de lejos con lo que precisa nuestra tierra y supone un evidente maltrato a Canarias por parte del Estado. Un maltrato admitido sumisamente por el Gobierno de Canarias. El “sí crítico” que Rivero ha dado a una financiación por completo rechazable, supone claudicar de lo que ha defendido hasta ayer mismo el Ejecutivo y evidencia su absoluto fracaso en la estrategia negociadora. Justo en mitad de la legislatura, el Gobierno de ATI-CC y el PP ha consumado el mayor de sus fiascos que, desafortunadamente, pagaremos todos los canarios en la próxima década.

*Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez *

Es un sistema injusto para Canarias y negociado por parte del Gobierno central más para mejorar las comunidades autónomas gobernadas por su partido y para lograr su estabilidad parlamentaria que pensando en una financiación equitativa. A la bolsa consolidada de 114.500 millones se le añaden ahora 11.000, que se han repartido a la carta sobre la base de criterios políticos como bilingüismo, personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación o población juvenil. Ahí está el caso de Cataluña, que con el 16% de población se lleva el 35%; o Baleares, que con el 2,4% de la población recibe nada menos que 500 millones más, el 4,5% de los nuevos recursos distribuidos por el Estado, y se acerca a la media en financiación per cápita respecto al anterior sistema; al contrario que Canarias, que se aleja: de los 125.500 millones globales del sistema nosotros vamos a estar 250 euros por persona y año por debajo de la media, según reconoce el consejero Soria, y eso supone una pérdida de 500 millones de euros al año.

El nuevo sistema toma como referencia la población de las CCAA afectadas a fecha 1 de enero de 2007, en nuestro caso 2.025.951 habitantes. Con la información transmitida por el Gobierno canario, el Archipiélago recibirá de los recursos adicionales 280 millones en 2009, 320 en 2010, 360 en 2011 y 400 en 2012. A Canarias, que representa el 4,8% de la población de las CCAA de régimen común, le corresponderían 528 millones en 2012 de los 11.000 de recursos adicionales a distribuir. Pero el nuevo sistema de financiación sólo le ingresará 400 millones en 2012, es decir, el 3,6% de los recursos a repartir.