65 horas

Una propuesta que ha encontrado el frontal rechazo de las organizaciones sindicales, de sectores empresariales y de la mayoría de los partidos políticos, con la excepción del PP, cuyo portavoz de Empleo, José Ignacio Echániz, indicó que España está lejos de las 65 horas semanales porque la ley establece 40 y la realidad es que “se trabaja una media de 37 o 38 horas a la semana”. El posicionamiento conservador coincide en buena medida con la Comisión Europea, que mostró su satisfacción por el acuerdo, arguyendo que supone un paso adelante para los trabajadores y refuerza el diálogo social.

Este proyecto de modificación de las actuales condiciones laborales ha sido impulsado inicialmente por Reino Unido y Alemania, y ha encontrado apoyo en Francia e Italia, que viven una auténtica marea conservadora tras la elección de Sarkozy y Berlusconi. Y a la que España se opuso, eso sí con una tímida abstención, señalando el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que esperan enmendar la plana en su tramitación y debate en el Parlamento europeo, calificando la medida de “retroceso en la agenda social”.

Se trata de una medida que sólo puede ser calificada de auténtico y grave retroceso social. Por mucho que se empeñen en maquillarla, en tratar de convencer a la opinión pública de que está orientada a aumentar la producción y la competitividad de la vieja Europa, en la práctica supondrá, de aprobarse definitivamente por el Parlamento europeo en sus actuales términos, dar la espalda a los logros sociales alcanzados a lo largo del siglo XX, especialmente a los derechos conquistados por los trabajadores, tras largas y duras confrontaciones.

Polémica

Por lo publicado estos días, la mayoría de los Estados miembros quieren aprobar la polémica norma para resolver los problemas que plantean en sus legislaciones la realización de las guardias en el sector sanitario. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado en distintas ocasiones que los periodos inactivos de las guardias deben considerarse como tiempo de trabajo, y la directiva se reforma precisamente para tratar de evitar los elevados costes que tendría la aplicación de estas sentencias.

Señalan sus defensores que no se trata de una imposición, sino que, por el contrario, la normativa exige el acuerdo previo entre trabajador y empresario. Endeble argumento. Ni siquiera válido en tiempos de bonanza económica, pero aún menos en tiempos de desaceleración económica y pérdida de empleos. ¿Qué trabajador se negaría a 'acordar' ese incremento en el número de horas en momentos de enorme precariedad? ¿Cuáles serían sus consecuencias inmediatas?

Son varias las aristas de este endurecimiento de las condiciones de trabajo, que nos alejan de los objetivos de la consecución de una Europa social y que muestran, al tiempo, el perfil más duro y descarnado del liberalismo y el conservadurismo a ultranza. Por un lado, porque lejos de ayudar a combatir el paro, lejos de aquella vieja consigna “trabajar menos, para trabajar todos”, la brutal ampliación de los horarios laborales que se propone hará que se precise de mucha menos mano de obra. Se necesitarían menos empleados para realizar el mismo trabajo, empeorando las condiciones sociales ya de por sí bastante graves, en el caso canario, en una situación de subida del desempleo, continuo encarecimiento de la cesta de la compra, aumento progresivo y constante de los costes de las hipotecas y salarios privados muy por debajo de la media estatal.

Vida familiar

Por otro, porque es incoherente con el espíritu de la Unión Europa y con la propia evolución de las sociedades avanzadas en las que se procura la conciliación de la vida laboral y familiar, algo del todo imposible en el caso de aprobarse esta iniciativa. Si de ya de por sí es difícil en las actuales circunstancias para muchas familias compartir tiempos de calidad con sus hijos e hijas, la nueva normativa lo impediría de forma absoluta; y todo ello, cuando los expertos sociales consideran la relevancia de esa conciliación clave para las jóvenes generaciones y para un desarrollo social armónico.

Esta medida ha sido defendida por los sectores más conservadores aprovechando la coyuntura de crisis económica. Una crisis financiera, alimentaria y petrolera artificial y estimulada por el ultraliberalismo salvaje, y justamente las que lo provocan son los que se benefician. Se inscribe dentro del giro hacia el conservadurismo que está dando Europa, especialmente países que han sido cuna de los avances sociales, como Francia y Holanda, algo que se evidencia en el endurecimiento de las medidas de control de la inmigración irregular y en el aumento de la jornada laboral.

Creo que es preciso caminar por otra vía, aprovechando los adelantos tecnológicos para avanzar también socialmente, facilitando combinar el trabajo con la vida familiar y el ocio, incorporando más gente al mundo laboral y evitando sociales duales con elevados porcentajes de personas al margen del empleo, el principal elemento de integración social; y para ello es preciso combatir la actual ola neoliberal que con el pretexto de una presunta modernidad nos devuelve al siglo XIX.

*Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez*

Una propuesta que ha encontrado el frontal rechazo de las organizaciones sindicales, de sectores empresariales y de la mayoría de los partidos políticos, con la excepción del PP, cuyo portavoz de Empleo, José Ignacio Echániz, indicó que España está lejos de las 65 horas semanales porque la ley establece 40 y la realidad es que “se trabaja una media de 37 o 38 horas a la semana”. El posicionamiento conservador coincide en buena medida con la Comisión Europea, que mostró su satisfacción por el acuerdo, arguyendo que supone un paso adelante para los trabajadores y refuerza el diálogo social.

Este proyecto de modificación de las actuales condiciones laborales ha sido impulsado inicialmente por Reino Unido y Alemania, y ha encontrado apoyo en Francia e Italia, que viven una auténtica marea conservadora tras la elección de Sarkozy y Berlusconi. Y a la que España se opuso, eso sí con una tímida abstención, señalando el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que esperan enmendar la plana en su tramitación y debate en el Parlamento europeo, calificando la medida de “retroceso en la agenda social”.