Un impuesto a los beneficios extraordinarios, es de patriotas

El debate del Estado de la Nación, el primero después de siete años, nos ha dejado muchos chascarrillos, sobreactuaciones y réplicas escritas desde casa que nada tenían que ver con el debate en sí. Pero, además, evidenció un posicionamiento de la derecha española que ya ni se molestan en disimular; su apoyo a ultranza y defensa sin tapujos de los intereses de las grandes corporaciones y lobbies que aprovechan para especular en un momento de incertidumbre como el que vivimos.

Ya lo hicieron no apoyando el real decreto-ley para reducir el IVA desde el 21% al 10% que benefició a los consumidores, votando en contra de la reforma laboral que ha estabilizado la vida a millones de trabajadores y no apoyando, tampoco, el anuncio de medidas fiscales sobre los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas eléctricas que servirá para garantizar el Estado del Bienestar.

Un posicionamiento neoliberal que enmascaran con bajadas de impuestos que deterioran los servicios públicos y pone el punto de mira en los trabajadores y las clases populares, como objetivos prioritarios a quienes hacerles recaer la culpa de la crisis. 

Y todo ello lo acompañan con una suerte de fuegos artificiales mediáticos de exageradas respuestas y acusaciones de apocalipsis económico e infierno fiscal, como mantra para evitar que nuestro país pueda contar, de forma permanente, con los recursos necesarios para hacer políticas públicas que generen comunidad y conciencia pública. En eso, el viejo PP de Feijoó no ha cambiado nada con respecto al anterior nuevo PP de Casado. 

Sin embargo, todas esas medidas aplicadas por el gobierno, responden al sentido común y a un posicionamiento firme y decidido desde Europa. En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que no es precisamente un marxista, defendió el pasado mes de mayo la adopción de medidas como los “impuestos a los beneficios caídos del cielo” para mitigar los “inusuales altos precios” que están pagando los consumidores en su factura eléctrica.

El Gobierno británico aprobó, ese mismo mes, un impuesto del 25% a los productores de gas y petróleo y que recaudaría en torno a 5.000 millones de libras (aproximadamente unos 6.900 millones de euros al cambio actual) en los próximos 12 meses.

En esta misma línea, el Ejecutivo italiano ya aprobó el pasado mes de enero un impuesto a los beneficios obtenidos por las empresas de la producción eléctrica, situando su gravamen, también, en el 25% y con el objetivo de recaudar un total de 11.000 millones de euros a través de este tributo.

A principios de junio el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, anunció la entrada en vigor de un impuesto del 25% a los “beneficios caídos del cielo” que afectaría al sector energético, de banca y de telecomunicaciones del país. Y el pasado mes de octubre de 2021, el Gobierno búlgaro aprobó un impuesto a los beneficios generados por las compañías eléctricas que supondrían 225 millones de euros de ingresos para el Estado.

Siendo así la realidad de lo que nos rodea, la pregunta que me hago es ¿Por qué tanto interés de la derecha en que las medidas sociales no salgan adelante? Porque, claro, si no se redistribuye de manera equitativa la carga de la crisis en forma de impuestos, las clases más populares no podrán afrontar, ni siquiera, sus necesidades más básicas, y eso pondría en riesgo la paz social y generar un estallido social de dimensiones imprevisibles. Y ningún patriota quiere eso ¿Verdad? ¿O sí? 

Será interesante escuchar a los dirigentes del PP, desde el Congreso hasta el pueblo más pequeño de nuestro país, defender que las eléctricas y los bancos no paguen más impuestos para que sus vecinos tengan un mayor y mejor escudo social contra la crisis.

El debate del Estado de la Nación, el primero después de siete años, nos ha dejado muchos chascarrillos, sobreactuaciones y réplicas escritas desde casa que nada tenían que ver con el debate en sí. Pero, además, evidenció un posicionamiento de la derecha española que ya ni se molestan en disimular; su apoyo a ultranza y defensa sin tapujos de los intereses de las grandes corporaciones y lobbies que aprovechan para especular en un momento de incertidumbre como el que vivimos.

Ya lo hicieron no apoyando el real decreto-ley para reducir el IVA desde el 21% al 10% que benefició a los consumidores, votando en contra de la reforma laboral que ha estabilizado la vida a millones de trabajadores y no apoyando, tampoco, el anuncio de medidas fiscales sobre los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas eléctricas que servirá para garantizar el Estado del Bienestar.