Espacio de opinión de Canarias Ahora
(Algunos) jueces al asalto
Son algunos. Bien es verdad que representan a una judicatura cuya composición sociológica es mayoritariamente conservadora, pero cuyos integrantes cumplen por lo general honesta, imparcial y solventemente su primordial papel en el Estado democrático de Derecho.
Pero los que están ¿podré decir “concertados”? en la vasta operación contra el Gobierno alentada por tierra, mar y aire por todo el stablishement y los poderes fácticos del conservadurismo español en su peor versión, están estratégicamente situados en la estructura judicial. Y, por lo a que se ve, dispuestos a todo.
Tienen esa colocación privilegiada por el cuasi monopolio debido al secuestro del Consejo General del Poder Judicial por parte de la derecha durante la mayor parte del último cuarto de siglo, mediante un bloqueo contra-Constitutionem de su renovación, utilizando fraudulentamente la exigencia de mayorías cualificadas, cuya introducción en la Norma Fundamental tenía como finalidad arropar con amplio consenso la designación de quienes iban a dirigir al Poder Judicial y a efectuar discrecionalmente el nombramiento de los titulares de los principales órganos judiciales. En particular, de la Sala II del Tribunal Supremo.
Y, en mi opinión, es clave la sensación absoluta de impunidad de unos jueces que saben muy bien la importancia del corporativismo judicial. Saben que serán investigados y juzgados por sus propios compañeros de gremio. Y, en particular, por quienes han sido designados igual de discrecionalmente que ellos mismos. Y, con el carácter “vitalicio”, que es premisa de la inamovilidad y, por tanto, de la independencia de los jueces. Y por las mismas mayorías de un Consejo General del Poder Judicial durante tanto tiempo controlado por la derecha.
Leer el auto del juez Hurtado reafirmando la condición de imputado del fiscal general del Estado y citándole a declarar como tal en el caso que ustedes ya saben, me ha dejado indignado como “persona humana” -que diría Juan Luis Calero- y como jurista. De la ultraperiferia, pero jurista al fin y al cabo.
El magistrado se cura hasta dos veces en salud subrayando que la Sala Segunda, presidida por S.M. el juez Marchena, ya había considerado la imputación de la fiscal jefe provincial de Madrid y del fiscal general del Estado, apreciando “indicios de criminalidad” en el comportamiento de ambos fiscales, y que “ello se hizo sin haberse practicado las diligencias” que el propio juez Hurtado ha venido practicando desde que se hizo cargo de la investigación de este asunto. Como diciendo: tengo las espaldas guardadas (por la Sala II) para lo que haga falta. Que si a estas alturas del camino no hubieran aparecido indicios suficientes, mucho menos los había cuando la Sala II acordó entrar a saco en esta historia.
Todo el auto, sus relatos y sus consideraciones están elaborados a partir de una arbitrariedad y de una parcialidad aterradoras: el juez prescinde absolutamente de las circunstancias en las que se produjo lo que él mismo califica de una concertación, “de manera coordinada… para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano”: oculta que las actuaciones que se atribuyen a los tres fiscales investigados tenían como finalidad palpable la defensa de la Fiscalía como institución, “cuya actuación es impecable y hay que defenderla” en todo el caso de delito fiscal protagonizado por el tal González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, frente a las maledicencias y falsedades del jefe de Gabinete de Ayuso: el inefable Miguel Ángel Rodríguez, actor estelar de toda esta historia.
Y esa defensa, que es un deber de los miembros de la Fiscalía y especialmente del fiscal general, opera a simple vista como una causa de justificación y excluye toda intencionalidad delictiva, también a simple vista. Pero el Instructor corre toda una cortina interesadamente sobre las circunstancias reales, y sus efectos jurídicos, que han rodeado los hechos.
El eximio juez Hurtado que se olvida de gran parte de la realidad del los hechos, se deleita empleando en su relato las inferencias que le vienen en gana: “Sólo se entienden en el contexto de una operación coordinada” entre los fiscales investigados, (que ya son tres), o “solo se entienden en el contexto de una operación coordinada, propia de una labor de equipo”.
El descaro con el que despacha la declaración de los testigos periodistas (y en realidad prima la del tal Miguel Ángel Rodríguez, creador y distribuidor de las insidias contra la Fiscalía General en el caso “rey consorte” de la Comunidad de Madrid) es simplemente obsceno: “Dos de los testigos que declararon han mantenido haber tenido conocimiento del correo de 2 de febrero de 2024 con anterioridad a las 21:59 horas, pero se trata de testimonios que no aportan datos objetivos”.
El Juez Hurtado podrá diseccionar la realidad con toda la arbitrariedad y el sentido de impunidad que le apetezcan, pero yo no dispuesto a tragármelo. Y supongo que muchos ciudadanos, tampoco. Y por eso no puedo dejar de tomar en cuenta que, desde que se ha dado a conocer al Auto manteniendo la imputación de los fiscales, Miguel Ángel Rodríguez -no sé si con unas copitas de más o por un ansia enfermiza de protagonismo- sentenció que “el fiscal general del Estado y otros muchos amiguitos… van a ir pa´dentro!!!”. Con la misma seguridad con la que en su día anunció que esta investigación al fiscal general iba a “ir pa´lante!
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
Vergonzoso, indignante, pavoroso: simplemente, una caterva de jueces conservadores empleándose a fondo, con una actitud claramente protogolpista, contra el Gobierno legítimo.
Posdata.- Cuando entre los apoyos parlamentarios para la investidura de Pedro Sánchez figuraron los diputados de los grupos de Junts y de Esquerra, entonces eran los “golpistas” de la independencia catalana, “socios de Sánchez”. Y cuando un tipo como Feijóo les ofrece una moción de censura parlamentaria para destituir al presidente e investir al propio amigo del narco, ¿entonces qué?: o ya no son golpistas o sólo lo son y, además, “socios” si invisten a Sánchez; pero sólo extras cinematográficos si lo destituyen en la misma y única votación en la que invisten a Feijóo. Agur.
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