El juego del Ayuntamiento con los opositores

El paro, por mucho que los políticos intenten maquillar los datos, no mejora. Los celebrados descensos se falsean gracias a la estampida de inmigrantes retornados, sumado a los emigrantes propios, ya expatriados. Junto a otras técnicas deshonestas para reducir la lista, como el dar de baja a los desempleados que están asistiendo a cursos porque entenderán ellos que, “el saber”, da de comer, cotiza y paga hipotecas. Por no hablar de aquellos parados que han desistido en su empeño de renovar una demanda de empleo que parece no llevar a nada, borrando de las listas su nombre pero no su situación. Por eso no sorprende que convocatorias públicas para elaborar bolsas de empleo con interinos (interinos, que no funcionarios de carrera), sean demandadas masivamente. La gente se agarra a lo que sea y desembolsa una tasa, de entre 8 y 15 euros, por participar en una prueba que, en el mejor de los casos, le consiga un contrato de un par de meses en una Administración Pública.

Esta iniciativa, además, es muy jugosa para sus organizadores. Calculen ustedes en base a la última, realizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 2.496 personas convocadas, a 8.67 euros la inscripción, dan unos 21.640 euros con los que hacer caja. Si la mal llamada ‘Ley de Transparencia’ cumpliera su función, sabríamos a qué fin se dedican estas recaudaciones tan de moda entre los distintos ayuntamientos de la isla, pero dudo mucho que destinen a ayudas sociales o subsidios, ni tan siquiera el sueldo de los empleados temporales resultantes.

Recordemos que no se adjudican plazas, son sustituciones, de modo que no hay un número exacto que cubrir pero el Consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Juan José Martínez, se muestra optimista: “calculamos que serán 8 ó 10”, comenta en el telediario. Dada la competencia, es como ganar la lotería pero atendiendo al premio, se queda en rifa de barrio. La disputa es masiva porque la gente está desesperada y la Administración se aprovecha: ¡hagamos negocio! Si quieren trabajar, con una probabilidad de lotería, pasen por caja.

“Igualdad, mérito y capacidad” es el lema de las convocatorias públicas. Muy bonito sobre el papel pero humo en la realidad imperante. La oposición para el Ayuntamiento da buena muestra de ello. La misma, se basa en dos pruebas: un test de 50 preguntas y, superado éste, un supuesto práctico. Los temas versan sobre leyes, en su mayoría; leyes compuestas de capítulos, títulos, disposiciones adiciones, disposiciones transitorias y finales, desglosadas a su vez en artículos. Lo fundamental de éstas, es su contenido, ya que su orden y correlación importan a nivel representativo, es una forma de esquematizar el compendio con cierta lógica, aunque dejando a libre designación del legislador, el otorgar el número 125 ó 126 a la materia que toque. Es resaltable porque, sabiendo esto, a nadie se le ocurre versar un examen sobre la numeración de artículos, pues qué más dará el lugar que ocupen. Más en los tiempos de Google, donde una consulta de este tipo, dura unos segundos. Bien es cierto que hay artículos importantes, por así decirlo, que son constantemente referenciados a lo largo de una ley concreta, ocurriendo que, a fuerza de repetición, se memorizan. Por tanto, podría ser comprensible que, de recurrir a una pregunta así, ésta se ciña a los artículos mentados. Eso si partimos del sentido común y, sobre todo, del conocimiento. Lástima que el buen hacer y el discernimiento escaseen. De ahí que en una oposición tan importante como la del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se haya dedicado un 25% del examen a preguntas sobre numeración. Inaudito, lo nunca visto. Como siempre en Canarias, innovando en regresión.

Eso sólo por matizar lo que resulta, inmediatamente más indignante, ya que también hay otras preguntas cuyos enunciados no son claros y algunas que quedan a “fantasía” del creador, cuando lo legal es ajustarse, literalmente, a lo dispuesto en la ley. El creador, por cierto, se llama Innocan. La susodicha empresa, autoproclamada como TIC (tecnología de la información y la comunicación), dice desarrollar ‘aplicaciones con tecnología propia, basadas en tratamientos de datos e imágenes’, en una web que ni siquiera tiene dominio propio (tira de Wordpress gratuito) y ni se molesta en que sus enlaces funcionen (están vacíos) o en aplicar una plantilla ‘responsive’ (adaptable a las distintas pantallas: ordenador, móvil, tablet…). Esto, al menos, es lo que se encuentra uno en el primer resultado que arrojan los buscadores; como carta de presentación para una empresa tecnológica, deja mucho que desear. Es como ir a la peluquera y ver que tiene el pelo quemado, mucha confianza no da...

Con este conocimiento de antemano, no sorprende el desastroso examen presentado ante miles de personas, donde resultaba evidente que no existía un dominio de la materia. La muestra no reflejaba adecuadamente el temario propuesto, ya que hubo temas que directamente no aparecían en el repertorio de preguntas. Además del patrón elegido, que fundamentó una cuarta parte del mismo, en cuestiones relacionadas con la numeración de artículos; algo que queda en anécdota en oposiciones previas de la misma categoría. No olvidemos que estamos hablando de configurar una lista de sustitución para auxiliares administrativos, no se trata de un concurso para la abogacía del Estado, donde controlar las leyes a este nivel, podría tener su razón de ser.

Si bien hay quien acierta los números de la primitiva, de modo milagroso, no puede aplicarse el mismo sistema a una prueba de acceso para un puesto en la Administración. Utilizar una ponderación adecuada y extraer preguntas representativas de conocimiento válido y no de la Virgen de Lourdes, es lo correcto. Muchos parecen olvidar que esto no es un simple examen, va más allá, es el futuro de la gente. La cual ha dedicado un tiempo importante a estudiar y, además, ha pagado por presentarse (con esfuerzo, no pocas de las veces). Detrás de esa cifra de 2.500 inscritos, aparentemente inerte, hay historias duras pero, ante todo, reales. Casos de personas que han tenido que pedir prestado el dinero de la tasa o que compaginan empleos precarios. Algunos llegaron uniformados al examen porque éste se celebró un miércoles a las nueve y media (cuando lo habitual es hacerlo un festivo por condiciones de igualdad), y a las que ha supuesto un contratiempo tener que pedir el día libre o una reducción de horas. Lo mínimo exigible en tales circunstancias, es respeto.

Este examen no es un filtro para “tener a los mejores”, como se atrevió a decir el alcalde Bermúdez, no sé si con cinismo o con el más aberrante de los desconocimientos. Desde luego, con ese comentario demuestra que él, sí que dista mucho de ser el mejor alcalde que podríamos tener. Estén atentos al porcentaje de aprobados y a la nota media (si es que se atreven a publicarla), a ver si la supuesta “criba de la excelencia”, arroja unos resultados que evidencien algo de justicia.

Todavía queda una segunda parte de la prueba para los pocos que, guiados por los santos y el azar, hayan conseguido un cinco raspado. Veremos con qué sorprende el tribunal, si vuelven a tirar de desproporción con falsos argumentos de calidad o si intentan redimirse. Simplemente recordar que esta prueba forma parte de un proceso selectivo que espera repetirse en 24 ocasiones más, para la sustitución de técnicos, ingenieros y otras áreas del mismo organismo; con el que podremos vislumbrar cuánto afán recaudatorio oculta esta práctica.

Lo que, sin lugar a dudas, debería ser una constante, son las quejas de los afectados. Dos mil quinientas personas que están en su derecho de reclamar una prueba que nada tiene que ver con un baremo justo y de hacerlo más allá del descontento interno, porque ése queda sin consecuencias. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos sigan tomando el pelo, rindiéndonos antes de empezar?

El paro, por mucho que los políticos intenten maquillar los datos, no mejora. Los celebrados descensos se falsean gracias a la estampida de inmigrantes retornados, sumado a los emigrantes propios, ya expatriados. Junto a otras técnicas deshonestas para reducir la lista, como el dar de baja a los desempleados que están asistiendo a cursos porque entenderán ellos que, “el saber”, da de comer, cotiza y paga hipotecas. Por no hablar de aquellos parados que han desistido en su empeño de renovar una demanda de empleo que parece no llevar a nada, borrando de las listas su nombre pero no su situación. Por eso no sorprende que convocatorias públicas para elaborar bolsas de empleo con interinos (interinos, que no funcionarios de carrera), sean demandadas masivamente. La gente se agarra a lo que sea y desembolsa una tasa, de entre 8 y 15 euros, por participar en una prueba que, en el mejor de los casos, le consiga un contrato de un par de meses en una Administración Pública.

Esta iniciativa, además, es muy jugosa para sus organizadores. Calculen ustedes en base a la última, realizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 2.496 personas convocadas, a 8.67 euros la inscripción, dan unos 21.640 euros con los que hacer caja. Si la mal llamada ‘Ley de Transparencia’ cumpliera su función, sabríamos a qué fin se dedican estas recaudaciones tan de moda entre los distintos ayuntamientos de la isla, pero dudo mucho que destinen a ayudas sociales o subsidios, ni tan siquiera el sueldo de los empleados temporales resultantes.