Admitido a trámite un recurso contra el nombramiento de la Comisionada de la Transparencia de Murcia propuesta por Vox

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) admite a trámite un recurso contencioso-administrativo contra la designación de la Comisionada de la Transparencia, Natalia Sánchez López. La responsable de este nuevo órgano, que sustituye al extinguido Consejo de Transparencia, fue designada por Vox en septiembre de este año. Ahora, la fundación Hay Derecho recurre esta decisión en virtud de lo establecido en la Ley 1/2024, de 8 de julio, de modificación de la de 2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma, que exige para el puesto tener “reconocido prestigio y competencia profesional”.

Desde Hay Derecho dudan de que la comisionada cumpla estos requisitos: “Tanto el nombramiento como la modificación de la Ley anterior de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia son producto de un acuerdo entre el Partido Popular y Vox”, explican en una nota de prensa desde la Fundación. La abogada Natalia Sánchez era, hasta el pasado julio, asesora jurídica del exvicepresidente del Ejecutivo murciano y líder regional de Vox, José Ángel Antelo.

“El nombramiento en este tipo de entidades públicas”, afirma Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho, “es particularmente relevante porque, si se elige para dirigirlas a personas no idóneas por no reunir los requerimientos legales, se puede poner en peligro su propia función, en este caso las que establece el artículo 38 de la ley autonómica”.

“La solvencia profesional y el reconocido prestigio suelen ir unidos a una mayor independencia de los candidatos, lo que en este caso también es esencial, al tratarse de un organismo de control y supervisión de la actividad del Gobierno y la Administración en el ámbito de la transparencia”, abunda Safira Cantos, directora general de la Fundación.

Tras el nombramiento de la comisionada de Transparencia, Vox defendió la designación asegurando que “con Vox solo trabajan los mejores y que, precisamente, esa era la prueba de sus capacidades”.

El poder vigilando al poder

En julio de este año se aprobó el nuevo comisionado de Transparencia que se trata de una persona propuesta dentro del Ejecutivo, con remuneración y una Comisión de Transparencia a su servicio, también remunerada, compuesta por cuatro funcionarios de la propia Administración regional -uno de ellos de los Servicios Jurídicos de la Comunidad-. El comisionado, además, podrá contratar a más personal de manera arbitraria si así lo requiere. 

Por el contrario, el anterior Consejo de Transparencia estaba conformado por 18 miembros de la sociedad civil que no recibían sueldo alguno por su trabajo y que aprobaron, desde que el organismo fue constituido en el año 2014 bajo el mandato del popular Alberto Garre, más de 800 resoluciones y requerimientos a los respectivos gobiernos regionales.