Justicia para Javier Fernández Quesada

“Se dio cuenta de que disparaban con fuego real a dar, no al aire y bajó las escaleras desde la azotea hacia el hall. En ese momento la puerta principal estaba abierta y vio cómo entraban los chicos y que uno caía, al final de la escalera, en el rellano final de la escalera, junto a la puerta principal. Lo introdujeron en el hall, mientras seguían los disparos. Cerraron la puerta y entonces se asomó a la puerta acristalada y vi a un Guardia Civil debajo de la escalera, sin poder precisar el lugar exactamente, apuntando y disparando con una pistola, apoyándose en la otra mano para precisar el tiro”.

El 12 de diciembre de 1977 la Guardia Civil asesinó a Javier Fernández Quesada (1955-1977) en la entrada del edificio de la Universidad de La Laguna (Tenerife), dentro del marco de una huelga general. El fragmento con el que se inicia este artículo forma parte de la declaración de Juan Luis Morales Pérez, estudiante de Ciencias Económicas, uno de los muchos que estuvo presente en este fatídico hecho. Demuestra, junto a otros testimonios que forman parte de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados y del correspondiente sumario judicial, que se trató de un asesinato de Estado, aunque nunca ha sido reconocido como tal.

Fernández Quesada tenía tan solo 23 años. Natural de Las Palmas de Gran Canaria,  estudiaba Ciencias Biológicas en la referida Universidad. Una bala acabó de manera trágica con su vida. Eran los años convulsos de la Transición, donde la cultura del gatillo fácil, ejercitada por grupos paramilitares de extrema derecha (Fuerza Nueva y Cristo Rey, principalmente) y por los cuerpos de seguridad del Estado, trataba de sesgar la línea aperturista del país, poniendo su punto de mira en la represión del movimiento obrero y en las protestas estudiantiles, así como en los militantes y simpatizantes de izquierdas.

Su asesinato no fue una acción aislada, sino una forma de proceder sistemática, que se practicó en todo el territorio nacional durante ese período. En efecto, y tomando como referencia ese mismo año de 1977, a finales de enero también corrieron igual suerte los abogados laboralistas de Atocha (Madrid), a manos de miembros de extrema derecha, mientras que el 4 de diciembre le tocó el turno a Manuel José García Caparrós, esta vez por un disparo de la Policía Armada en una manifestación por la autonomía de Andalucía. Aquel tenía 18 años de edad y era militante de Comisiones Obreras.

Mientras tanto, en octubre se firmaron los Pactos de la Moncloa, dos acuerdos entre los principales partidos con representación en el Parlamento y los sindicatos mayoritarios con el fin de estabilizar el proceso de la Transición. Esa era la nueva España, donde el derecho de expresión se firmaba con balas y sangre. Los políticos iban por un lado; la sociedad, por otro, soportando la represión, los disparos y los entierros.

Aunque los datos varían según los historiadores, Mariano Sánchez Soler, autor de “La transición sangrienta: una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983)” (Península, 2010), indica que en ese período fueron asesinadas 591 personas por violencia política, desarrollada por la extrema derecha, la extrema izquierda, la guerra sucia y la represión. De ellas, 188 integraban lo que él denomina como violencia política de origen institucional, que no es otra cosa que los “asesinatos desplegados para mantener el orden establecido, los organizados, alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado”. Fernández Quesada formó parte de esa lista luctuosa.

Nadie asumió la culpabilidad del homicidio de este estudiante en San Cristóbal de La Laguna. Para los representantes de la estructura del poder, fue resultado de lo que hoy llamamos “daño colateral”, es decir, reprimir una huelga general conllevaba acciones de contención por parte de las fuerzas de seguridad, que se aceptaban como medio indiscutible para mantener el orden y la seguridad de los ciudadanos. Disparar en la calle y en un recinto universitario formaba parte de esas medidas.

El Gobierno tampoco tomó acciones legales contra la Guardia Civil, que tuvo una actuación desmedida en lo que respecta a la utilización de armas de fuego, tal y como consta en distintos documentos de la Comisión de Investigación, legitimando así la continuidad en esa forma de proceder de las fuerzas de seguridad y dando mayor margen de acción a la extrema derecha. Entonces, ¿cómo es posible que una bala, disparada intencionadamente desde un arma reglamentaria de este cuerpo armado, asesine a una persona y que esta acción quede impune cuando constan testimonios directos de estudiantes, presentes en el suceso, que demuestran que fue un acto premeditado?

Con esa actitud se hizo la Transición, asesinando a trabajadores y estudiantes con una impunidad terrible, demostrando igualmente que en el naciente Estado democrático se habían enquistado métodos del franquismo que acababan con las vidas de las personas.

A día de hoy, no se ha hecho justicia con Javier Fernández Quesada. No basta con pedir perdón ni con que se le reconozca oficialmente como una víctima por un asesinato de Estado. Por el contrario, es necesario pedir responsabilidades a quienes apretaron el gatillo como un acto de fe y a las autoridades que no afrontaron la gravedad de lo acaecido, sin olvidar que la familia de aquel fue presionada para que no indagase sobre lo ocurrido ni para que tomase medidas legales contra los culpables.

Desde mi punto de vista, hay dos epicentros de lo sucedido: Luis Mardones y la Guardia Civil. En el momento en que se produjo ese asesinato, el gobernador civil de la provincia era Luis Mardones Sevilla (1938-2018). Nunca asumió ninguna responsabilidad en el caso Fernández Quesada. Por el contrario, y remitiéndonos una vez más a su declaración ante la Comisión de Investigación, no solo contribuyó a criminalizar a los participantes en la huelga general, sino que defendió la intervención de la Guardia Civil en el recinto universitario como una medida necesaria por el carácter beligerante de los estudiantes, que estaban apoyando las acciones de los huelguistas.

Por entonces, Mardones comenzaba su despegue político en ese nuevo marco democrático y no podía permitir que esto frenase sus aspiraciones de poder. Después de ocupar el cargo de gobernador civil (1977-1979) y de ser presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (1980-1981), se integró en la Unión de Centro Democrático, contribuyendo posteriormente a fundar la Agrupación Tinerfeña de Independientes, que formó parte a su vez de las Agrupaciones Independientes de Canarias y, finalmente, de Coalición Canaria, siendo además diputado en Cortes en diversas ocasiones.

Hay que destacar que jamás apareció el proyectil que acabó con la vida de Fernández Quesada, justificándose en que la herida mortal fue de entrada y salida, tal y como explicó el propio Mardones. Su declaración está tejida bajo el argumento de que todo fue muy confuso, hasta el punto de incidir en que era muy difícil esclarecer “dónde recibe el impacto mortal, porque varían mucho las circunstancias según desde donde pudiese haber partido el disparo”.

Este político también reconoció que, en aquellos momentos previos al asesinato, las fuerzas de orden público no solo lanzaron pelotas de goma y botes de humo lacrimógeno contra los huelguistas y estudiantes, sino que hacían disparos al aire, respondiendo los manifestantes con piedras, tornillos, etcétera. Esto, y siempre según su relato, provocó que no hubiese testigos que pudiesen detallar lo que ocurría porque era un ambiente hostil. Unos lanzaban tornillos y otros disparaban. Evidentemente, no hubo testigos porque nadie estaba dispuesto a perder su vida.  

Mardones llegó a tal extremo que se inhibió una y otra vez de lo sucedido, resaltando que él era una autoridad del Gobierno, pero que no estuvo presente en los hechos. Todo lo que podía decir era producto de los informes que le fue facilitando la Guardia Civil y de la información suministrada por diversos periodistas, a petición del Gobierno Civil. El carácter reflexivo con el declaró demostraba que no recaía sobre su conciencia el peso del asesinato de Fernández Quesada, mostrando igual actitud en 2008 cuando se sentó en un banquillo judicial para declarar por este mismo tema, gracias a la constancia de la familia del afectado que siguió luchando para esclarecer lo sucedido. 

Por su parte, la Guardia Civil justificó su presencia en el recinto universitario como una medida de orden público, frente a las acciones agresivas de los estudiantes, y que se insertaba dentro de la planificación previa, entre la autoridad civil y los cuerpos de seguridad, ante acciones de este estilo que se desarrollasen durante la huelga general.

El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Encinas Cueto, por entonces jefe de la 151ª Comandancia, tampoco dejó constancia en su informe del asesinato de Fernández Quesada. Según su relato, aunque estaba presente en otro punto opuesto de la Universidad, escuchó los disparos provenientes dentro del campus, trasladándose de inmediato al lugar de los hechos, donde comprobó que varios guardias civiles disparaban al aire para reprimir la “actitud belicosa de los alborotadores”. Momentos después, una persona salió del edificio central, portando un pañuelo blanco e indicando que había otra herida. En su informe no se especifica nada sobre una posible investigación interna porque nunca existió tal investigación. Por el contrario, se alude de pasada a la figura de Fernández Quesada; tampoco explica cómo es posible que se disparase al aire y una bala asesinase a una persona situada fuera de su trayectoria.

De igual modo, el testimonio del coronel jefe de ese tercio, Manuel González López, es una muestra de cómo se utilizaron las armas de fuego dentro del campus, indicando que se hicieron hasta 120 disparos disuasorios al aire para intimidar a los manifestantes, que lanzaban objetos desde la azotea de la Universidad, los jardines y otras zonas aledañas. Su descripción coincide con la de Encinas Cueto, sin que en ningún momento detalle nada de lo que pasó en la entrada donde Fernández Quesada fue asesinado. Solo indicó que este último recibió un impacto, pero por la trayectoria de entrada y salida de la bala, había sido producto de los disparos al aire, con lo cual no hubo intención de efectuar uno con carácter directo. De nuevo, la incongruencia es más que evidente y los relatos de la Guardia Civil y de Mardones van de mano.    

Por el contrario, y como forma ocultar la realidad, González López incidió en la peligrosidad social de los estudiantes universitarios, bajo una exposición más que dudosa. El fin era justificar esa manera violenta de proceder para mantener el orden y la seguridad a cualquier precio, que es el mismo argumento que suele constar en muchas declaraciones de quienes se vieron implicados en asesinatos de esas características durante la Transición: “Debo hacer constar también que por gestiones practicadas posteriormente, se ha sabido con carácter confidencial, que en el interior de la Universidad y antes de que se produjeran estas circunstancias, personas no identificadas hasta la fecha, habían exhibido armas de fuego, concretamente pistolas, así como que en uno de los laboratorios de la misma Universidad, un grupo de 20 a 30 estudiantes, habían estado consumiendo drogas”.

El hecho de que ese cuerpo armado entrase y disparase en un recinto de una institución educativa de carácter público es el exponente de cómo se actuaba en aquel momento, donde esa forma de proceder era el método de imponer la autoridad, coaccionar las libertades personales y colectivas y acabar tajantemente con cualquier problema.

El asesinato de Fernández Quesada fue una acción más de la represión estatal hacia personas vinculadas con la izquierda política, pero también la demostración palpable de que la cultura de la violencia seguía institucionalizada y que practicaba con impunidad sobre la población civil. La Transición se hizo con la sangre de muchas personas inocentes, cuyos nombres aún molestan a quienes quieren olvidarlos, pero que siempre están presentes en nuestra memoria, en aquellos que seguimos pidiendo justicia.

“Se dio cuenta de que disparaban con fuego real a dar, no al aire y bajó las escaleras desde la azotea hacia el hall. En ese momento la puerta principal estaba abierta y vio cómo entraban los chicos y que uno caía, al final de la escalera, en el rellano final de la escalera, junto a la puerta principal. Lo introdujeron en el hall, mientras seguían los disparos. Cerraron la puerta y entonces se asomó a la puerta acristalada y vi a un Guardia Civil debajo de la escalera, sin poder precisar el lugar exactamente, apuntando y disparando con una pistola, apoyándose en la otra mano para precisar el tiro”.

El 12 de diciembre de 1977 la Guardia Civil asesinó a Javier Fernández Quesada (1955-1977) en la entrada del edificio de la Universidad de La Laguna (Tenerife), dentro del marco de una huelga general. El fragmento con el que se inicia este artículo forma parte de la declaración de Juan Luis Morales Pérez, estudiante de Ciencias Económicas, uno de los muchos que estuvo presente en este fatídico hecho. Demuestra, junto a otros testimonios que forman parte de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados y del correspondiente sumario judicial, que se trató de un asesinato de Estado, aunque nunca ha sido reconocido como tal.