Cuando la justicia no es muda

Desde hace meses asistimos en Canarias a un nuevo asesinato de Montesquieu. El pensador francés escribió que “el juez debe ser la boca muda que pronuncia las palabras de la ley”. En nuestras islas hay jueces que no solo hablan al margen de la palabra de la ley, también graban y son grabados, son víctimas y verdugos de conspiraciones que se realizan en unos juzgados construidos y mantenidos con dinero público para perseguir el delito y no para organizar tramas que pueden beneficiar a políticos o empresarios amigos. O para perjudicar a políticos o empresarios enemigos.

Recordemos algunos de los hechos más destacados de este lamentable espectáculo. El pasado 16 de marzo el empresario Miguel Ángel Ramírez grabó la conversación que sostuvo con el juez Salvador Alba en el despacho del magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En ese encuentro el juez y el empresario inculpado por presunto delito contra la Hacienda Pública prepararon una declaración oficial que se debía producir (y se produjo) la siguiente semana; en esa reunión el propio magistrado asesoraba al investigado sobre las respuestas que debía dar. Por la transcripción de parte de esa conversación que se filtró a los periódicos la declaración de Ramírez iba a servir para intentar inculpar a la magistrada Victoria Rosell (en ese momento diputada de Podemos) que había sido denunciada ante el Tribunal Supremo por el exministro José Manuel Soria.

Esa grabación de marzo la conocimos el jueves 12 de mayo cuando Miguel Ángel Ramírez la presentó ante Carla Vallejo, la magistrada que sustituyó a Salvador Alba en el juzgado de instrucción número 8 (en el que se seguía la causa contra Ramírez y que se había iniciado cuando la titular era Victoria Rosell). En la grabación el juez Alba daba a entender que si la denuncia de Soria contra Rosell prosperaba la causa contra Ramírez podría ser archivada. El mundo al revés, un funcionario público cuyo deber es perseguir el delito y castigar a los culpables, se dedicaba presuntamente a fabricar pruebas para favorecer a un político que usaba los tribunales para perseguir a una rival política por venganzas personales. Todo esto presuntamente, no vaya a ser que a alguien se le ocurra ahora perseguir al mensajero por contar un vodevil que se ha transmitido casi en directo en los medios para descrédito de la Justicia.

El Tribunal Constitucional ha recordado en varias ocasiones la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que, en el ámbito de la garantía de la imparcialidad, las apariencias son importantes “porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los tribunales deben inspirar al acusado y al resto de ciudadanos”. A estas alturas nadie duda de que lo que está ocurriendo en los juzgados canarios está mermando la credibilidad de la justicia y por tanto está deteriorando nuestra democracia. Y es que el escándalo no se quedó en esa primera reunión. La primera semana de noviembre el juez Alba presenta en los juzgados otra grabación que él mismo había realizado a otros magistrados con la intención de demostrar las presuntas presiones que había recibido para archivar la causa contra el empresario Ramírez.

Tuvieron que pasar seis meses desde que se conoció la reunión entre Ramírez y Alba para que el máximo órgano de control de los jueces se decidiera esta semana a abrir un expediente contra el juez Alba por dos faltas muy graves y una grave, aunque por ahora no se le aparta de sus funciones. En Canarias existen precedentes de jueces expedientados por el Consejo General del Poder Judicial de manera mucho más ágil. Uno de los más conocidos es el caso de José Antonio Martín, al que se le abrió un expediente en enero 2006 por la acusación de asesorar a un narcotraficante e interceder ante compañeros magistrados para que lo dejaran en libertad. Aunque el expediente abierto por el CGPJ contra Martín fue resuelto en 2010, con la absolución del acusado por parte del TS, desde que se abrió el magistrado fue apartado de su puesto de presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

A pesar de la apertura del expediente por parte del Consejo General del Poder Judicial, Salvador Alba sigue ejerciendo como magistrado y está previsto que sea el ponente del caso Faycán, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde durante el gobierno del PP y AFV Ciuca. La instrucción de este proceso fue cerrada por el juez Javier García García- Sotoca en febrero de 2009 tras más de tres años de investigación tras unas denuncias de una empresaria a la que le pidieron un 20 % de comisión si quería ganar un concurso público. Al cierre del sumario había 37 imputados. La reacción del entonces presidente del Partido Popular José Manuel Soria fue acusar al ministro López Aguilar de usar a policías, jueces y fiscales para perseguir al PP. El apoyo de Soria a los imputados se ha prolongado todos estos años y en 2015 Carmen Castellano volvió a ser candidata del PP a la alcaldía de Telde aunque el fiscal había pedido para a ella (en 2013) 5 años de cárcel por los presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en el caso Faycán.

En noviembre de 2014 estuvo a punto de convocarse el juicio del caso Faycán pero el juez de la Audiencia Provincial Emilio Moya decidió retrasar la fecha del juicio para no perjudicar a una de las imputadas, Carmen Castellano, porque se presentaba como candidata del PP a la alcaldía de Telde. Esta decisión fue criticada por otros magistrados porque no se ampara en ninguna ley. El propio Moya declaraba a Canarias 7 que lo hacía “por sentido común”, según el magistrado “Si el procedimiento ha tardado ocho años en llegar a juicio, nada malo va a suceder porque se demore unos meses”. Al final los acusados del caso Faycán podrán pedir rebajas de penas por los retrasos provocados por estas y otras razones. Ahora sabemos que Emilio Moya se ha abstenido en el caso Faycán porque es amigo de uno de los imputados, y que el ponente del caso Faycán será el juez Salvador Alba, un magistrado al que el Consejo General del Poder Judicial le ha abierto un expediente porque presumiblemente ha cometido dos faltas muy graves y una grave por abusos de autoridad, revelación de secretos e investigación indebida, para perseguir a enemigos y favorecer a amigos. Estos hechos vuelven a pisotear aquel principio del “poder nulo” para los jueces que pedía Montesquieu como garantía de la separación de poderes. ¿Cuál debe ser la percepción de la ciudadanía al conocer lo que está sucediendo acerca de cómo José Manuel Soria se libró de tantas causas ante la Justicia? ¿No pueden preguntarse entonces los ciudadanos hasta dónde llega la contaminación? El daño que se está haciendo a la Justicia es tremendo. Desde dentro. Y sin que funcionen los órganos de control. Y a pesar de tantos jueces y juezas rigurosos e independientes que están sufriendo, aunque quizás con demasiado silencio. Gregorio Peces-Barba escribió que “la realidad incontrovertible y necesaria en las modernas sociedades de la creación judicial del Derecho, disputando espacios al Parlamento y a las leyes, ha producido en muchos jueces una conciencia de su poder amparado en su independencia y en el estatuto constitucional y legal que les protege, que está produciendo, en algunos supuestos, desviaciones graves y abusos relevantes que dan la sensación de arbitrariedad, de falta de límites y de impunidad”.

Ante situaciones como estas no debe extrañarnos los resultados de la última encuesta del CIS. En el barómetro de octubre los encuestados señalan que los principales problema de España son el paro (71,3 %) y la corrupción y el fraude (37,6 %). El dato pasó bastante desapercibido para los medios de comunicación españoles que estaban más pendientes de la nueva victoria del Partido Popular o de la caída estrepitosa de las expectativas electorales del PSOE que se convertiría, según esa encuesta del CIS, en la tercera fuerza política después de Podemos.

Si la Justicia no funciona será imposible combatir la corrupción. Pasan los años y seguimos pendientes de los juicios y las sentencias de los grandes casos de corrupción que afectan sobre todo al Partido Popular. Para lo que sí ha habido prisas es para apartar precisamente a dos jueces que instruyeron esos casos: el juez Baltazar Garzón que instruyó el caso Gürtel, y el juez Elpidio Silva que instruyó el caso Blesa en la investigación de Caja Madrid. Nos gustaría ser optimistas, pero los hechos invitan al pesimismo. El bipartidismo que ha dominado la escena política española en esta última etapa democrática no ha sido capaz de consensuar una Ley de Educación para varias generaciones o un gran pacto por el Estado de Bienestar. Sin embargo, siempre ha llegado a acuerdos para repartirse los cargos en el Consejo General del Poder Judicial y los nombramientos de los magistrados de los altos tribunales. De aquellos polvos vienen estos lodos.

Desde hace meses asistimos en Canarias a un nuevo asesinato de Montesquieu. El pensador francés escribió que “el juez debe ser la boca muda que pronuncia las palabras de la ley”. En nuestras islas hay jueces que no solo hablan al margen de la palabra de la ley, también graban y son grabados, son víctimas y verdugos de conspiraciones que se realizan en unos juzgados construidos y mantenidos con dinero público para perseguir el delito y no para organizar tramas que pueden beneficiar a políticos o empresarios amigos. O para perjudicar a políticos o empresarios enemigos.

Recordemos algunos de los hechos más destacados de este lamentable espectáculo. El pasado 16 de marzo el empresario Miguel Ángel Ramírez grabó la conversación que sostuvo con el juez Salvador Alba en el despacho del magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En ese encuentro el juez y el empresario inculpado por presunto delito contra la Hacienda Pública prepararon una declaración oficial que se debía producir (y se produjo) la siguiente semana; en esa reunión el propio magistrado asesoraba al investigado sobre las respuestas que debía dar. Por la transcripción de parte de esa conversación que se filtró a los periódicos la declaración de Ramírez iba a servir para intentar inculpar a la magistrada Victoria Rosell (en ese momento diputada de Podemos) que había sido denunciada ante el Tribunal Supremo por el exministro José Manuel Soria.