Y lamentablemente, se consumó...

En la entrada que publicamos Salto a la Transición Ecológica el pasado 16 de mayo alertábamos de las implicaciones que suponía el punto 1 de la disposición final cuarta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, donde se eliminaba de un plumazo la autorización administrativa para la instalación de plantas de regasificación destinadas a alimentar la generación eléctrica, a puertos y a buques en Canarias. En tomas de posición posteriores hemos venido advirtiendo de las intenciones de varias empresas de instalar infraestructuras de almacenamiento de gas natural licuado, así como equipos generadores de electricidad basados en este combustible, concretamente en los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, así como en el Polígono de Granadilla. 

Esta estrategia de introducir el gas natural en las islas está enfocada principalmente en dar una vía de salida a más de 2GW de potencia instalada que trabaja con combustibles fósiles, los cuales suponen el 74% de todo el parque de generación eléctrica de las islas según los datos de cierre de 2022 de REE. Haciendo uso de un razonamiento demasiado simple y completamente fuera de cómo se está moviendo realmente el mercado energético, nuestros reguladores han decidido que la única alternativa es abrir la puerta al gas natural licuado, aunque esto suponga un importante volumen de inversión.

Envolviéndose en la bandera de la garantía de suministro, se recurre al viejo acrónico thatcheriano de ‘tina’: ‘no hay alternativa’. Sin embargo, desde luego que sí las hay y precisamente una apuesta relevante en materia de gas puede perjudicar la consecución real de la descarbonización de las islas haciéndola compatible con la garantía de suministro. No conviene abandonar demasiado pronto la apuesta sin fisuras por las renovables y el almacenamiento hidroeléctrico. De hacerse, se estaría reconociendo que no es posible cambiar los combustibles fósiles por nuevas energías limpias, cosa que no es así. 

Es más, existe una declaración política por unanimidad del Parlamento de Canarias en la que participamos activamente que llama a la confección de un Plan de desmantelamiento de las centrales térmicas en junio de 2021. Parece una broma de mal gusto que la respuesta a esta petición de la soberanía popular sea abrir la puerta al gas y, en cuanto pasen unos meses más, la concesión de dinero público para cubrir los costes de inversión a las empresas gasistas.

Llegados a este punto, a finales del mes del pasado mes de diciembre, se ha aprobado por parte del Gobierno central la Orden TED/1315/2022  de 23 de diciembre, por la que en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2021, recaída en el recurso contencioso-administrativo 301/2020, se regulan las subastas para el suministro de combustible y determinación del precio de combustible, se autorizan nuevos combustibles, se establecen los valores unitarios de referencia, aplicable a las instalaciones de producción de energía eléctrica ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional, y se revisan otras cuestiones técnicas.

Esta nueva norma, en su articulado, refleja una nueva situación que es, bajo nuestro punto de vista, altamente dañina para las islas, al recoger en su artículo 3, el siguiente literal: 

“Se aprueba el empleo del combustible gas natural en grupos generadores ubicados en los territorios no peninsulares de Canarias y Melilla a efectos del régimen retributivo adicional establecido en el Real Decreto 738/2015, de 31 de julio”.

Con este redactado se le da el espaldarazo necesario para que la generación eléctrica que use como combustible el gas natural, se convierta en un negocio altamente lucrativo, al verse beneficiado por el denominado “régimen retributivo adicional”, que básicamente consiste en percibir, además de los emolumentos propios del negocio eléctrico, unas cantidades extras por las dificultades añadidas de generar electricidad en los territorios no peninsulares.

En definitiva, con esta Orden el gas natural se convierte de facto en un combustible más de las islas, dando el pistoletazo de salida, para hacer buenos todos aquellos proyectos que estaban en la recámara, pendientes de esta norma, tanto sean de nueva creación, como de existentes que se adecuen al nuevo combustible. Estos proyectos aguardan que se clarifique por completo el marco normativo y, sobre todo, esperan que exista una retribución regulada por la inversión, previo cambio o excepción explícita con el operador mayoritario al que el mismo RD 738/2015 impide invertir cuando ha sobrepasado la cuota de mercado del 40% en generación.

Ahora que esta cuestión es ya una realidad, creo que los habitantes del archipiélago estamos completamente legitimados para exigir las responsabilidades oportunas a los titulares de tremenda tropelía. Pero cuando se empieza a enfocar estas responsabilidades, el panorama es desalentador. Por un lado, tenemos a los miembros del gobierno autores de la norma, en este caso PSOE y Unidas Podemos, por otro tenemos al PP y CC que en múltiples ocasiones han manifestado sus fervientes deseos de introducir el gas en las islas, por lo que habrán aplaudido la medida hasta la extenuación. Por último, tenemos a NC y ASG que tampoco han realizado una oposición franca a esta medida.

Ya sabemos todos lo que va a pasar. Esta norma dormirá el sueño de los justos hasta que pasen las elecciones de mayo y una vez que esto ocurra se dinamizará de una manera inusitada la instalación de todos estos proyectos, aprovechando que quedan 4 años de legislatura y los votantes olvidan con facilidad.

Lo lamentable de todo esto es que existe alternativa y esa alternativa la ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Canarias con el desarrollo del PTECAN y sus estrategias. Esta alternativa consiste en una transición acelerada a las renovables, a la tecnología del hidrógeno verde y todo conducido por las centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo puro.

Lástima del PTECAN y de la Ley de Cambio Climático recientemente aprobada por el Parlamento canario que preveía la descarbonización del archipiélago en el 2040, porque teniendo en cuenta los trámites y los tiempos de construcción, ¿alguien piensa que se van a hacer infraestructuras gasísticas en las islas para desmantelarlas en diez años? ¿Esto supondrá un desvío de fondos desde los que se iban a invertir en renovables a este nuevo combustible? No se ha hecho una reflexión seria de hasta qué punto la garantía de suministro está más amenazada hoy que en unos pocos años donde, si todo va bien, las renovables serán mayoría en el mix energético.

*Javier Santacruz es economista y Rafael Hernández, ingeniero. Ambos son miembros del colectivo Salto a la Transición Ecológica

En la entrada que publicamos Salto a la Transición Ecológica el pasado 16 de mayo alertábamos de las implicaciones que suponía el punto 1 de la disposición final cuarta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, donde se eliminaba de un plumazo la autorización administrativa para la instalación de plantas de regasificación destinadas a alimentar la generación eléctrica, a puertos y a buques en Canarias. En tomas de posición posteriores hemos venido advirtiendo de las intenciones de varias empresas de instalar infraestructuras de almacenamiento de gas natural licuado, así como equipos generadores de electricidad basados en este combustible, concretamente en los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, así como en el Polígono de Granadilla. 

Esta estrategia de introducir el gas natural en las islas está enfocada principalmente en dar una vía de salida a más de 2GW de potencia instalada que trabaja con combustibles fósiles, los cuales suponen el 74% de todo el parque de generación eléctrica de las islas según los datos de cierre de 2022 de REE. Haciendo uso de un razonamiento demasiado simple y completamente fuera de cómo se está moviendo realmente el mercado energético, nuestros reguladores han decidido que la única alternativa es abrir la puerta al gas natural licuado, aunque esto suponga un importante volumen de inversión.