Lawfare y Consejo del Poder Judicial: al fin juntos

Afortunadamente, la obscenidad de un juez ha hecho coincidir en el tiempo la tramitación (y el rechazo por el pleno del Congreso) de la Ley de Amnistía y la “negociación en Bruselas” de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En Bruselas, como penúltima muestra del patriotismo del conservadurismo español, de hasta dónde llega su patriotismo: ni a la vuelta de la esquina si están en juego sus intereses.

Hemos vivido unos días de acoso judicial al poder legislativo. No de todos los jueces, que -con independencia de su ideario cumplen diariamente con rectitud sus obligaciones constitucionales y legales-; sino de personajes como Manuel García-Castellón o Joaquín Aguirre, que forman parte muy activa de la ofensiva empresarial, mediática y política contra el Gobierno. Y lo pongo por este orden porque el poder fáctico antigubernamental reside donde reside. Los actores mediáticos son meros subordinados. Y los políticos, lamentablemente de quinta regional. Lo que tienen de mediocres lo pagan con una falta absoluta de autonomía respecto a sus spónsores, que les dictan sus instrucciones día a día desde su jauría mediática.

Las maniobras de García Castellón, y no son nuevas, son simplemente obscenas. Directamente proporcionales son sus clamorosas negativas a investigar la corrupción de algunos destacados dirigentes del PP y la trama delictiva de la Policía Patriótica hasta sus últimas consecuencias, y su pesquisa inquisitorial contra Podemos,  a su irresponsable estrellato como ariete de una estrategia cuyo objetivo es cargarse el Gobierno.

El Gobierno ha hecho muy bien en poner pié en pared frente a las nuevas exigencias-de-Junts-entrando-en-la-trampa-que-han-tendido estos dos jueces.

Porque, de lo contrario, la Ley entraría de lleno en inconstitucionalidad y contravendría la Directiva Europea 2017/541, cuya finalidad primordial es combatir el terrorismo extranjero (yihadista) organizado. Y eso se pone de manifiesto desde que uno empieza a leer los “considerandos” y el articulado de esa norma europea.

Me pregunto con frecuencia quién (es) y qué garantías de impunidad se han dado a ciertos jueces para actuar como lo están haciendo.

Por esas cosas del destino, esta grave intromisión judicial en la función legislativa, -del mismo cariz que la que efectuó a finales de 2022 un Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora determinada por magistrados con el “mandato” caducado, en relación a la tramitación legislativa de la derogación del delito de sedición (que me tuve que estudiar muy en detalle cuando se me encomendó a última hora hacer de portavoz socialista en el Senado)-  viene a coincidir con el inicio de las conversaciones entre PP y PSOE sobre la tantas veces boicoteada por la derecha renovación del Órgano de Gobierno de los jueces. De gobierno, que no de “autogobierno” de los jueces, ha dejado establecido desde hace tiempo la jurisprudencia constitucional.

Porque nos lleva directamente a la cuestión de por qué el PP ha bloqueado, cada vez que pierde la mayoría parlamentaria, dicha renovación. De modo que el CGPJ ha tenido una composición mayoritariamente conservadora, determinada por unas Cortes Generales también de mayoría conservadora, durante gran parte de su existencia. Porque el PP, en claro fraude constitucional, convierte la mayoría cualificada que la Constitución exige en aras de lograr amplios consensos sobre la composición de un órgano constitucional (el CGPJ) en un derecho de veto (el suyo, cuando está en minoría) para prolongar decisiones de mayorías parlamentarias conservadoras cuando ya han dejado de serlo.

El interés obsesivo del PP en determinar la mayoría del CGPJ tiene que ver directamente con las competencias de este Órgano para el nombramiento discrecional de los magistrados que integran el Tribunal Supremo (en especial la Sala II, que juzga a los políticos aforados), así como los presidentes de los principales tribunales territoriales. Y los nombramientos son “vitalicios”, porque la inamovilidad es consustancial a la independencia judicial.

No olvidemos cómo el actual CGPJ, en funciones desde hace más de 5 años, continuó tan campante ejerciendo como si nada su principal poder, nombrando discrecionalmente más de 80 magistrados, 23 de ellos para el Tribunal Supremo, hasta que las Cortes Generales cortaron las alas a esa práctica escandalosa.

De forma que, frente a mayorías parlamentarias progresistas -como la de la pasada legislatura- o como vacuna frente a esas mismas mayorías en el futuro, quieren convertir el Consejo General del Poder Judicial en un órgano de autogobierno de los jueces, sin base en la Constitución, que sí establece nada más abrirla el principio de la soberanía nacional, es decir del pueblo español “del que emanan los poderes del estado (art.1.2) al que ”representan las cortes Generales (art.66.1).

¿Se trataría de una nueva modalidad de democracia corporativa?, ¿de nueva “democracia orgánica” franquista tal vez?, que la derecha podría controlar a través de las mayoritariamente conservadoras asociaciones judiciales. Las mismas que salieron a rasgarse las vestiduras contra la Amnistía antes de conocer el texto de la Proposición de Ley Orgánica. Y de esta manera, seguir controlando los nombramientos discrecionales de los jueces de los tribunales más “sensibles” para sus intereses, poniendo a magistrados de su confianza, de confianza demostrada.

Y encima vociferan sobre la invasión del actual gobierno en la independencia de los tribunales. Volvemos, lamentable y grotescamente, al Spain is different, porque la derecha sólo acepta la democracia accidentalmente. Es decir, siempre que ellos y los intereses que representan lacayamente controlen las Instituciones. Ya ocurrió en el pasado. Y con trágicas consecuencias.

Afortunadamente, la obscenidad de un juez ha hecho coincidir en el tiempo la tramitación (y el rechazo por el pleno del Congreso) de la Ley de Amnistía y la “negociación en Bruselas” de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En Bruselas, como penúltima muestra del patriotismo del conservadurismo español, de hasta dónde llega su patriotismo: ni a la vuelta de la esquina si están en juego sus intereses.

Hemos vivido unos días de acoso judicial al poder legislativo. No de todos los jueces, que -con independencia de su ideario cumplen diariamente con rectitud sus obligaciones constitucionales y legales-; sino de personajes como Manuel García-Castellón o Joaquín Aguirre, que forman parte muy activa de la ofensiva empresarial, mediática y política contra el Gobierno. Y lo pongo por este orden porque el poder fáctico antigubernamental reside donde reside. Los actores mediáticos son meros subordinados. Y los políticos, lamentablemente de quinta regional. Lo que tienen de mediocres lo pagan con una falta absoluta de autonomía respecto a sus spónsores, que les dictan sus instrucciones día a día desde su jauría mediática.