Las mentiras oficiales que se dijeron sobre el puerto de Santa Cruz de Tenerife justificaron la construcción del puerto de Granadilla, que hoy languidece sin apenas actividad. Gracias a las mentiras oficiales se despilfarraron cientos de millones de euros y, además, no sólo no se han exigido responsabilidades por el derroche, sino que tampoco se han adoptado medidas para evitar que algo así se repita.
En 2002, el Gobierno de Canarias declaró de interés público el puerto de Granadilla aduciendo que el de Santa Cruz no era ampliable. Falso: después de esa declaración la Dársena del Este se amplió en 123.000 metros cuadrados y se construyeron 690 metros más de línea de atraque.
En 2003, la Declaración de Impacto Ambiental dictaminó otro embuste. Se afirmó que el tráfico de contenedores congestionaría el puerto capitalino, en 2007-2008, si no hubiera puerto alternativo y, en 2023, aunque lo hubiera. Jamás el puerto de Santa Cruz se aproximó a esa congestión y, de hecho, hoy le sobra tanto espacio que el concejal de Urbanismo del municipio ha pedido a la Autoridad Portuaria que ceda a la ciudad amplias zonas del muelle.
Las mentiras de políticos, empresarios y medios de comunicación provocaron la construcción del inútil puerto granadillero, que nunca absorbió un aumento del tráfico de contenedores inexistente, ni tampoco sirvió para introducir el gas natural, tal y como habían afirmado sus defensores. Asimismo, las condiciones meteorológicas encarecen las reparaciones navales, por lo que ese uso sobrevenido no parece prometedor. Tampoco sustituirá al muelle de los Cristianos porque alarga los trayectos. Incluso hay personas imputadas por la percepción de comisiones ilegales durante su construcción…
Pasado el tiempo, en 2011, hasta el presidente de los constructores, que tanto había defendido el puerto de Granadilla, declaró que las obras de ese puerto “no crean puestos de trabajo, son grandes infraestructuras que lo que necesitan es maquinaria”. Y, en 2018, también el alcalde granadillero declaró que su predecesor “estaba engañando a la ciudadanía y jugando con las ilusiones de muchas personas cuando hablaba de los miles de puestos de trabajo que iba a traer” el puerto. En suma, un muelle inútil y un gran despilfarro de dinero público que no creó empleo y por el que no se le han pedido responsabilidades a nadie.
Por supuesto, no es un caso aislado. Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, escribió que “ejemplos de inversiones en puertos que no han cubierto ni mínimamente las previsiones por desgracia tenemos muchos: Arinaga, Tazacorte, Gran Tarajal, Granadilla…”. Ginés de Rus, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, afirmó, en el Parlamento de Canarias, que en nuestro país sólo se usa el 50% de la capacidad portuaria.
Otro intento de sablazo a las arcas públicas, por valor de 200 millones, era construir el puerto de Fonsalía, en Tenerife, frustrado por razones legales debido a que sería un atentado medioambiental. La ex alcaldesa de Granadilla con CC declaró recientemente que “Fonsalía es el puerto de las mentiras, como fue en su día Granadilla”. Así que “sólo” se despilfarraron 35 millones de euros al construir una carretera que va al no-puerto. Por supuesto, nada de exigir responsabilidades.
Sin embargo, en cuanto cayó Fonsalía, surgió el “consenso” de políticos, empresarios y medios de comunicación para construir una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto del Sur por 400 millones de euros. ¿No querían un puerto en Fonsalía? Pues muy bien. Pero entonces ahora toca despilfarrar el precio de dos puertos de Fonsalía. Por lo tanto, se ha iniciado la campaña que denuncia la “cochambre” de la terminal del Aeropuerto del Sur y el “agravio” de Madrid a Tenerife, que es que no nos entienden. Según el presidente de los constructores, nos tratan “como si fuéramos una colonia”.
Han vuelto con las mentiras de siempre para dar un sablazo de 400 millones de euros a AENA. Sin embargo, las encuestas a viajeros, que comparten la metodología usada para aeropuertos europeos, dan una alta valoración al Aeropuerto del Sur, por encima de los aeropuertos de Estocolmo, Helsinki, Londres-Gatwick o Venecia. No, la terminal no es un “agravio” a Tenerife.
Pero es que, además, ya se está construyendo una terminal en el Aeropuerto del Sur, por valor de 54 millones de euros, que incrementará la superficie en un 50%, al sumarse a otra terminal nueva, que costó 39 millones de euros, pero que no se usa desde 2009. La Asociación de Líneas Aéreas afirmó públicamente que la terminal que se está construyendo es suficiente y que no quiere un megaedificio porque la Ley 18/2014 obliga a las compañías a pagar, a través de tarifas, esas inversiones. Es decir, la terminal de 400 millones podría dañar la competitividad del sector turístico por repercutir sus costes en los billetes de avión. Casi nada.
Si se evita el despilfarro de otra nueva terminal volverán a pedir la segunda pista del Aeropuerto del Sur, un despilfarro de 200 millones al que no renuncia el liderazgo político-empresarial local. ¿Recuerdan al presidente del Cabildo tinerfeño diciendo, en 2004, que el Aeropuerto del Sur colapsaría en 2015? ¿Alguien recuerda las previsiones de AENA de 16 millones de viajeros para ese año (frente a los 9 millones que realmente hubo)? Mintieron tanto con la necesidad de una segunda pista que, en junio de 2005, una encuesta del Cabildo de Tenerife señalaba que la segunda pista era la gran infraestructura mejor valorada por la ciudadanía. En 2018, AENA informó que en el período de mayor tráfico de la historia del Aeropuerto del Sur la pista había estado sólo al 46,2% de su capacidad (de 7:00 a 23:00 horas). Nadie se preguntó por qué el Aeropuerto de Gatwick, en Londres, podía mover 35 millones de viajeros anuales, con una sola pista, pero el Aeropuerto del Sur necesita dos pistas para mover la tercera parte.
Todo apunta a que numerosos representantes políticos, empresariales y medios de comunicación van a seguir engañando sin escrúpulos a la ciudadanía para despilfarrar dinero público en obras innecesarias. Y que, además, suponen no ejecutar obras necesarias: con la terminal de 400 millones se podrían construir 4.600 viviendas. En fin, tenemos la responsabilidad de desenmascarar a los del NO al NO al despilfarro del dinero público.