Espacio de opinión de Canarias Ahora
Licencias para la discordia
El Estado sólo había dado a Canarias autorización para estas 156 de 694 solicitudes, lo que equivalía de facto y “ab initio” a dejar fuera a centenares de emisoras de todos los tamaños y espectro ideológico, que ocupaban el espacio radioeléctrico creando puestos de trabajo en un sector muy afectado por la crisis. Falta para la adjudicación definitiva la documentación complementaria a presentar en un plazo de quince días desde las fechas apuntadas (básicamente, estar al día en Hacienda y la Seguridad Social), y la firma del documento administrativo concesor. Y, por supuesto, las decisiones judiciales que sobrevengan.
El “caos” había comenzado mucho antes, cuando un total de 40 empresas radiofónicas de Canarias se quedaban fuera del concurso de licencias de frecuencias en las islas convocado por la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, porque el gabinete jurídico madrileño 'D & R' habría presentado fuera de plazo la documentación requerida para poder acceder al Concurso de Licencias para la Prestación de Servicios de Comunicación Radiofónica en las Ondas Métricas de Modulación de Frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias(30 de septiembre de 2010). Recordemos que la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, por su parte, adoptaba el 28 de diciembre de 2010 una resolución por la que se ampliaba el plazo inicial para resolver el concurso público de licencias de comunicación radiofónica. Con esta nueva actuación se aplazaba la resolución del concurso por 3 meses más de los inicialmente concedidos por el Decreto 80/2010 y por las bases reguladoras del procedimiento selectivo. Así, el plazo para resolver quedaba fijado para el 29 de abril de 2011, entendiendo que el plazo de los 9 meses (6 meses + 3 de ampliación) comienza a contar desde el día de la publicación de las bases (29 de julio de 2010). Y aquí está el quid de la cuestión?¿Si se cambian las condiciones de partida, por qué no se incluyen las 40 empresas que por una causa ajena incumplieron el plazo establecido en aras al fomento de la libertad de información y de la diversidad del espectro radioeléctrico? Es más: ¿Por qué se amplía el plazo para lo ampliado y no para que se habilite un período para la subsanación formal de las 40 empresas afectadas por la presunta dejadez dolosa o culposa del despacho de abogados madrileño, en aras a la defensa efectiva de la libertad de información?
La rueda de prensa gubernamental fue también y cuando menos curiosa, hablando de logaritmos incomprensibles y de decimales hasta la centésima. Buñuel se habría quedado corto si hubiera argumentado el guión desarrollado. Es igualmente y cuando menos curioso que la emisora más beneficiada con este nuevo reparto, con esta preadjudicación provisional a falta de la definitiva en plazo inminente, con 32 de las 35 frecuencias que solicitó, haya sido 7.7 Radio, del periodista Francisco Javier Chavanel, que presuntamente tiene detrás a “Informaciones Canarias”, editora de Canarias7, que no concurrió, como la lógica implícita implica, a esta licitación de forma directa. Miguel Concepción, Presidente aún del Club Deportivo Tenerife, copartícipe del “pacto de la abuela”, también ha sido beneficiado en este reparto y preadjudicación provisional con 27 frecuencias. ¿Cuáles eran las condiciones reales del mismo para que la Ser, la Cope, Radio Marca y Onda Cero recibieran lo que han recibido frente a las 59 licencias previamente referidas y citadas de los otros 2 preadjudicatarios? ¿Dónde está, pues, la imparcialidad y objetividad presumibles en todo concurso público?¿Se puede hablar visto lo visto y gubernamentalmente de “transparencia absoluta”?La sombra de los tribunales vuelve, pues, a ser alargada. Por cierto, la cuando menos victimista editorial de El Día del día 8 de junio debería ser cuando menos objeto de colección periodística, de análisis crítico para enseñarla en las facultades de Ciencias de la Información y de Periodismo, comparativamente con el histórico del medio, para analizarla desde su argumentativa intrínseca, sabiendo en verdad lo que ese periódico históricamente ha representado y representa fácticamente en Tenerife. ¿Es coherente que un periódico que viene de donde viene se defina ahora independentista pero diga que Soria debe ser el Presidente de Canarias por su proyecto de orden y moral, y que después de decir mes tras mes que confiaba en Paulino Rivero ahora le llame por lo que le llama “déspota inepto” y “hombre de campo resentido”? ¿Es coherente que presuma ese medio de liderar un proyecto político con “cientos de miles” de seguidores, cuando apenas ha sacado algo más de dos mil votos en las pasadas elecciones autonómicas? ¿Es coherente que, hace dos años, el 18 de julio de 2009, alabara en una misma editorial al dictador Francisco Franco y al independentismo político canario? ¿ Debe hablar de ordenación del sector un Director de un medio que ha visto como la Guardia Civil entraba el 25 de mayo de 2005 en uno de sus despachos editoriales por problemas jurídico-legales en un medio radiofónico y en un medio audiovisual tinerfeño? Por supuesto, las voces críticas han tenido el resultado que han tenido. Cero patatero. ¿Dónde está, pues, en Canarias, la libertad de información? ¿Dónde el control del cuarto poder sobre los otros tres poderes? El Gobierno ha desoído incluso a la mayoría del Parlamento, que aprobó el pasado 15 de diciembre de 2010 con los 41 votos de PSC y PP una Proposición No de Ley en la que se instaba en esencia al Gobierno de Paulino Rivero a posponer la resolución concursal de las licencias hasta la conformación del nuevo mapa electoral, en cuya conformación aún estamos inmersos. ¿Entrará la policía nacional en las emisoras de radio para clausurarlas cuando el concurso y las notificaciones se realicen de forma definitiva y fehaciente a partir de los próximos días? No demos ideas?Y mientras, creamos en la justicia, que seguramente volverá a intervenir en este ya largo, caótico e irregular proceso.
José Carlos Gil MarÃn
El Estado sólo había dado a Canarias autorización para estas 156 de 694 solicitudes, lo que equivalía de facto y “ab initio” a dejar fuera a centenares de emisoras de todos los tamaños y espectro ideológico, que ocupaban el espacio radioeléctrico creando puestos de trabajo en un sector muy afectado por la crisis. Falta para la adjudicación definitiva la documentación complementaria a presentar en un plazo de quince días desde las fechas apuntadas (básicamente, estar al día en Hacienda y la Seguridad Social), y la firma del documento administrativo concesor. Y, por supuesto, las decisiones judiciales que sobrevengan.
El “caos” había comenzado mucho antes, cuando un total de 40 empresas radiofónicas de Canarias se quedaban fuera del concurso de licencias de frecuencias en las islas convocado por la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, porque el gabinete jurídico madrileño 'D & R' habría presentado fuera de plazo la documentación requerida para poder acceder al Concurso de Licencias para la Prestación de Servicios de Comunicación Radiofónica en las Ondas Métricas de Modulación de Frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias(30 de septiembre de 2010). Recordemos que la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, por su parte, adoptaba el 28 de diciembre de 2010 una resolución por la que se ampliaba el plazo inicial para resolver el concurso público de licencias de comunicación radiofónica. Con esta nueva actuación se aplazaba la resolución del concurso por 3 meses más de los inicialmente concedidos por el Decreto 80/2010 y por las bases reguladoras del procedimiento selectivo. Así, el plazo para resolver quedaba fijado para el 29 de abril de 2011, entendiendo que el plazo de los 9 meses (6 meses + 3 de ampliación) comienza a contar desde el día de la publicación de las bases (29 de julio de 2010). Y aquí está el quid de la cuestión?¿Si se cambian las condiciones de partida, por qué no se incluyen las 40 empresas que por una causa ajena incumplieron el plazo establecido en aras al fomento de la libertad de información y de la diversidad del espectro radioeléctrico? Es más: ¿Por qué se amplía el plazo para lo ampliado y no para que se habilite un período para la subsanación formal de las 40 empresas afectadas por la presunta dejadez dolosa o culposa del despacho de abogados madrileño, en aras a la defensa efectiva de la libertad de información?