Mari Luz y las vergüenzas del Poder Judicial

Desde el día en que fue localizado el cadáver de su hija hasta la detención de presunto asesino el pasado 26 de marzo, Juan José Cortés ha mostrado una entereza a prueba de golpes y de injurias. El padre de la chiquilla ha tenido que ver cómo publicaban noticias que lo responsabilizaban de la muerte de la pequeña, algunos llegaron a publicar que se trataba de “una venganza típica entre las familias gitanas”. Juan José pidió desde el primer momento que había que dejar trabajar a la justicia. Hace unos días hubo una manifestación en el barrio de Torrejón en solidaridad con la familia de Mari Luz, en la foto del periódico se podía comprobar que la práctica totalidad de los manifestantes eran de raza gitana, menos un ciudadano africano de piel negra. Los apologetas del racismo han perdido un caso en el asesinato de Mari Luz. En este caso la víctima es gitana y el asesino es un españolito de raza blanca. La comunidad gitana no ha convocado una manifestación para pedir que expulsen del barrio a los que no sean de su etnia, como sí ha ocurrido en otras ocasiones cuando el homicida era un gitano.

Antes de ser detenido por la muerte de Mari Luz, Santiago del Valle acudía dos veces al mes a un juzgado para cumplir las medidas cautelares que le habían impuesto por tocamientos a una menor de 8 años en diciembre de 2006. Incluso después de la muerte de Mari Luz el presunto homicida se acercó a un juzgado de Cuenca a firmar, mientras Santiago firmaba en Cuenca el juzgado número 1 de Sevilla consideraba que Santiago del Valle estaba en paradero desconocido. No había orden de búsqueda y captura contra su persona a pesar de que sobre él pesaba una condena firme desde el año 2005. Se han contando decenas de historias para justificar esta situación, la más difundida es la muestra de las horrorosas consecuencias que puede tener la burocracia: la funcionaria que tenía que ejecutar la sentencia estuvo cinco meses de baja sin ser sustituida y eso provocó que en ese juzgado se paralizaran más de seiscientas sentencias en fases de ejecución,

Santiago tenía en total tenía por lo menos cinco causas judiciales por abusos sexuales y varias por falsificación de documento. Sin embargo, no existía ninguna orden de búsqueda y captura contra él. Resulta curioso que un hombre que los peritos médicos consideran que sufre un retraso mental, ha podido burlarse en plena sociedad de la información del control de varios jueces e incluso de una inspección realizada por el máximo órgano de gobierno de los magistrados. El Consejo General del Poder Judicial tiene mayoría conservadora debido a que no se han renovado a sus miembros desde hace siete años a pesar de que la Constitución española dice que deben elegirse cada cinco años. Este órgano de los jueces sí fue capaz de vigilar de cerca las leyes de carácter progresista que fueron aprobadas con los votos de la mayoría del Congreso de los Diputados la legislatura pasada. El Consejo del Poder General Judicial fue muy diligente el 8 de enero de 2005 cuando su comisión de estudios aprobó un informe contra la ley de parejas homosexuales, en ese estudio se decía literalmente que los matrimonios entre homosexuales “suponen un cambio tan radical como llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o entre un hombre y un animal”. Ante la polémica desatada por la publicación del estudio el presidente del Consejo pidió los ponentes conservadores que retirasen la frase y al final lo hicieron. Es una lástima que el máximo órgano de los jueces españoles se haya dedicado a realizar y aprobar estudios tan fascistoides en lugar de invertir su tiempo, por ejemplo, en vigilar el trabajo de los jueces para evitar que un señor condenado con sentencia firme por abusos sexuales contra su hija siguiera libre, y que además haya vuelto a reincidir en sus delitos y a salir por la televisión acusando a otros de los abusos que él cometía. Porque si en lugar de frenar las leyes progresistas se hubieran dedicado a vigilar a los jueces para que hicieran cumplir las sentencias contra un pederasta, Mari Luz estaría viva y Santiago del Alba hubiera ingresado en prisión hace tres años.

Juan García Luján

Desde el día en que fue localizado el cadáver de su hija hasta la detención de presunto asesino el pasado 26 de marzo, Juan José Cortés ha mostrado una entereza a prueba de golpes y de injurias. El padre de la chiquilla ha tenido que ver cómo publicaban noticias que lo responsabilizaban de la muerte de la pequeña, algunos llegaron a publicar que se trataba de “una venganza típica entre las familias gitanas”. Juan José pidió desde el primer momento que había que dejar trabajar a la justicia. Hace unos días hubo una manifestación en el barrio de Torrejón en solidaridad con la familia de Mari Luz, en la foto del periódico se podía comprobar que la práctica totalidad de los manifestantes eran de raza gitana, menos un ciudadano africano de piel negra. Los apologetas del racismo han perdido un caso en el asesinato de Mari Luz. En este caso la víctima es gitana y el asesino es un españolito de raza blanca. La comunidad gitana no ha convocado una manifestación para pedir que expulsen del barrio a los que no sean de su etnia, como sí ha ocurrido en otras ocasiones cuando el homicida era un gitano.

Antes de ser detenido por la muerte de Mari Luz, Santiago del Valle acudía dos veces al mes a un juzgado para cumplir las medidas cautelares que le habían impuesto por tocamientos a una menor de 8 años en diciembre de 2006. Incluso después de la muerte de Mari Luz el presunto homicida se acercó a un juzgado de Cuenca a firmar, mientras Santiago firmaba en Cuenca el juzgado número 1 de Sevilla consideraba que Santiago del Valle estaba en paradero desconocido. No había orden de búsqueda y captura contra su persona a pesar de que sobre él pesaba una condena firme desde el año 2005. Se han contando decenas de historias para justificar esta situación, la más difundida es la muestra de las horrorosas consecuencias que puede tener la burocracia: la funcionaria que tenía que ejecutar la sentencia estuvo cinco meses de baja sin ser sustituida y eso provocó que en ese juzgado se paralizaran más de seiscientas sentencias en fases de ejecución,