Lo que oculta el debate eurofriki

PP y PSOE han apoyado idéntica concepción neoliberal de Europa al respaldar la Constitución Europea, el Tratado de Lisboa y el candidato del Partido Popular Europeo para presidir la Comisión Europea. Ambos respaldaron la Directiva Bolkestein, la Directiva del Retorno contra los derechos humanos de los inmigrantes, la invasión de Afganistán y ambos rechazaron la propuesta de la izquierda europea para sancionar a Israel por la barbarie de Gaza. No apoyaron el Informe Auken sobre abusos urbanísticos en España, ni se sienten incómodos por el hecho de que el Parlamento Europeo tenga menos competencias que cualquier parlamento de cualquier estado miembro.

Cuando los ministros de Trabajo de la UE votaron la directiva que permitía una semana laboral de hasta 65 horas, el ministro español se abstuvo. No fue capaz de votar en contra de lo que él mismo describió como “una regresión en la agenda social”. Asimismo, se nos informó del rechazo exitoso a la versión original de la Directiva Bolkestein, por parte del Parlamento Europeo, con su “principio de país de origen”, es decir, la posibilidad de que, por ejemplo, una empresa rumana pagara a sus trabajadores rumanos en España salarios rumanos. Pero no se nos contó que PP y PSOE habían apoyado los textos legales que permiten el retorno del “principio de país de origen” por la puerta de atrás.

El Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que es legal que una subcontrata polaca, que construye un edificio público en Alemania, pague a sus trabajadores salarios inferiores, en más de un 50%, al salario alemán del sector. El Tribunal de Justicia también avaló que trabajadores letones, que construían una escuela en Suecia, cobraran salarios inferiores a los del país escandinavo y falló contra los sindicatos suecos que se movilizaron contra tal dumping social. Hay otros dos casos similares en Finlandia y Luxemburgo. El Tribunal de Justicia ha fundamentado sus decisiones en la directiva sobre desplazamiento de trabajadores y en dos artículos del Tratado de la UE. La libertad de establecimiento de las empresas y la libertad de prestación de servicios prevalecen sobre los derechos laborales.

Esta carga de profundidad contra los trabajadores europeos se complementa con la estrategia de la flexiseguridad. El Libro Verde sobre modernización del derecho laboral de la Comisión Europea constata que hay ya muchas personas con “situaciones laborales precarias e informales”. Por lo tanto, según la Comisión, para combatir el desempleo ya no se trata de crear más empleo precario, con escasa protección social, sino de revisar los contratos laborales indefinidos, “los contratos clásicos en lo relativo a los plazos de preaviso, los costes y procedimientos de despido individual o colectivo, o la definición de despido improcedente”. Es decir, en vez de mejorar los contratos precarios, habría que precarizar los contratos buenos, o sea, en vez de sanar al enfermo, habría que enfermar al sano, para así evitar las diferencias entre trabajadores, o, dicho en eurojerga, para así evitar la “segmentación del mercado laboral”.

Los contratos laborales estables, afirma el Libro Verde, con “cláusulas y condiciones demasiado protectoras, pueden desanimar a los empleadores a contratar durante los períodos de bonanza económica”. Para la Comisión Europea es obvio que el empleo de calidad provoca desempleo, pero ha sido el propio Parlamento Europeo el que le ha recordado que, según la OCDE, la legislación de protección laboral apenas influye en la tasa total de empleo. En cualquier caso, la Comisión no pierde de vista su objetivo de degradar las condiciones laborales.

Mientras las decisiones del Tribunal de Justicia impulsan el dumping social y la estrategia de la flexiseguridad busca debilitar el derecho laboral, la situación de los trabajadores empeora. En la Europa de los Quince el porcentaje de población que declara trabajar en condiciones estresantes pasó del 32%, en 1991, al 44%, en 2005. De 2002 a 2007, el empleo temporal pasó de representar el 12.4% del total al 14.4% y el empleo a tiempo parcial aumentó del 15.7% al 17.6%. Los salarios pasaron de representar el 67.4% de la renta, en 2003, al 66%, en 2007.

Las políticas del PSOE y el PP en la UE son corresponsables de la situación descrita. Y, mientras las decisiones europeas sobre empleo afectarán intensamente nuestras vidas, la apisonadora bipartidista se ha enfrascado en su debate eurofriki y ha ocultado lo que está pasando y las alternativas a la situación actual.

Izquierda Unida plantea la necesidad de derogar los textos legales que posibilitaron las sentencias mencionadas. Considera esencial aumentar la participación de los trabajadores en la renta mediante un salario mínimo, que suponga el 60% del salario medio, la implantación de la jornada laboral de las 35 horas y establecer una renta básica. Todo ello en el contexto de la armonización fiscal europea y la democratización institucional. En suma, hay alternativas a lo que ocurre en la UE y en nuestro país. Hay vida más allá del PSOE y el PP.

*Coordinador de Izquierda Unida en Tenerife

Ramón Trujillo*

PP y PSOE han apoyado idéntica concepción neoliberal de Europa al respaldar la Constitución Europea, el Tratado de Lisboa y el candidato del Partido Popular Europeo para presidir la Comisión Europea. Ambos respaldaron la Directiva Bolkestein, la Directiva del Retorno contra los derechos humanos de los inmigrantes, la invasión de Afganistán y ambos rechazaron la propuesta de la izquierda europea para sancionar a Israel por la barbarie de Gaza. No apoyaron el Informe Auken sobre abusos urbanísticos en España, ni se sienten incómodos por el hecho de que el Parlamento Europeo tenga menos competencias que cualquier parlamento de cualquier estado miembro.

Cuando los ministros de Trabajo de la UE votaron la directiva que permitía una semana laboral de hasta 65 horas, el ministro español se abstuvo. No fue capaz de votar en contra de lo que él mismo describió como “una regresión en la agenda social”. Asimismo, se nos informó del rechazo exitoso a la versión original de la Directiva Bolkestein, por parte del Parlamento Europeo, con su “principio de país de origen”, es decir, la posibilidad de que, por ejemplo, una empresa rumana pagara a sus trabajadores rumanos en España salarios rumanos. Pero no se nos contó que PP y PSOE habían apoyado los textos legales que permiten el retorno del “principio de país de origen” por la puerta de atrás.