La verdadera oposición

El último informe de la Fundación Alternativas sobre la democracia en España, titulado “Democracia sin política”, es categórico. La auditoría anual de este centro de pensamiento señala que la democracia española apenas alcanza una nota media de 5,2 debido, según Belén Barreiros, directora del Laboratorio de la Fundación, a “una sociedad desigual, empobrecida y desafecta, aunque no pasiva; una política superada por las circunstancias, impotente y, a la vez, seriamente dañada por la corrupción y un deterioro institucional que ha afectado a la práctica totalidad de las instituciones, desde el Gobierno hasta la Monarquía”. La publicación destaca, igualmente, el menoscabo del derecho a una sanidad de calidad, la pérdida de derechos de los trabajadores, el cuestionamiento de lo conseguido en las últimas décadas, la ruptura progresiva entre la ciudadanía y las élites, la caída del bipartidismo y el que “cada vez quedan menos espacios saludables en la democracia y la tendencia es descendente en todas las áreas”.

Pero este no es el único estudio que ha visto la luz en los últimos días. El INE acaba de hacer pública la Encuesta de Condiciones de Vida en la que se constata que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de España volvió a aumentar el año pasado hasta alcanzar, según el indicador AROPE, un 27,3% (unos 13 millones de personas) con un repunte de la pobreza infantil que se cifra en un 31,9% (2,5 millones de menores de 16 años), solamente por detrás de Rumanía y Grecia. Son datos estremecedores: uno de cada cinco españoles (más de nueve millones de personas) vive por debajo del umbral de la pobreza; el 17% de los hogares llega a final de mes con mucha dificultad; el 41% de las familias no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (el 64,1% en Canarias); el 45,8% no puede salir de vacaciones ni siquiera una semana al año...

El informe anual sobre la situación social en España de la Fundación 1º de Mayo de CCOO, también señala que, según el coeficiente Gini, mientras la desigualdad disminuye en Europa, España se ha convertido en el país donde se produce la mayor desigualdad de ingresos entre ricos y pobres ya que la población con más recursos cobra siete veces más que la población más necesitada. Y apunta más datos: una de cada cuatro personas (seis millones) que quieren trabajar no pueden hacerlo; casi un millón de jóvenes se encuentra en paro; el 36% de las personas desempleadas lleva 2 años o más en esa situación; más de 800.000 no recibe ningún tipo de prestación económica; más de 4,6 millones de hogares son sostenidos por una persona jubilada o pensionista; el volumen de personas que tiene un puesto de trabajo y que se encuentra en riesgo de pobreza sigue aumentando; la reducción de la tasa de cobertura de desempleo está dejando cada vez a más población sin recursos para subsistir...

Es lo que plantea la Fundación Foessa: después de seis años de crisis, “hoy, en España, las personas que no padecen ningún tipo de exclusión social se han convertido en una estricta minoría”. El panorama es de más paro estructural; de empleo que se crea solo con carácter temporal; de salarios más bajos; de caída de las rentas más bajas (a niveles del año 2000) y de aumento de la desigualdad en su reparto; de miseria creciente y de derechos menguantes; de reducción de los accesos a los recursos públicos; de pobreza que se ha hecho más extensa y crónica y de fractura social que se ensancha en un 45%...

También la agencia de trabajo temporal Adecco ha venido a señalar que, entre otras causas por la reforma laboral, el salario medio español experimentó en el último ejercicio su primer descenso desde 1949; que el salario bruto de los trabajadores españoles era el año pasado un 17,1% menor que la media europea y que se ha perdido un 4,1% de poder adquisitivo desde el inicio de la crisis.

Podría seguir citando informes y estadísticas, pero no quiero hacer más cansina ni angustiosa la lectura de este texto. Desgraciadamente es la realidad más cruel, a la que nos ha llevado la política de austericidio de la troika, los gobiernos colaboradores y las oposiciones ausentes por incapacidad o complicidad. Pero no les basta el sufrimiento causado y exigen más; el FMI, a la par que se hacían públicos la mayoría de los informes que he citado anteriormente, se acercó a Madrid para prescribir nuevas recetas al Gobierno cautivo de Mariano Rajoy. Para esta institución económica garante del capitalismo sin alma, cuya directora gerente, Christine Lagarde, cobra anualmente más de 400.000 euros, el Gobierno debe subir el IVA y gravar, por lo tanto, a los más pobres, dar más facilidad para que se bajen los sueldos y para que se flexibilicen los contratos laborales y facilitar quitas a las deudas privadas, perdones de deudas empresariales a la Seguridad Social y desregulaciones administrativas salvajes... Y como si fuera por casualidad, dos o tres días después la Comisión Europea se alinea con el FMI y exige a España la subida del IVA, la bajada de las cotizaciones y una vuelta de tuerca a la reforma laboral.

El ninguneo a la ciudadanía y a la democracia es cada vez mayor. Pero lejos de escuchar a las encuestas que hablan claramente del rechazo de la ciudadanía al funcionamiento de los partidos, al sistema electoral y al entreguismo de los gobiernos de turno a las élites económicas y lejos de analizar el batacazo del bipartidismo en las elecciones europeas y el aumento del voto hacia formaciones antes minoritarias o inexistentes, el PP y el PSOE se enrocan en posiciones numantinas de autoprotección que profundizan en el desapego y el rechazo ciudadano. El bipartidismo no ha muerto. Está vivo. Se resiste y saca las uñas. Y sigue dando la espalda a los ciudadanos. Y por eso sale Felipe González acusando a Podemos de alternativa bolivariana o Pedro Arriola llamándoles frikis. Se ponen nerviosos los partidos de la “moderación y la centralidad”, como los llama José María Lassalle, y descargan toda su batería de improperios calificando de antisistemas, radicales, chavistas, populistas, extremistas o filoetarras a los que consiguieron despertar la ilusión de la ciudadanía.

Y empiezan a moverse. Y sacan al rey bajo palio, portando las varas los socialdemócratas y los populares. Y aspiran así a distraernos de lo que realmente está sucediendo. El rey se va “orgulloso de lo que ha dejado” y nos pretenden vender que un relevo generacional, con la oportuna campaña mediática, va a ser la solución. Y no comprenden que ese no es el cambio que demanda la ciudadanía.

No se cuestionan en ningún momento que hay que plantar cara a la troika y defender la independencia de la política frente a los poderes económicos; que hay que regenerar la democracia y darle la vuelta a un sistema que está podrido; que hay que combatir la corrupción, democratizar los partidos y transparentar las instituciones; que tenemos que recuperar los derechos y las libertades que se han cercenado; que no puede haber democracia sin equidad ni igualdad; que la mentira no pude sustentar la acción política; que es preciso un sistema electoral justo, que la independencia de los poderes es fundamental...

Pero hay esperanza. Lo cierto es que, como señala el informe de la Fundación Alternativas con el que abro este artículo, el papel de la oposición se ha modificado sustancialmente. Mientras el PSOE no recoge la pérdida de apoyos electorales del PP, los partidos pequeños aumentan y la sociedad, que no se siente representada en el sistema democrático, porque no se cuenta con ella para lo que de verdad importa y porque percibe que el camino que se está tomando no es el de la igualdad, se vuelve entonces más solidaria y activa y se moviliza haciendo oposición en las calles o decantándose por organizaciones políticas que han sabido conectar con buena parte del descontento. No hay apatía por la política entonces, sino por la manera de hacer política.

El último informe de la Fundación Alternativas sobre la democracia en España, titulado “Democracia sin política”, es categórico. La auditoría anual de este centro de pensamiento señala que la democracia española apenas alcanza una nota media de 5,2 debido, según Belén Barreiros, directora del Laboratorio de la Fundación, a “una sociedad desigual, empobrecida y desafecta, aunque no pasiva; una política superada por las circunstancias, impotente y, a la vez, seriamente dañada por la corrupción y un deterioro institucional que ha afectado a la práctica totalidad de las instituciones, desde el Gobierno hasta la Monarquía”. La publicación destaca, igualmente, el menoscabo del derecho a una sanidad de calidad, la pérdida de derechos de los trabajadores, el cuestionamiento de lo conseguido en las últimas décadas, la ruptura progresiva entre la ciudadanía y las élites, la caída del bipartidismo y el que “cada vez quedan menos espacios saludables en la democracia y la tendencia es descendente en todas las áreas”.

Pero este no es el único estudio que ha visto la luz en los últimos días. El INE acaba de hacer pública la Encuesta de Condiciones de Vida en la que se constata que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de España volvió a aumentar el año pasado hasta alcanzar, según el indicador AROPE, un 27,3% (unos 13 millones de personas) con un repunte de la pobreza infantil que se cifra en un 31,9% (2,5 millones de menores de 16 años), solamente por detrás de Rumanía y Grecia. Son datos estremecedores: uno de cada cinco españoles (más de nueve millones de personas) vive por debajo del umbral de la pobreza; el 17% de los hogares llega a final de mes con mucha dificultad; el 41% de las familias no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (el 64,1% en Canarias); el 45,8% no puede salir de vacaciones ni siquiera una semana al año...