Pediatría negligente en el Materno

Este fin de semana supimos de la condena judicial al Servicio Canario de Salud por parte de la titular de lo Contencioso Administrativo número tres de Las Palmas de Gran Canaria, María Olimpia del Rosario Palenzuela. En dicha sentencia se multa al Gobierno de Canarias con la cantidad de 800.000 euros por un parto que dejó parapléjico a un recién nacido. Como el caso procede desde 1997 y la sentencia ordena que tanto las costas como los intereses tendrán que ser devengados por la Administración, la actuación médica costará al erario público la nada despreciable cantidad de un millón de euros aproximadamente. La actuación de la juez se basa en un demoledor informe del Consejo Consultivo en el que deja bien a las claras que las decisiones adoptadas por los médicos que participaron en el parto están directamente relacionadas con las secuelas que quedaron en el niño. El informe concluye que hubo negligencia al no efectuarse una ecografía a la madre, asunto vital durante las ocho horas en la que la parturienta permaneció en el hospital. Tanto la autoridad judicial como el Consultivo muestran su sorpresa por no tomarse una determinación de libro, cuando “parecía indispensable a la vista de los antecedentes de obesidad y macrosomía, y derivado del hecho de que la cesárea había sido prescrita como necesaria por el ginecólogo del SCS que había seguido el embarazo”.¿Error individual, imputable exclusivamente a los médicos que intervinieron en el suceso; o es el resumen de una política instalada en el Hospital Materno Infantil desde que Ican controlase la sanidad de la provincia oriental, sobre todo desde que colocase al frente del Servicio de Pediatría a José Angel García?Del citado García, en la actualidad mano derecha de María del Mar Julios, sabemos algunas cosas. En 2003, en medio de una crisis desatada en el Materno entre profesionales que le acusaban de intervencionista y él que se había declarado deseoso de echar a la calle a los más prestigiosos pediatras de la sanidad pública, se le escuchó: “No queremos por aquí a ningún Raúl”. Se refería García al Raúl del Real Madrid, por aquellas bastante más galáctico que ahora, símbolo del poder de las estrellas frente a los estajonovistas. Era evidente que García quería un equipo de obreros donde la figura, si acaso, fuera él. Y así fue. 17 años dan para mucha guadaña. De hecho los hombres que le han otorgado prestigio y seguridad al Materno ya no están. La mayoría de ellos se fueron a la privada porque no les quedó otro remedio que elegir entre sus credos profesionales o hacerle la ola a una suerte de “césar imperator” venido de la noche del estalinismo. Otros huyeron lejos de las Islas. A otros se les hizo mobbing, se les vejó, se les pisoteó en su prestigio, y se les envió más allá de la frontera, a los centros de salud del Norte y del Sur, hasta que aprendieran la lección, pidieran perdón, y entonces vueltos a casa completamente domados. Los que se negaron por ahí siguen: verdaderos números uno alejados del lugar donde más se les necesita.Uno de los motivos esenciales de la polémica a la que hago referencia a golpe de material de archivo era que García se mostraba partidario de retrasar las cesáreas. Sus críticos aducían que con esa forma de proceder se ganaban puntos en el mercado de las subvenciones, en los congresos, en las preferencias de las conferencias nacionales. O sea, a menos operaciones de cesáreas más partos completamente naturalesÂ…, y más currículum. Sí, salvo que surgieran “daños colaterales” como el que nos ocupa.¿Es el único caso o es uno de tantos? ¿Existe un protocolo en el que se ordena taxativamente a los pediatras del Materno a intentar por todos los medios evitar las cesáreas? ¿Ese protocolo figura por escrito o es trasladado desde las alturas de forma verbal? ¿Podrá el miedo instalado en el Materno desvelar un elemento fundamental para las parturientas que acuden a él? A raíz de la gravedad económica de la condena, de los sospechosos antecedentes conocidos, de la singularidad aberrante del hecho, ¿no está tardando demasiado el Gobierno de Canarias en abrir una investigación con el objeto de tranquilizar a una población que cada vez se hace más preguntas?

Francisco J. Chavanel

Este fin de semana supimos de la condena judicial al Servicio Canario de Salud por parte de la titular de lo Contencioso Administrativo número tres de Las Palmas de Gran Canaria, María Olimpia del Rosario Palenzuela. En dicha sentencia se multa al Gobierno de Canarias con la cantidad de 800.000 euros por un parto que dejó parapléjico a un recién nacido. Como el caso procede desde 1997 y la sentencia ordena que tanto las costas como los intereses tendrán que ser devengados por la Administración, la actuación médica costará al erario público la nada despreciable cantidad de un millón de euros aproximadamente. La actuación de la juez se basa en un demoledor informe del Consejo Consultivo en el que deja bien a las claras que las decisiones adoptadas por los médicos que participaron en el parto están directamente relacionadas con las secuelas que quedaron en el niño. El informe concluye que hubo negligencia al no efectuarse una ecografía a la madre, asunto vital durante las ocho horas en la que la parturienta permaneció en el hospital. Tanto la autoridad judicial como el Consultivo muestran su sorpresa por no tomarse una determinación de libro, cuando “parecía indispensable a la vista de los antecedentes de obesidad y macrosomía, y derivado del hecho de que la cesárea había sido prescrita como necesaria por el ginecólogo del SCS que había seguido el embarazo”.¿Error individual, imputable exclusivamente a los médicos que intervinieron en el suceso; o es el resumen de una política instalada en el Hospital Materno Infantil desde que Ican controlase la sanidad de la provincia oriental, sobre todo desde que colocase al frente del Servicio de Pediatría a José Angel García?Del citado García, en la actualidad mano derecha de María del Mar Julios, sabemos algunas cosas. En 2003, en medio de una crisis desatada en el Materno entre profesionales que le acusaban de intervencionista y él que se había declarado deseoso de echar a la calle a los más prestigiosos pediatras de la sanidad pública, se le escuchó: “No queremos por aquí a ningún Raúl”. Se refería García al Raúl del Real Madrid, por aquellas bastante más galáctico que ahora, símbolo del poder de las estrellas frente a los estajonovistas. Era evidente que García quería un equipo de obreros donde la figura, si acaso, fuera él. Y así fue. 17 años dan para mucha guadaña. De hecho los hombres que le han otorgado prestigio y seguridad al Materno ya no están. La mayoría de ellos se fueron a la privada porque no les quedó otro remedio que elegir entre sus credos profesionales o hacerle la ola a una suerte de “césar imperator” venido de la noche del estalinismo. Otros huyeron lejos de las Islas. A otros se les hizo mobbing, se les vejó, se les pisoteó en su prestigio, y se les envió más allá de la frontera, a los centros de salud del Norte y del Sur, hasta que aprendieran la lección, pidieran perdón, y entonces vueltos a casa completamente domados. Los que se negaron por ahí siguen: verdaderos números uno alejados del lugar donde más se les necesita.Uno de los motivos esenciales de la polémica a la que hago referencia a golpe de material de archivo era que García se mostraba partidario de retrasar las cesáreas. Sus críticos aducían que con esa forma de proceder se ganaban puntos en el mercado de las subvenciones, en los congresos, en las preferencias de las conferencias nacionales. O sea, a menos operaciones de cesáreas más partos completamente naturalesÂ…, y más currículum. Sí, salvo que surgieran “daños colaterales” como el que nos ocupa.¿Es el único caso o es uno de tantos? ¿Existe un protocolo en el que se ordena taxativamente a los pediatras del Materno a intentar por todos los medios evitar las cesáreas? ¿Ese protocolo figura por escrito o es trasladado desde las alturas de forma verbal? ¿Podrá el miedo instalado en el Materno desvelar un elemento fundamental para las parturientas que acuden a él? A raíz de la gravedad económica de la condena, de los sospechosos antecedentes conocidos, de la singularidad aberrante del hecho, ¿no está tardando demasiado el Gobierno de Canarias en abrir una investigación con el objeto de tranquilizar a una población que cada vez se hace más preguntas?

Francisco J. Chavanel