Perroflautas de orden

Al final le salió bien la jugada a Pedro Sánchez. Ya no es necesario que se dé prisa para reformar la forma de elección del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional porque se ha podido desbloquear el vergonzoso boicot al que el PP y su correa de transmisión en estos órganos habían sometido desde hace más de cuatro años no solo a los poderes del Estado sino a toda la democracia. 

Según la legislación vigente española, el cambio en la correlación de fuerzas parlamentarias debía proyectarse en estas dos instituciones con sendas mayorías progresistas desde hace casi un lustro. El PP, cuando estuvo en el gobierno con Mariano Rajoy y tenía mayoría parlamentaria, nombró a sus jueces de confianza tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. 

Se puede discutir cuál es el mejor método para elegir a los miembros del poder judicial o del Tribunal Constitucional pero mientras no se apruebe otra norma distinta a la actual los partidos políticos y los jueces tienen que cumplir con las leyes y especialmente con la ley de leyes.

Feijóo ha tenido la desvergüenza de exigir al Gobierno que cumpla la Constitución mientras su partido la conculcan desde hace más de cuatro años al bloquear el mandato constitucional de renovar a los miembros de estas dos instituciones. 

Estos son los mismos populares que se autodenominaban constitucionalistas y negaban a los soberanistas catalanes un referéndum porque no lo contemplaba nuestra sacrosanta Constitución. “Para que haya un referéndum primero habría que cambiar las leyes y no hay mayoría parlamentaria para ello”, decían exultantes. 

Pues ahora lo que tienen que hacer es aplicarse ellos el mismo su propio cuento y tomar su propia medicina: si quieren otra forma de elegir el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional primero hay que cambiar las leyes pero mientras tanto habrá que respetar las que existen ya que presumen tanto de ser un partido de orden y tal y cual. 

Cuando el PP está en el poder y elige su mayoría judicial el sistema le parece muy bien pero cuando está en la oposición se convierten en auténticos antisistemas. Cuando están en la posición dicen que los jueces deben ser los que elijan y no el Parlamento pero cuando gobiernan afirman justamente lo contrario.

Ahora deslizan que estos órganos deben ser elegidos por los propios jueces porque son conscientes de que la carrera judicial en España es de mayoría conservadora y ultraconservadora. Eso es como si Podemos dijera que esas instituciones deben ser elegidas por las bandas de rock duro o por los cantautores porque saben que en el sector tienen mayoría. 

Tras la moción de censura a Mariano Rajoy y la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un gobierno progresista en 2018, el cambio también tenía que haberse producido en estos dos órganos fundamentales del Estado. Sin embargo, ni Pablo Casado ni Feijóo han querido cumplir la Constitución y se han revelado y rebelado como políticos antisistema y perroflautas. 

Son anticonstitucionalistas, a pesar de que paradójicamente presumen de ser un partido que cumple rigurosamente con la Constitución. Mentira cochina. Sus dirigentes son tan cínicos y fariseos que se creen con la autoridad de clasificar a los partidos españoles entre los constitucionalistas y los anticonstitucionalistas cuando ellos son los primeros en incumplir y conculcar la Carta Magna. La clásica superioridad moral de la derecha que solo se cree ella.

Todavía hay gente que va de moderada y centrista que echa la culpa al gobierno social comunista de la actual crisis institucional porque el Legislativo y el Ejecutivo cambiaron las normas para elegir a unos órganos bloqueados por la oposición desde hace casi un lustro. El Parlamento y el gobierno solo tenían la alternativa de remover unas normas que impedían la renovación de dos instituciones caducadas, por mucho que los finos quieran llamarlas prorrogadas. Como si estuviésemos en los mundos de Yupi o de Espinete. 

Finalmente, la minoría progresista del Tribunal Constitucional le dio una buena cachetada a la mayoría conservadora presidida por un caducado y caduco González Trevijano, juez de cabecera del Partido Popular y puesto ahí a dedo por M. Rajoy. Fue una victoria trabajada al contraataque. 

Los jueces conservadores se empeñaban una y otra vez en rechazar al candidato de los progresistas y presentaron ellos mismos a dos aspirantes, uno por cada tendencia, para seguir bloqueando la elección en el Tribunal Constitucional. Eso es como si el PP en el Parlamento quisiera elegir no solo a su candidato sino también el propuesto por el PSOE. De locos. 

Hasta ahora cada bloque presentaba su candidato y era respetado por el contrario pero esta vez la cortesía judicial se fue al carajo por el sumidero. 

Sin embargo, no contaron con la jugada maestra del bloque progresista, que finalmente cedió, retiró a su candidato y aceptó que los conservadores eligieran a los dos que correspondía a esta institución para el Consejo General del Poder Judicial. Ante el empecinamiento de la banda de Trevijano, era la única forma de desbloquear este culebrón que parecía la historia interminable con más capítulos que una telenovela turca. 

Al fin y al cabo, de esta manera se ha conseguido que vaya a haber un gobierno progresista de los jueces hasta 2031, en consonancia con lo que votó la gente en las últimas elecciones generales. Lo llaman democracia. ¿No querías caldo?, pues toma dos tazas. A algunos les ha salido el tiro por la culata. 

Lo curioso es que cada bando ha querido vender triunfalmente la operación como si la victoria fuera exclusiva de ellos. Pues mucho mejor. Si todos quedaron contentos y satisfechos, miel sobre hojuelas. El que no se consuela es porque no quiere. Eso sí, feliz y progresista año judicial nuevo. 

Al final le salió bien la jugada a Pedro Sánchez. Ya no es necesario que se dé prisa para reformar la forma de elección del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional porque se ha podido desbloquear el vergonzoso boicot al que el PP y su correa de transmisión en estos órganos habían sometido desde hace más de cuatro años no solo a los poderes del Estado sino a toda la democracia. 

Según la legislación vigente española, el cambio en la correlación de fuerzas parlamentarias debía proyectarse en estas dos instituciones con sendas mayorías progresistas desde hace casi un lustro. El PP, cuando estuvo en el gobierno con Mariano Rajoy y tenía mayoría parlamentaria, nombró a sus jueces de confianza tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional.