Por fin, personas con discapacidad

Cuando se aprobó la Constitución en 1978, esta recogía términos como “disminuido”, que, en aquel momento, como otras expresiones que hoy nos resultan insoportablemente hirientes, estaban admitidas con la mayor naturalidad para referirnos a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

Conociendo el punto de partida, podemos ser más conscientes del enorme camino avanzado, no siempre en línea recta, no siempre exento de dificultad, en el reconocimiento de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad en España. El cambio de mentalidad que hemos vivido, tanto entre la sociedad como entre las instituciones, nos ha hecho darnos cuenta de cuán injusto y empobrecedor es para todos y todas contemplar la discapacidad en clave de problema y no en clave de diversidad.

Una discapacidad física, psíquica o sensorial es una circunstancia personal. Las discapacidades son capacidades diversas, y es responsabilidad de la Administración potenciar esas capacidades y disminuir los obstáculos para que las personas con discapacidad puedan vivir una vida plena.

Necesitamos que, no sólo los legisladores que estamos en las Cámaras, sino todas las personas con poder de decisión en la gestión pública, incorporen a su tarea diaria la integración de las personas con discapacidad. Una integración real, práctica, que se pueda comprobar en la vida cotidiana. Que antes de poner en marcha un proyecto, de colocar la primera piedra de un edificio, de elegir los columpios de un parque, de ofertar un servicio público, sea posible responder con un “sí” rotundo a la pregunta: ¿es inclusivo para todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades?

La inclusión y la integración han de ser, pues, objetivos irrenunciables a los que aspirar con cuantas decisiones políticas y presupuestarias tengamos al alcance. Así quedó reflejado en la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, aprobada el pasado año por el Gobierno de España, que fija un camino a seguir cuyo trazado fue fruto del consenso y la participación de las entidades, colectivos y organizaciones que representan a las personas con discapacidad.

Garantizar la inclusión es inversión, nunca gasto. Porque las personas con discapacidad tienen pleno derecho a una sociedad que no las excluya y que elimine los impedimentos para desarrollarse y buscar su realización y su felicidad.

España está comprometida con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con las observaciones del Comité de Naciones Unidas, con lo estipulado en el Convenio del Consejo Europeo sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, de ahí los importantes avances legislativos realizados en España en los últimos años. Pero también lo está con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que confluye este año la reivindicación de esos derechos y la garantía de su cumplimiento.

El reconocimiento de la lengua de signos, el impulso a la regulación de las Tarjetas Europeas de Discapacidad y Estacionamiento bajo la presidencia española de la Unión Europea, las modificaciones del Código Penal y del Código Civil para impedir esterilizaciones forzosas en mujeres y niñas con  discapacidad, para garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica o de sufragio de las personas con discapacidad representan logros destacables que colocan a España en la vanguardia de la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

Siendo la Carta Magna el texto que nos integra a todos los españoles y españolas, resultaba fundamental doblar los esfuerzos de entendimiento y consenso para una reforma del artículo 49 que desterrara el “disminuidos” con el que iniciaba este artículo. Es un término obsoleto y desfasado, que nos duele por la carga despectiva y condescendiente con la que se ha ido nutriendo durante años. Ya era hora de sacar de una vez esa palabra de la Constitución, dado que no es, ni mucho menos, el lugar al que pertenece. Las palabras, no lo olvidemos, moldean realidades, y era nuestra obligación alcanzar los acuerdos indispensables para reformar el texto constitucional en un punto en el que todos o casi todos podemos coincidir, porque a todos y a todas nos agravia un vocablo que lejos de definir a las personas con discapacidad, las veja.

Estas semanas, en las Cortes Generales hemos aprobado con el apoyo de todos los partidos políticos, a excepción de la ultraderecha de VOX que no deja pasar ocasión para retratarse como lo que es, la ansiada reforma del artículo 49 de la Constitución Española. Esta reforma fue impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que, junto con la voluntad política del Gobierno de Pedro Sánchez, ha podido concluirse con los apoyos necesarios para ser aprobado.

Tal y como dijo Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España en el Congreso de los Diputados “reconocemos algo que debería ser evidente, que las personas con discapacidad son, sobre todo, personas como tales, sujetos de todos y cada uno de los derechos ”. “Queda mucho hasta alcanzar la plena inclusión, hasta abrazar la diversidad que nos define, hasta hacer visible lo que durante tanto tiempo fue dolorosamente ignorado. Pero hoy creo que estamos dando un gran paso en ese afán”.

Cuando se aprobó la Constitución en 1978, esta recogía términos como “disminuido”, que, en aquel momento, como otras expresiones que hoy nos resultan insoportablemente hirientes, estaban admitidas con la mayor naturalidad para referirnos a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

Conociendo el punto de partida, podemos ser más conscientes del enorme camino avanzado, no siempre en línea recta, no siempre exento de dificultad, en el reconocimiento de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad en España. El cambio de mentalidad que hemos vivido, tanto entre la sociedad como entre las instituciones, nos ha hecho darnos cuenta de cuán injusto y empobrecedor es para todos y todas contemplar la discapacidad en clave de problema y no en clave de diversidad.