El plan trienal eléctrico lo pagarán los ciudadanos... Y los ciudadanos

Semejante subida se desconecta dramáticamente del IPC esperado; recientemente Pedro Solbes aseguró que terminaríamos el año con una inflación del 2 por ciento y que esta bajaría hasta lograr el mínimo histórico del 1 por ciento a primeros de julio. La subida será pues muy superior a la del coste de la vida pero no llegará a la cuarta parte de lo que había recomendado la Comisión Nacional de la Energía: un 31 por ciento. Maite Costa, presidente de la CNE ha hecho un buen servicio al Gobierno con una propuesta que Sebastián pudo calificar de “barbaridad”.

En circunstancias normales el precio de la luz debería bajar como consecuencia de la caída del precio del petróleo pero no puede ser por el tremendo peso del “déficit de tarifa” que es lo que las compañías aseguran que se les debe por la diferencia existente entre lo que autoriza el Boletín Oficial del Estado y los costes de producción, una “deuda histórica” que como he señalado en otros comentarios para El Plural, es muy polémica. El caso es que hasta que no se resuelva este asunto que tiene a las eléctricas de los nervios y al borde de la huelga de inversiones no se procederá a la liberalización tantas veces anunciada y siempre aplazada, o sea a la sustitución del régimen tarifario marcado por el Estado por la formación libre de precios; algo, por otra parte muy problemático en un sector semi monopolista en España en la que no juega libremente la competencia que no puede compensarse con la entrada de compañías extranjeras al no existir un verdadero mercado europeo de la energía. España sigue siendo una isla eléctrica.

Según lo que se ha filtrado desde Industria, el Gobierno trata de pactar con las eléctricas un calendario para absorber el aludido “déficit de tarifa” a lo largo de un trienio. A cambio, las compañías aligerarían el recibo de los consumidores con menos recursos lo que no ha podido resolverse por exigencias legales.

Los Gobiernos, desde tiempo inmemorial y sea cual fuere su signo político, se han esforzado por contener las subidas hasta niveles aceptables por la opinión pública y, también desde tiempo inmemorial, las compañías han gritado al cielo y a la tierra afirmando que con tales tarifas estaban abocadas a la quiebra. Sin embargo desde que las eléctricas inventaron el término y el concepto “déficit de tarifa” han ganado la batalla por la vía de los hechos estimando como una deuda concreta y acreditable semejante déficit. De esta forma son las eléctricas y no el Gobierno quien marca, de hecho, las tarifas reales. El procedimiento se “perfecciona” convirtiendo el déficit en títulos que son comprados por la banca pero que el Estado no paga.

Ahora, como digo, el Gobierno ha decidido abordar este problema que va tomando unas dimensiones casi inmanejables con un plan trienal ? 2009-2011 - pactado con las compañías; durante este periodo la luz subiría entre el 8% y el 10% anual de media. La supuesta “deuda histórica” acumulada desde el año 2000 es en este momento de cerca de 13.000 millones de euros.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián “vendió” a la opinión pública la anterior subida estableciendo una tarifa social de la que supuestamente se beneficiarían 4. 5 millones de hogares que contrataron una potencia inferior a tres kilovatios; para ellos, en teoría, el recibo de la luz no solo no subiría sino que se reduciría en un 10 por ciento. Está visto que el papel lo aguanta todo pero al pasar la norma al recibo se vio que muy pocos, quizás no llegaron ni a las diez mil familias, fueron las que se acogieron al kilovatio social. Ahora las eléctricas han añadido al concepto de “déficit tarifario” una “iniciativa social” y le dicen a Sebastián que, ya que en el Ministerio no se aclaran, ellas pueden ocuparse de los pobres por medio de un “bono eléctrico” más realista que la tarifa sebastiana, una cantidad que se otorgaría a los usuarios con consumos inferiores a 4.4 kilovatios.

Es posible que los costes reales no sean los que proclaman las compañías pero en lo que estas tienen razón es que las tarifas sustentan no solo sus costos de producción sino también los dictados gubernamentales para integrar las energías renovables ? eólicas y fotovoltaicas sobre todo - que cuestan mucho más que las otras, en las que al Gobierno se ha excedido con sus bonificaciones, así como los sobrecostes del suministro a las islas y otras acciones de interés general.

Ha llegado el momento de clarificar las cuentas, de que el Estado asuma lo que es del Estado, y que el sector asuma sus propias responsabilidades. Si prospera el pacto el socavón de la deuda acumulada será sufragado básicamente por los consumidores a los que se les subirá la luz por encima del ocho por ciento en los próximos tres años y por los contribuyentes que pagarán el resto. O sea por los ciudadanos y por los ciudadanos.

* Periodista, escritor, director de El Siglo y analista político de elplural.comelplural.com

José García Abad*

Semejante subida se desconecta dramáticamente del IPC esperado; recientemente Pedro Solbes aseguró que terminaríamos el año con una inflación del 2 por ciento y que esta bajaría hasta lograr el mínimo histórico del 1 por ciento a primeros de julio. La subida será pues muy superior a la del coste de la vida pero no llegará a la cuarta parte de lo que había recomendado la Comisión Nacional de la Energía: un 31 por ciento. Maite Costa, presidente de la CNE ha hecho un buen servicio al Gobierno con una propuesta que Sebastián pudo calificar de “barbaridad”.

En circunstancias normales el precio de la luz debería bajar como consecuencia de la caída del precio del petróleo pero no puede ser por el tremendo peso del “déficit de tarifa” que es lo que las compañías aseguran que se les debe por la diferencia existente entre lo que autoriza el Boletín Oficial del Estado y los costes de producción, una “deuda histórica” que como he señalado en otros comentarios para El Plural, es muy polémica. El caso es que hasta que no se resuelva este asunto que tiene a las eléctricas de los nervios y al borde de la huelga de inversiones no se procederá a la liberalización tantas veces anunciada y siempre aplazada, o sea a la sustitución del régimen tarifario marcado por el Estado por la formación libre de precios; algo, por otra parte muy problemático en un sector semi monopolista en España en la que no juega libremente la competencia que no puede compensarse con la entrada de compañías extranjeras al no existir un verdadero mercado europeo de la energía. España sigue siendo una isla eléctrica.