Del pleito insular al de la triple paridad

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, abrió la caja de Pandora provocando un grave enfrentamiento entre las islas que ha tenido como escenario el Parlamento de Canarias pero que amenaza con trasladarse al conjunto de la sociedad. Y todo porque insiste en trasladar la polémica ‘triple paridad’ al reparto los 166 millones de euros anuales que recupera Canarias del extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE). El problema es que dicha triple paridad fue concebida para la representación política regional (hoy puesta en tela de juicio por la curiosa proporcionalidad que produce que la Agrupación Socialista Gomera con 5000 votos obtenga 3 diputados y Ciudadanos, con 54.000 votos, no tenga representación). O sea, que se pretende colar este controvertido modelo de valoración con el anzuelo de un Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) que ha suscitado el rechazo del Cabildo grancanario, 18 municipios de esta isla, todos los partidos políticos con representación en la Cámara regional -salvo el partido del presidente, Coalición Canaria- universidades y otras entidades.

El caso es que los ánimos están desatados y en una reunión de la Comisión de Cabildos en el Parlamento de Canarias se produjo un rifi-rafe por parte de los presidentes insulares que se saltaron el Orden del Día para reprochar a los parlamentarios regionales su rechazo al reparto defendido por Coalición. Dichos presidentes argumentan que el modelo planteado permite amortiguar el coste de la ‘doble insularidad’ y que los proyectos seleccionados en el Fdcan permitirán la puesta en marcha de un desarrollo económico y la reducción del paro en sus islas.

Es una opción respetable, pero si tenemos en cuenta que los mayores porcentajes de paro se dan en los municipios e isla de Gran Canaria (102.000 desempleados), seguida por Tenerife (99000), Lanzarote (12000), Fuerteventura (9000), La Palma (8700), Gomera (1500) y El Hierro (1000), queda claro que el criterio debería ser otro. Otro dato a tener en cuenta para cualquier plan o fondo de desarrollo, ha de ser la renta y el PIB, que en Canarias en los últimos años ha pasado de igualar la media estatal a reducirse un 15% a pesar de ser una de las Comunidades que más ha crecido. En particular, Gran Canaria es la isla que más ha notado esta bajada, pasando de ser el ‘motor económico de las Islas’ a caer al cuarto lugar por detrás de Lanzarote, Tenerife y Fuerteventura.

Y he aquí el principal problema: Canarias se sitúa entre las regiones Objetivo 1 de la UE por su nivel en PIB, destacando en puestos de cabeza estatal en nivel de paro y salarios más bajos, los precios más altos y la menor inversión estatal per cápita. A todo esto, el Gobierno de España castigó a las islas durante la crisis con la eliminación o reducción drástica de los convenios de infraestructuras y los planes de empleo. Cientos de millones de euros anuales se perdieron de un plumazo y mientras tanto se pagaban rescates bancarios, AVEs disparatados, aeropuertos innecesarios y autopistas para ver pasar el viento.

Pero el Gobierno de Canarias se ha enfrascado en dar todo el protagonismo a un ingreso de 166 millones de euros provenientes de unos impuestos suprimidos en toda España, menos en Canarias, y que Montoro ha aceptado devolver a las Islas. Esta ha sido la caja de Pandora y no el cofre de cedro gomero, que desde el Gobierno de Canarias abre un nuevo episodio del pleito insular con tal virulencia que recuerda a la lucha por la división provincial en 1927, pero con una nueva orientación: ahora entran en liza las islas no capitalinas. Y mientras, en Madrid, se frotan las manos pensando que el enfrentamiento entre las islas nos hace olvidar el problema real de desinversión y maltrato presupuestario (¿cómo sería si se produjera en el País Vasco o Cataluña?). Pero no sólo hemos de citar los enemigos externos, hay mucho desastre doméstico que solucionar y sobre el que nada se hace: pagamos la gasolina más cara antes de impuesto; los vuelos entre islas o en determinadas fechas con la península se pagan a precio de super lujo; fatal en PISA; un desastre en desarrollo de energías limpias o en desarrollo de la Dependencia… Problemas que debería solucionar este Gobierno aunque, visto lo visto, está más interesado en enfrentar a las islas entre sí que en unirlas frente al verdadero causante de nuestra penosa situación y, de paso, mejorar su gestión.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, abrió la caja de Pandora provocando un grave enfrentamiento entre las islas que ha tenido como escenario el Parlamento de Canarias pero que amenaza con trasladarse al conjunto de la sociedad. Y todo porque insiste en trasladar la polémica ‘triple paridad’ al reparto los 166 millones de euros anuales que recupera Canarias del extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE). El problema es que dicha triple paridad fue concebida para la representación política regional (hoy puesta en tela de juicio por la curiosa proporcionalidad que produce que la Agrupación Socialista Gomera con 5000 votos obtenga 3 diputados y Ciudadanos, con 54.000 votos, no tenga representación). O sea, que se pretende colar este controvertido modelo de valoración con el anzuelo de un Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) que ha suscitado el rechazo del Cabildo grancanario, 18 municipios de esta isla, todos los partidos políticos con representación en la Cámara regional -salvo el partido del presidente, Coalición Canaria- universidades y otras entidades.

El caso es que los ánimos están desatados y en una reunión de la Comisión de Cabildos en el Parlamento de Canarias se produjo un rifi-rafe por parte de los presidentes insulares que se saltaron el Orden del Día para reprochar a los parlamentarios regionales su rechazo al reparto defendido por Coalición. Dichos presidentes argumentan que el modelo planteado permite amortiguar el coste de la ‘doble insularidad’ y que los proyectos seleccionados en el Fdcan permitirán la puesta en marcha de un desarrollo económico y la reducción del paro en sus islas.