El PNC y el debate territorial

El sábado 25 de septiembre tuvo lugar la Convención del Partido Nacionalista Canario (PNC), formación con 97 años de historia y densa trayectoria en el espacio canarista. La jornada, donde tuve el placer de participar en representación de la Asociación Canarismo y Democracia, giró en torno al estatus político que debiera mantener Canarias con respecto al estado español, esto es, autonomía o soberanía. Aunque considero que esta dicotomía puede ser pertinente para atraer la atención del público, no estoy del todo de acuerdo en que existan sólo dos vías o debates territoriales. En la actualidad, identifico seis, muchas de ellas complementarias.

Autonomía. Actual modelo territorial de Comunidades Autónomas donde Canarias ejerce, según el reciente reformado Estatuto de Autonomía de Canarias, su derecho al autogobierno como nacionalidad. Este modelo territorial descentralizado se instaló en Canarias por la vía del artículo 143 de la CE, denominada vía lenta, sin reconocimiento político histórico, sin todo el paquete competencial que sí tuvieron Comunidades Autónomas como País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía, y sin ratificación popular vía referéndum. Aunque sucesivas leyes de transferencias han visto aumentadas las competencias para Canarias, la vía lenta supuso (y actualmente sigue suponiendo) un freno a las capacidades reales de autogobierno del archipiélago. El encaje territorial canario, mejor definido en el marco normativo de la UE, representa un reto no sólo para los poderes institucionales centrales, desconocedores la mayoría de las veces de la realidad insular y reacios a la pérdida de poder centrípeto, sino para las propias instituciones de la Comunidad Autónoma que deben exprimir toda la capacidad real de autogobierno que les capacita el marco estatutario. Sin esta voluntad de sacar todo el rendimiento al statu quo, las demás vías territoriales se antojan, en cierta forma, fantasiosas.

Federalismo. Para algunos analistas la tercera vía entre el actual estado de las autonomías y la secesión o independencia. Para otros, de facto, un modelo similar al actual, pero con pequeños matices. Sea lo que fuere, debemos explicar que el federalismo se constituye bajo la aceptación entre iguales, es decir, se considera un contrato entre partes que desean convivir aceptado un marco político y legal estable, donde sólo se podrá modificar con la coordinación y entendimiento de los actores implicados. El federalismo es abierto, pero en su apertura se presenta su virtud: la obligación de las partes a construir la matriz del poder desde la propia voluntad de unidad. En contraposición al modelo autonómico español, el federalismo excluye la soberanía única transformándola en un modelo policéntrico de autogobierno donde el equilibrio negociador es la máxima de la unidad. Precisamente, su valor radica en el equilibrio constante al acuerdo. Un modelo siempre discutido, pero forjado por la voluntad de unión. Para Canarias, esta vía podría ser cauce para el progreso en su autogobierno compartido, reconociéndose como sujeto político propio que acuerda su incorporación al marco federal español. Si esto fuese así, aún no queda claro si el encaje de Canarias queda solucionado, ni se sabría si el estado se comportaría como un modelo federal multinacional estilo canadiense, o tendería al modelo americano de federalismo nacional. Por el recorrido histórico español, mucho me temo que la segunda opción tendría mayores opciones de imponerse. 

TNA. Este modelo es defendido por algunos sectores nacionalistas y soberanistas canarios, especialmente, el MPAIAC. El movimiento que fundó Antonio Cubillo allá por los años 60 ha recuperado una vieja demanda política al considerar que Canarias debe ser incorporada en la lista de los Territorios No Autónomos. Según la ONU, los TNA son “territorios cuyos pueblos no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”, en consecuencia, que se encuentran en una situación colonial. La repercusión directa de que Canarias se incorpore a la lista actual de los 17 TNA, es la obligación del Comité Especial de Descolonización o C-24 de la ONU de estudiar el caso colonial canario, impulsado y obligando a que la potencia administradora (en nuestro caso, España), abra un proceso de descolonización. Además, incorpora una serie de competencias exclusivas que Canarias ejercería sin tutelaje de España, más allá de la política exterior y defensa que quedarían en manos de ésta. Si bien la vía parece idealista, es bastante tangible en su procedimiento. Por ahora, la delegación del MPAIAC ha conseguido apoyo de varios países integrados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), y prevén que su propuesta pueda ser debatida en el actual Periodo de Sesiones de la ONU. ¿Dónde radica a mi entender el cuestionamiento de esta vía? En su reconocimiento popular. La inmensa mayoría del pueblo canario no está al tanto de este “movimiento” geopolítico, y el MPAIAC, organización con un importante acervo histórico, no representa a la sociedad canaria ni electoral ni simbólicamente. Un proceso de esta envergadura necesita de refuerzo popular, de una masa social que actúe de movimiento mientras el artefacto político busca las vías institucionales. Una alternativa es que el procedimiento siga su cause, y que Canarias se incorpore como TNA mientras se genera un debate interno amplio con todos los actores de la sociedad, principalmente, aquellos con legitimidad electoral. Si no, esto quedará en una cuestión de sectores minoritarios sin ninguna importancia real.

Soberanía compartida. Modelo que defendió en su última etapa como presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. Este cauce posibilita que Canarias sea considerada soberana, en el sentido de que no existiría poder superior al poder constituido canario. En su versión “compartida”, el poder soberano estaría en manos de dos sujetos, el estado canario y el español, con vías políticas bilaterales entre ambos. Es decir, que ambos se compartirían la soberanía del territorio canario, en una relación que dejaría a España como una especie de Estado Mayor con competencias en defensa; y Canarias ejercería todas las demás. No obstante, el dilema estriba en el propio estatus soberano. Si Canarias fuese un estado reconocido internacionalmente, ¿qué necesidad habría de compartir la soberanía? ¿por qué renunciar a favor de otro estado? Otro asunto distinto es hablar de soberanía(s) en cuestiones o temas concretos sin necesidad de ser un estado, como pudieran ser la energética, alimentaria, sanitaria, etc. En este caso hablaríamos de máximo nivel de autogobierno pero dentro del estado español.

PAI. La Plena Autonomía Interna es la vía que permitiría reconocer a Canarias como estado propio a través de un proceso que debiera de iniciarse en la ONU. Los impulsores de esta propuesta, la Plataforma del Mar Canario, exponen que esta figura solucionaría el reconocimiento de las aguas internas canarias, además de otorgar un estatus de estado sin necesidad de desvincularse del estado español. Es decir, una especie de Estado Libre Asociado al estilo puertoriqueño.

Independencia. No supone un modelo territorial, sino un cauce para llegar a la soberanía plena. El proceso de independencia, que albergaría el derecho de autodeterminación, se antoja, de todos los modelos anteriormente citados, el más complicado. En Canarias se han dado momentos de fervor independentista, como el representado por el MPAIAC en los años 60 y 70, donde se generó un debate amplio y generalizado. La idea independentista consiguió entrar en el imaginario de mucha población canaria en un contexto de tardofranquismo y ansias de libertad. No obstante, la llegada de la democracia supuso que la canalización de las demandas sociales fuese a parar a partidos generalistas. Hoy día, la preferencia por una Canarias independiente se encuentra, según el Socio Barómetro de Canarias de febrero de 2020, en 3,4%. Del mismo modo, la oferta electoral independentista representada por Ahora Canarias aglutina 2.539 votos a las elecciones autonómicas de 2019, un 0,28% del total de votos emitidos.

Así las cosas, el debate territorial que ha abierto el PNC suscita interés porque ayuda a imaginar modelos alternativos al actual estado de las autonomías. Pero, insisto, sin llegar al tope de nuestro actual techo competencial, todos los debates alternativos quedarán en buenas ponencias ideológicas sin ninguna práctica real. Tenemos un Estatuto de Autonomía que necesita ser utilizado con el fin de convencer al pueblo canario de que mayor autogobierno es mayor grado de bienestar. En esa deberíamos estar.

El sábado 25 de septiembre tuvo lugar la Convención del Partido Nacionalista Canario (PNC), formación con 97 años de historia y densa trayectoria en el espacio canarista. La jornada, donde tuve el placer de participar en representación de la Asociación Canarismo y Democracia, giró en torno al estatus político que debiera mantener Canarias con respecto al estado español, esto es, autonomía o soberanía. Aunque considero que esta dicotomía puede ser pertinente para atraer la atención del público, no estoy del todo de acuerdo en que existan sólo dos vías o debates territoriales. En la actualidad, identifico seis, muchas de ellas complementarias.

Autonomía. Actual modelo territorial de Comunidades Autónomas donde Canarias ejerce, según el reciente reformado Estatuto de Autonomía de Canarias, su derecho al autogobierno como nacionalidad. Este modelo territorial descentralizado se instaló en Canarias por la vía del artículo 143 de la CE, denominada vía lenta, sin reconocimiento político histórico, sin todo el paquete competencial que sí tuvieron Comunidades Autónomas como País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía, y sin ratificación popular vía referéndum. Aunque sucesivas leyes de transferencias han visto aumentadas las competencias para Canarias, la vía lenta supuso (y actualmente sigue suponiendo) un freno a las capacidades reales de autogobierno del archipiélago. El encaje territorial canario, mejor definido en el marco normativo de la UE, representa un reto no sólo para los poderes institucionales centrales, desconocedores la mayoría de las veces de la realidad insular y reacios a la pérdida de poder centrípeto, sino para las propias instituciones de la Comunidad Autónoma que deben exprimir toda la capacidad real de autogobierno que les capacita el marco estatutario. Sin esta voluntad de sacar todo el rendimiento al statu quo, las demás vías territoriales se antojan, en cierta forma, fantasiosas.