Más policías no es igual a más seguridad por Benito Codina

La seguridad ciudadana no se logra únicamente con una mayor presencia policial. Se consigue a través del cierre de los tres vértices de un triángulo en el que además de dicha presencia, exista una actuación judicial que apoye y estimule la anterior. De nada sirve que se detenga a los delincuentes, si éstos son puestos en libertad a continuación por una justicia timorata. No puede ser que haya reincidentes múltiples en la calle, o peligrosos maleantes, o maltratadores en espera de un juicio que puede retrasarse durante años. Quizás en lugar de invertir más en policía, haría falta hacerlo en personal de la administración de justicia y en dotar a ésta de los medios suficientes para hacerla ágil y eficaz.

Pero además de policía y prontitud judicial, es precisa una contundente acción preventiva. Muchos de los que ahora cometen delitos han sido antes menores en situación de riesgo o de protección. Baste decir que, aproximadamente, el 80 por ciento de los menores de reforma, aquellos sujetos a medidas judiciales de internamiento en centros específicos, lo han sido antes de protección, tutelados por nuestro gobierno autónomo y atendidos en instalaciones dependientes de los cabildos insulares.

Un gran número de los delincuentes que hoy saturan nuestras cárceles, parten de situaciones de desestructuración familiar, malos tratos, fracaso escolar, drogadicción, u otras similares. Son los servicios sociales de los Ayuntamientos los que deben detectar esos casos e intervenir decididamente. No es de recibo que algunos de esos menores estén durante años en situación de riesgo, sin que se hayan buscado soluciones a la problemática particular que presentan, mientras germina la semilla de la exclusión social y la marginalidad.

Consiguientemente, no es verdad que a más policía, más seguridad, a no ser que se quiera convertir a Canarias en una sociedad reprimida policialmente. Quizás, todo pasaría por que el enorme costo que va a suponer este proyecto se redirigiese hacia la potenciación de los servicios sociales municipales, por un lado, y hacia una mayor cobertura de las policías locales, por otro, como pretendía el proyecto primigenio de policía autonómica.

Todos los estudios de opinión en materia de seguridad reflejan bien a las claras que lo que más valoran los ciudadanos es lo que les queda más próximo, o sea, la policía local, y si es de barrio, mejor. Son los que conocen mejor las características de cada zona y a sus vecinos, son, en definitiva, quienes pueden ayudar mejor que nadie a que los restantes cuerpos y fuerzas de seguridad hagan su labor más eficazmente a través de una adecuada coordinación y suma de esfuerzos.

El sentido común dicta que tres, policía local, guardia civil y policía nacional, pueden coordinarse mejor que cuatro, si a ellos les sumamos la policía autonómica, como pretende nuestro ejecutivo. No obstante, a veces, el sentido común suele ser el menos común de los sentidos.

* Benito Codina es secretario de Acción Sectorial del CCN.

Benito Codina *

La seguridad ciudadana no se logra únicamente con una mayor presencia policial. Se consigue a través del cierre de los tres vértices de un triángulo en el que además de dicha presencia, exista una actuación judicial que apoye y estimule la anterior. De nada sirve que se detenga a los delincuentes, si éstos son puestos en libertad a continuación por una justicia timorata. No puede ser que haya reincidentes múltiples en la calle, o peligrosos maleantes, o maltratadores en espera de un juicio que puede retrasarse durante años. Quizás en lugar de invertir más en policía, haría falta hacerlo en personal de la administración de justicia y en dotar a ésta de los medios suficientes para hacerla ágil y eficaz.

Pero además de policía y prontitud judicial, es precisa una contundente acción preventiva. Muchos de los que ahora cometen delitos han sido antes menores en situación de riesgo o de protección. Baste decir que, aproximadamente, el 80 por ciento de los menores de reforma, aquellos sujetos a medidas judiciales de internamiento en centros específicos, lo han sido antes de protección, tutelados por nuestro gobierno autónomo y atendidos en instalaciones dependientes de los cabildos insulares.