La política es el diablo

Que yo sepa, los empresarios quejosos, al menos los que conozco, no son insularistas sino que se limitaron a constatar cuanto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. No conozco los proyectos y tampoco estoy capacitado para discernir quien tiene razón, si el Gobierno que no permite ejecutarlos o los empresarios remisos a ajustarse a las normativas, como asegura Domingo Berriel. Sí sé, en cambio, que la dinámica del libre mercado y la lógica del dinero empuja al capital más allá de los límites impuestos por la Naturaleza, que es finita, y al apoderamiento de bienes colectivos (como las costas o el territorio, a los que imponen servidumbres) y corresponde a los gobiernos velar por los intereses públicos mediante el control de la tendencia irrefrenable del dinero a hacerse con todo y machacar el resto. Pero, qué quieren, no me parece que sea ese cuidado el móvil del Gobierno canario: más bien diría que su política es la de preparar las cosas para que cuando pase la crisis la especulación nos devuelva la felicidad. Dentro de la estricta ley, eso sí, como afirma el consejero Domingo Berriel, promotor de la ley de Medidas Urgentes y de la reducción del catálogo de especies protegidas; para que sea legal acabar con ellas. Como siempre, una cosa es una cosa y otra cosa son dos cosas.

Quiero decir que los empresarios, al margen de la calidad de sus proyectos, que esa es otra historia, tropiezan con el error fundamental del tinglado autonómico canario: el de su construcción con el espíritu y sobre la añoranza de la provincia única de sectores de las elites sociales y económicas tinerfeñas que utilizan su actual ascendiente en el Gobierno canario y órganos anexos para bloquear iniciativas ajenas y preservar el predominio regional a que aspiran. Eso huelen a distancia quienes no olvidan que los áticos, tras su primer éxito electoral, proclamaron entusiasmados que había llegado la hora de Tenerife. Aquellos barros trajeron estos lodos.

Conviene insistir aquí, antes de continuar, en que esas actitudes “horarias”, el pleito insular en definitiva, no son cosa del pueblo llano tinerfeño y grancanario sino de los intereses de sus respectivas oligarquías, que pescan divinamente en el río que previamente han revuelto. Salvando, claro, las diferencias de estilo en las que no entraré ahora sino para aludir a El Día, que encarna como nadie el anacronismo de aquel espíritu y aquellas añoranzas; y para indicar que al menos en Gran Canaria nadie se cree ya que los planes empresariales los mueve el deseo patriótico de favorecer a la isla y es preciso recurrir a estrategias más elaboradas aunque no menos evidentes. Veamos.

Los empresarios están a su negocio y han visto en la crisis la oportunidad de barrer para casa; lo que es tan legítimo, insisto, como que los gobiernos impongan límites legales a prácticas que con frecuencia resultan de tierra quemada. Si algo alimenta las sospechas respecto a las malas intenciones del Gobierno es que los esfuerzos de agilización de los expedientes de que presume los haga Berriel sentado sobre lustros y más lustros de retrasos. Los mismos lustros, ya ven, que han estado los empresarios sin plantarse, lo que hace no menos sospechoso que eligieran para desmelenarse las vísperas de unas elecciones con las características de las del domingo; que detrás de ellos hayan resollado también los constructores y anuncie el Cabildo, del PP precisamente, que encabezará las reivindicaciones, faltaría más. Se han sumado, pues, como un solo hombre (y mujer) a la euforia pepera del barrido y tente tieso. Vayan ustedes a saber qué les ha prometido Soria. Como dicen los más viejos del lugar, la política es el diablo.

Que yo sepa, los empresarios quejosos, al menos los que conozco, no son insularistas sino que se limitaron a constatar cuanto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. No conozco los proyectos y tampoco estoy capacitado para discernir quien tiene razón, si el Gobierno que no permite ejecutarlos o los empresarios remisos a ajustarse a las normativas, como asegura Domingo Berriel. Sí sé, en cambio, que la dinámica del libre mercado y la lógica del dinero empuja al capital más allá de los límites impuestos por la Naturaleza, que es finita, y al apoderamiento de bienes colectivos (como las costas o el territorio, a los que imponen servidumbres) y corresponde a los gobiernos velar por los intereses públicos mediante el control de la tendencia irrefrenable del dinero a hacerse con todo y machacar el resto. Pero, qué quieren, no me parece que sea ese cuidado el móvil del Gobierno canario: más bien diría que su política es la de preparar las cosas para que cuando pase la crisis la especulación nos devuelva la felicidad. Dentro de la estricta ley, eso sí, como afirma el consejero Domingo Berriel, promotor de la ley de Medidas Urgentes y de la reducción del catálogo de especies protegidas; para que sea legal acabar con ellas. Como siempre, una cosa es una cosa y otra cosa son dos cosas.

Quiero decir que los empresarios, al margen de la calidad de sus proyectos, que esa es otra historia, tropiezan con el error fundamental del tinglado autonómico canario: el de su construcción con el espíritu y sobre la añoranza de la provincia única de sectores de las elites sociales y económicas tinerfeñas que utilizan su actual ascendiente en el Gobierno canario y órganos anexos para bloquear iniciativas ajenas y preservar el predominio regional a que aspiran. Eso huelen a distancia quienes no olvidan que los áticos, tras su primer éxito electoral, proclamaron entusiasmados que había llegado la hora de Tenerife. Aquellos barros trajeron estos lodos.