Un precario Estado de Derecho

Por desgracia, al día de hoy no es políticamente correcto denostar un sistema orgánico, cual es nuestro Estado autonómico, aunque esté resultando un fiasco ruinoso e irreparable. Y esta limitación expresiva lo es porque determinado partido extremista incluye en su ideario la supresión de la autonomías.

No obstante, desde esta atalaya de opinión ya se comentaron años ha en varias ocasiones y con absoluta libertad ideológica las contraindicaciones operativas y funcionales de una estructura política inviable en un país tan específico.

Como los parámetros que entonces se describían como inconvenientes no solo no han desaparecido, ni siquiera amortiguado, sino que se ha incrementado su nocividad, incidiremos en lo ya reflexionado pero con nuevos matices.

Insistimos en el brutal despilfarro de dinero público, insostenible en un país que fuera el más rico del mundo, cual no es nuestro caso, destinado a mantener 17 parlamentos autonómicos; un abigarrado e inservible Senado; consejerías, concejalías, direcciones generales, instituciones, organismos, dependencias y demás entes abstractos; repletos de una escandalosa multitud de cargos públicos; aforados; con un parque móvil de ¡¡¡40.000!!! coches oficiales; suntuosos emolumentos, pensiones vitalicias y prebendas imposibles de justificar… conforman un conjunto contaminado que convierte el espacio político en un sumidero de corrupción masiva y nepotismo organizado, donde quizá no todos son iguales, pero los honrados son excepción.

La inoperatividad funcional se sigue manifestando e in crescendo en las competencias transferidas ¡No funciona ninguna! ¿Cómo puede explicarse que sobre una misma área de gestión incidan, se solapen e interfieran, tres o cuatro competencias de distintos colores, para fracasar entre el amasijo de una burocracia enfermiza? Sanidad, Educación, Cultura, Vivienda, Políticas Sociales… Un destrozo generalizado en un contexto donde el argumento favorito consiste en culpar a los otros del fracaso propio.

Por supuesto, aquí nadie clama por la radical supresión de las Autonomías. Pero sin duda se llegará al punto en que esto reviente si no se toman medidas correctoras y, sobre todo, “adelgazantes”. La dificultad del problema está en que los responsables de regenerar esta barbaridad son los primeros beneficiarios e interesados en que nada cambie.

Por si fuera poco, en los últimos tiempos se ha incrementado impunemente, por parte de la élite gobernante, el incumplimiento flagrante de los principios articulados en nuestra Ley de Leyes, cual es la Constitución Española de 1978.

Título VIII. De la Organización Territorial del Estado.- Capítulo primero. Principios generales.-

Artículo 138.- 1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2.- Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

No vamos a seguir. El que quiera leerlo por su cuenta que lo haga, y que saque las conclusiones propias del uso de razón que nos dicta la tomadura de pelo que estamos sufriendo los ciudadanos, todos, en nuestro papel de pueblo soberano, engañado y maltratado por unos gobernantes que, lejos de cumplir con la misión encomendada en las urnas, de servicio al pueblo y cumplir y hacer cumplir bajo juramento, o sucedáneo, la Constitución, son los primeros, los segundos y los terceros en chalanear turbiamente con elementos residuales de nuestro sistema democrático (?) para, a cambio de un puñado de votos, cargarse de un plumazo los principios éticos de solidaridad entre comunidades y el obligado cumplimiento, por Ley, de establecimiento del equilibrio económico, adecuado y justo; privilegiando por contra medidas económicas y sociales en favor de las regiones más ricas, que ya lo fueron desde la denostada dictadura, que las potenció e industrializó, a costa del resto, para que estuvieran todos quietecitos con sus ínfulas separatistas.

El negocio les salió redondo, pues aparte de forrarse durante más de medio siglo con recursos estatales, sustraídos a una colectividad supuestamente nacional, se les quedó el ramalazo de trileros en plena democracia para seguir traficando influencias con los actuales políticos cutres, padres patrios de poca monta, que han seguido y siguen tragando con el chantaje separatista a cambio de votos.

Hay unos, los que parecían más toscos, que lo han bordado. Aquellos que les movían el árbol y recogían las nueces, matando mucho, ahora se relamen de gusto con lo de los otros. Los hábiles charlatanes de mercadillo fenicio les están haciendo el trabajo sucio de antes; eso sí, sin matar. Son los caganers del belén que la están “deposicionando” como los personajes de una ópera bufa que medio dan la cara aprovechando la quiebra momentánea de este Estado de Derecho, en las manos poco dignas de quienes han mezclado megalomanía y obcecación por el poder, con el antisistema caduco de animadversión patógena hacia todo lo español, con continuos gestos destructivos, camuflados de falso populismo económico-humanitario, con la absurda intención de rescatar la obsoleta y fracasada “Rebelión en la granja”.

Por fortuna, no hay problema, pues la Historia demuestra que a pesar de las asechanzas externas, y sobre todo las de dentro, esto también saldrá adelante. Cuestión de tiempo, no mucho; aunque el mal trago no nos lo quita nadie.

Por desgracia, al día de hoy no es políticamente correcto denostar un sistema orgánico, cual es nuestro Estado autonómico, aunque esté resultando un fiasco ruinoso e irreparable. Y esta limitación expresiva lo es porque determinado partido extremista incluye en su ideario la supresión de la autonomías.

No obstante, desde esta atalaya de opinión ya se comentaron años ha en varias ocasiones y con absoluta libertad ideológica las contraindicaciones operativas y funcionales de una estructura política inviable en un país tan específico.