El doble lenguaje de la presidenta por Pedro San Ginés Guitiérrez

Ante el festival de comunicados de los “socios” de gobierno y, en especial, las recientes “consideraciones” públicas realizadas por la Presidenta del Cabildo, ya no puedo ni quiero contenerme más de relatar una comprometedora verdad que revela cuál es la verdadera consideración política que éstas merecen, aunque antes del relato permítanme apuntar otras verdades que sí comparto con ella:

Es verdad que sería muy conveniente y necesaria la depuración de responsabilidades políticas, técnicas y de cualquier otra índole o naturaleza, de quienes sin duda las tuvieron por la concesión de unas licencias urbanísticas que a la postre han sido declaradas nulas por los tribunales. Es verdad que muchos de los promotores, por más que amparen sus construcciones en unas licencias que efectivamente emitieron los Ayuntamientos y no ellos, con toda probabilidad lo hicieron a sabiendas de que dichas licencias no contaban con todas las bendiciones procedimentales y, por lo tanto, sería muy conveniente y deseable que compensaran de algún modo al interés general, siempre que ello sea posible y exigible, pero con la transparencia e igualdad que tanto predica y tan poco practica un sector del PSOE, negociando con unos sí y otros no por razones nunca justificadas, y consagrando con premio incluido, sólo las ilegalidades de determinados establecimientos que pasen por determinados despachos del PSOE, puesto que el PIL hoy es una comparsa a su merced por razones de sobra conocidas. Es verdad que sí hay complejos cuyas deficiencias no son subsanables, habría que demolerlos y punto. Pero también lo es que la mayoría de ellos están en suelo turístico apto, concebido y ordenado para construir camas turísticas y, por tanto, tal y como anunció la presidenta que negociaría, lo razonable sería salvar en todos los casos posibles -y con las compensaciones a que haya lugar al interés general que algunos confunden con el partidista- la que constituye la mejor y más moderna planta turística de la isla, con deplorables excepciones. De eso, y de ninguna amnistía general es de lo que el Gobierno de Canarias ha venido hablando por más que comunicados partidistas y extemporáneos se empeñen en contar lo contrario, olvidando que el garante de las sentencias es el propio juez y ningún otro que pretenda arrogarse tal condición, entre otras cosas porque no es posible legislar para saltarse las mismas, como sabe perfectamente D. Domimgo Berriel.

Pero vamos con el relato de una gran verdad oculta que me abochorna ajenamente desde hace meses y que la opinión pública debe al menos leer, después allá cada cual con sus creencias pero es mi deber y una necesidad contar tal cual fueron las cosas, “el doble lenguaje de la presidenta”:

El hecho es que cuando allá por el mes de Julio, la Presidenta, en presencia del Jefe de la Oficina del PIOL, entre otros, convocó a los portavoces, D. Juan Carlos Becerra del PNL, D. Francisco Cabrera del PP, y a quien escribe en ausencia de D. Manuel Fajardo de CC, con el objeto de explicarnos las alegaciones del Cabildo al borrador de Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias, ésta criticó sólo de viva voz que “el artículo de la Ley que pretendía regularizar la situación de determinados establecimientos turísticos en Canarias, estaba pensado exclusivamente para resolver la problemática de otras islas, pero resultaba insuficiente para alcanzar dicho objetivo en la isla de Lanzarote”, tal y como era y estoy seguro de que es su intención, algún día y de algún modo que sigue sin explicar con claridad. Cualquiera de los presentes citados, incluidos los técnicos, podría corroborar cuanto aquí escribo. Entonces callé por una suerte de mezcla entre sorpresa y prudencia.

No obstante, uno o dos días después, y una vez leídas las alegaciones del Cabildo a la Ley, pedí cita en el despacho presidencial para preguntarle por qué si esa era la opinión de la Presidenta, el Cabildo no hacia alegaciones al respecto al texto de la Ley. Su respuesta prácticamente textual fue que yo debía entender que “con la posición que públicamente había mantenido el PSOE en la isla, ellos no podían ser quienes aparecieran como los impulsores de ese tipo de medidas”, pero que descuidase que “ellos estarían de acuerdo con todo lo que fuera facilitarles el trabajo en alcanzar el objetivo de la regularización”. Lógicamente le expresé mi desconfianza por la falta de valentía política y por lo que me cabía esperar de determinados elementos del PSOE a nivel insular, por más que me fiase de ella, al tiempo que le pregunté hasta dónde pretendía el Cabildo que el Gobierno llegase. Su respuesta prácticamente literal fue esta vez: “hasta donde sea posible y la legalidad lo permita”, (igualito que el Sr. Berriel). Y por la postura del PSOE a nivel insular, la presidenta añadió, “no te preocupes, el asunto ha sido tratado en reuniones de altos dirigentes del PSOE en Canarias y representantes del Gobierno”, a quienes no voy a mentar aunque podría, por esperanza de que quede algo de vida inteligente en algún lugar del PSOE. “Reuniones”, me detalló la presidenta, “en las que hasta participó el propio Carlos Espino que está de acuerdo, y nosotros no vamos cuestionar nada”. Creo recordar que literalmente la presidenta me dijo que “nosotros no vamos a decir ni Pío”. De esta segunda parte del relato no existen testigos, pero yo sé que es verdad cuanto digo y por supuesto que Manuela Armas también.

El resto es historia reciente, dicho y hecho, el PSOE insular -sólo insular- no tardó ni 24 horas con su presidenta a la cabeza para tirarse al cuello del Consejero, D. Domingo Berriel, sólo por anunciar aquello a que le animaban agazapados entre bambalinas, es decir, la posibilidad de lo que la propia Manuela Armas había echado de menos delante de cuantos testigos he citado. Después el circo de comunicados con que de nuevo y desde entonces nos entretienen estos “socios” de Gobierno un día sí y otro también. ¿Por qué cambiar las cortinas de humo cuando todo y sobre todo el poder, permanece?. ¿Quién dijo que hay otro tipo de problemas en la isla que tampoco resuelven?.

Confieso al tiempo que lamento, que lo verdaderamente triste y decepcionante de todo esto, ha sido comprobar como la máxima responsable del Gobierno Insular -a quien profesaba un convencido respeto político y personal del que sólo perdura el segundo con menor convicción? no sólo ha sucumbido a la manida política de banderola del PSOE, sino que se ha puesto al frente de ella con todo el implícito ejercicio de hipocresía que para ello sea necesario, diciendo una cosa y la contraria al mismo tiempo, sin el menor pudor. Las consecuencias, a la vista estarán cada día más.

*Consejero de CC en el Cabildo de Lanzarote

Pedro San Ginés Guitiérrez*

Ante el festival de comunicados de los “socios” de gobierno y, en especial, las recientes “consideraciones” públicas realizadas por la Presidenta del Cabildo, ya no puedo ni quiero contenerme más de relatar una comprometedora verdad que revela cuál es la verdadera consideración política que éstas merecen, aunque antes del relato permítanme apuntar otras verdades que sí comparto con ella:

Es verdad que sería muy conveniente y necesaria la depuración de responsabilidades políticas, técnicas y de cualquier otra índole o naturaleza, de quienes sin duda las tuvieron por la concesión de unas licencias urbanísticas que a la postre han sido declaradas nulas por los tribunales. Es verdad que muchos de los promotores, por más que amparen sus construcciones en unas licencias que efectivamente emitieron los Ayuntamientos y no ellos, con toda probabilidad lo hicieron a sabiendas de que dichas licencias no contaban con todas las bendiciones procedimentales y, por lo tanto, sería muy conveniente y deseable que compensaran de algún modo al interés general, siempre que ello sea posible y exigible, pero con la transparencia e igualdad que tanto predica y tan poco practica un sector del PSOE, negociando con unos sí y otros no por razones nunca justificadas, y consagrando con premio incluido, sólo las ilegalidades de determinados establecimientos que pasen por determinados despachos del PSOE, puesto que el PIL hoy es una comparsa a su merced por razones de sobra conocidas. Es verdad que sí hay complejos cuyas deficiencias no son subsanables, habría que demolerlos y punto. Pero también lo es que la mayoría de ellos están en suelo turístico apto, concebido y ordenado para construir camas turísticas y, por tanto, tal y como anunció la presidenta que negociaría, lo razonable sería salvar en todos los casos posibles -y con las compensaciones a que haya lugar al interés general que algunos confunden con el partidista- la que constituye la mejor y más moderna planta turística de la isla, con deplorables excepciones. De eso, y de ninguna amnistía general es de lo que el Gobierno de Canarias ha venido hablando por más que comunicados partidistas y extemporáneos se empeñen en contar lo contrario, olvidando que el garante de las sentencias es el propio juez y ningún otro que pretenda arrogarse tal condición, entre otras cosas porque no es posible legislar para saltarse las mismas, como sabe perfectamente D. Domimgo Berriel.