Proceso golpista destituyente

Estamos asistiendo de forma continuada a un peligroso golpe de togas y gaviotas. En febrero de 1981 fue ruido de sables y entrada de Tejero dando tiros en el Congreso. Cuatro décadas más tarde, en 2020, en un chat de militares del ejército del aire, se vertían mensajes de odio contra homosexuales, feministas y catalanes, y amenazas a 26 millones de personas de izquierdas, a los que había que liquidar. El próximo 4 de diciembre se cumplirán cinco años incumpliendo la Constitución con la no renovacion del Consejo General del Poder Judicial y, más aún, a finales del pasado año se produjo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, a instancias del Partido Popular, impidiendo al poder legislativo, en este caso, al Senado, votar la reforma sobre su propia renovación.

La derecha extrema, conformada por el PP y VOX, y con los únicos apoyos de UPN y Coalición Canaria, no busca investir a Feijoo, el amigo de narcotraficantes, ya que saben que no va a contar con los apoyos suficientes para ello. Están solos. Por eso continúan a la desesperada construyendo un relato para un proceso golpista destituyente.

Es evidente que la derecha recalcitrante, nunca va a aceptar la legalidad de ningún gobierno del que ellos no formen parte; porque consideran el poder patrimonio suyo, casi hereditario. Y, además, son capaces a nivel de Estado de incumplir la Constitución, porque tienen que estar protegidos por el poder judicial ante los innumerables casos de corrupción, ya que consideran que la justicia debe estar siempre de su parte, controlada por ellos.

Sólo se mueven bien, contra los que opinan de manera diferente, sean vascos, catalanes, defensores de lo público o del interés general. Se mueven mejor en el ruido y en el conflicto, que en el diálogo y en la búsqueda de consensos para convivir de forma solidaria. El ruido mediático les favorece porque oculta sus intenciones y desmanes y, además, tienen a su favor muchos voceros y casi todos los medios de comunicación que solo defienden los intereses particulares de sus propios dueños, los poderosos grupos de presión que los apoyan.

Por eso estamos asistiendo a un intento de golpe de togas y gaviotas, promovido por el PP, contra las previsibles decisiones mayoritarias del Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular. Un Congreso de los Diputados que representa al pueblo español. El poder legislativo, que reside en las Cortes Generales, según la Constitución, es el Poder a través del cual se configura el resto de poderes. Así, la elección del Presidente del Gobierno no corresponde a la lista más votada sino que se dilucida a través de un acto formal de investidura, donde la persona aspirante a ocupar la jefatura del poder ejecutivo debe obtener el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados. Del mismo modo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del Tercer Poder del Estado, también son elegidos por las Cortes Generales, correspondiendo la selección de la mitad de estos al Congreso y la otra mitad al Senado. Este sistema de conformación de los poderes del Estado nace, por tanto, de la manifestación de la voluntad popular soberana, materializada a través del derecho al sufragio. Y por encima de las Cortes Generales no hay poder jerárquico superior. También existe una monarquía, a la que la Constitución le atribuye el papel de árbitro, pero que ya quedó desacreditada para ejercerlo, cuando se posicionó de parte en el asunto del procés, no reconociendo la plurinacionalidad del Estado y su diversidad así como el derecho a decidir.

Nos encontramos ante una situación gravísima e inaudita en nuestro país. Esperanza Aguirre llamando a organizar desde las CCAA la resistencia como contrapoder frente a un posible gobierno presidido por Pedro Sanchez, llamadas de Aznar a la rebelión nacional porque se avecina su eterna profecía de la destrucción de España, llamadas de Ayuso a deslegitimar las elecciones. Les viene bien resucitar la idea de las dos Españas, de la confrontación. Estamos en mitad de un proceso golpista de togas y gaviotas a la democracia, al que se sumarán seguramente sables y sotanas, entre otros poderes, proceso golpista que se amplifica diariamente a través de los medios y sus tertulianos.

Con estas decisiones y pronunciamientos, tanto el PP como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se sitúan fuera de la Constitución y fuera de los principios democráticos. Ante esta situación tenemos que actuar en consecuencia: defender la legitimidad del Congreso y del Senado para legislar, para elegir al nuevo Gobierno y para renovar los órganos judiciales y sacarlos de su inconstitucionalidad.

Llegados a este extremo, uno que ha vivido más de un tercio de su vida bajo la dictadura franquista, se pregunta ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Intentará el PP y sus correligionarios fascistas que el TC destituya al presidente Sánchez y encarcele a los miembros del gobierno? ¿O tal vez que se disuelvan las Cortes y se nombre un gobierno provisional golpista? Ya en esta escalada de negación y ataque a los valores democráticos y constitucionales, para algunos pudiera parecer que todo vale.

Los discípulos de Trump y de Bolsonaro, los amigos de Meloni y de Le Pen, con quienes el PP y Coalición Canaria se sienten tan a gusto, que incluso comparten gobiernos, en definitiva, el fascismo que recorre el mundo, son un peligro para la democracia y para la convivencia. Y ante el fascismo, no se puede actuar con tibieza ni mucho menos blanquearlo. En este caso, ser demócrata es ser antifascista. 

Estamos asistiendo de forma continuada a un peligroso golpe de togas y gaviotas. En febrero de 1981 fue ruido de sables y entrada de Tejero dando tiros en el Congreso. Cuatro décadas más tarde, en 2020, en un chat de militares del ejército del aire, se vertían mensajes de odio contra homosexuales, feministas y catalanes, y amenazas a 26 millones de personas de izquierdas, a los que había que liquidar. El próximo 4 de diciembre se cumplirán cinco años incumpliendo la Constitución con la no renovacion del Consejo General del Poder Judicial y, más aún, a finales del pasado año se produjo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, a instancias del Partido Popular, impidiendo al poder legislativo, en este caso, al Senado, votar la reforma sobre su propia renovación.

La derecha extrema, conformada por el PP y VOX, y con los únicos apoyos de UPN y Coalición Canaria, no busca investir a Feijoo, el amigo de narcotraficantes, ya que saben que no va a contar con los apoyos suficientes para ello. Están solos. Por eso continúan a la desesperada construyendo un relato para un proceso golpista destituyente.