La prueba del nueve para la Justicia

Es lógico que con el actual Gobierno muchos den por amortizada la Fiscalía Anticorrupción. No por decreto, se notaría demasiado, sino por inanición aprovechando la plaga de recortes que puede obligar a los fiscales a alquilar las togas. Esta Fiscalía es uno de los gastos que no podemos (pueden) permitirnos.

De todos modos, quienes no tengan aún la certeza de lo que hay, aguarden a la prueba del nueve: la determinación de los psocialistas valencianos de seguir adelante con la acusación particular. Su problema es el proceso contra Emilio Botín por unas cesiones de crédito en la que el Tribunal Supremo sentó que una acusación particular no puede mantenerse sin el apoyo de la Fiscalía. O sea: al no recurrir la Fiscalía el fallo a favor de Camps y de Costa, quedarían los psocialistas aparcados, de aplicarse el mismo criterio que benefició al banquero.

Sin embargo, ya ven, el rigor jurisprudencial quiebra cuando el mismo Tribunal que acuñó la doctrina ha aceptado el empapelamiento en tres causas, tres, de Baltasar Garzón, a pesar de que la Fiscalía no ha presentado contra él cargos sino todo lo contrario. Es decir, ha permitido, el Supremo, que salgan adelante, en solitario, las acusaciones particulares si en el apoyo de la Fiscalía. Y en el caso de los crímenes del franquismo, la de un sindicato fascista, lo que no sé si considerar significativo.

Las preguntas son obligadas: ¿le cambiarán los fiscales a Garzón para que acompañen a las acusaciones privadas y calcen por él? ¿Se les ordenará que cambien de actitud y lo revuelquen? Garzón se considera condenado de antemano, pero ¿no cabe la posibilidad de que lo absuelvan una vez conseguido que su calvario sea lo bastante ejemplarizante para que ningún otro juez se atreva a meter las narices en asuntos de poderosos? En el buen entendido de que los de verdad poderosos están en las filas del PP: con ellas chocó Garzón que pudo, en cambio, meter en la cárcel a la cúpula del Ministerio de Interior felipista.

Es lógico que con el actual Gobierno muchos den por amortizada la Fiscalía Anticorrupción. No por decreto, se notaría demasiado, sino por inanición aprovechando la plaga de recortes que puede obligar a los fiscales a alquilar las togas. Esta Fiscalía es uno de los gastos que no podemos (pueden) permitirnos.

De todos modos, quienes no tengan aún la certeza de lo que hay, aguarden a la prueba del nueve: la determinación de los psocialistas valencianos de seguir adelante con la acusación particular. Su problema es el proceso contra Emilio Botín por unas cesiones de crédito en la que el Tribunal Supremo sentó que una acusación particular no puede mantenerse sin el apoyo de la Fiscalía. O sea: al no recurrir la Fiscalía el fallo a favor de Camps y de Costa, quedarían los psocialistas aparcados, de aplicarse el mismo criterio que benefició al banquero.