La verdad sobre la reconstrucción agrícola en la lava del Tajogaite

La erupción del volcán Tajogaite (19 de septiembre de 2021) devastó la isla de La Palma a niveles orográfico, emocional y económico. Después de tres años, muchos son los avances, pero también las tareas pendientes para recuperar la normalidad. La lava cubrió 1.219 hectáreas de superficie, sepultó 73,8 kilómetros de carreteras y 2.988 edificaciones.

Las consecuencias de la erupción fueron particularmente devastadoras para el sector primario. La ceniza arruinó cosechas y derribó invernaderos. La lava también inutilizó el acceso por carretera y la distribución del agua de regadío a una de las zonas más importantes de cultivo de platanera de La Palma y de Canarias: El Remo-Las Hoyas-Hoya Verdugo.

La redefinición de las carreteras y de las redes de riego, la reconstrucción de invernaderos, la retirada de ceniza y la replantación han permitido recuperar la actividad agraria en esa y otras zonas afectadas de la isla. Para ello, la Consejería de Agricultura del anterior Gobierno convocó y cofinanció, según la Orden de 21 de febrero de 2022, subvenciones amparadas en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR).

Pero el balance actual es que de las 370 hectáreas de cultivo sepultadas por la lava sólo se ha podido restablecer el cultivo en el 5%. Son las situadas en el borde de colada. El resto sigue bajo el manto negro, el malpaís.

El anterior Gobierno ideó un proyecto de reparcelación a través del proceso de concentración parcelaria pública, la macrofinca, desechada por el actual Ejecutivo de Canarias por considerar que no era la vía adecuada para la recuperación agraria. Nunca fue llevada a consulta a los afectados.

Hubo un proceso de participación ciudadana donde se concluyó que el objetivo que debía perseguirse era el de recuperar la máxima superficie de cultivo posible y que el mayor número de agricultores retomara la actividad, siempre entendiendo la recuperación del suelo agrario como una cuestión estratégica de soberanía alimentaria y de mantenimiento del modelo económico tradicional de La Palma que fuera compatible con las oportunidades que surgen tras el volcán y apostando por un desarrollo racional y sostenible de todos los sectores económicos para beneficiar a todos los habitantes de la isla.

El 11 de marzo de 2024, se aprueba el Decreto-ley 33/2024, que fija las diferentes alternativas para afrontar la recuperación agraria. Se autoriza a los agricultores o a reconstruir sus fincas donde antes las tenían, a proponer la tramitación y aprobación de concentraciones parcelarias de carácter privada, o, si no quieren continuar con la actividad agrícola, a acogerse a una compensación económica basada en el valor real de lo perdido: 44,06 euros/m2 para fincas de plátano; 29,37 para aguacate; 8,59 para viña, y 6,58 para el resto de cultivos. Son datos del informe de valoración de la Dirección General de Agricultura de poco después de la erupción.

Posteriormente, en 2024, un estudio técnico de ese mismo organismo fijó en 62 euros/m2 el coste de la reconstrucción para las nuevas fincas sobre la lava. La propia norma, y apuntando a posibilidades de diversificación económica, también recuerda la compatibilidad de la actividad agraria con la turística en sintonía con la Ley de las Islas Verdes en los tres municipios afectados, y habilita de manera expresa el de Los Llanos de Aridane, despejando las dudas técnicas existentes en su aplicación al carecer este de un Plan General de Ordenación actualizado.

Aparte del marco normativo y financiero, también se necesita el compromiso de las administraciones públicas, gobiernos central y autonómico, Cabildo insular y ayuntamientos, para la recuperación de los caminos que llegan a las fincas, junto con la colaboración necesaria de las comunidades de regantes para montar las nuevas redes de distribución de agua de riego, así como la habilitación de las zonas y vetas de tierra identificadas en la isla para poder extraer el sustrato necesario (suelo de prestación) y extenderlo sobre las sorribas a un precio razonable. Antes de la erupción, el valor de ese recurso era de 9 euros/m3; ahora, supera los 25 euros/m3.

No podemos olvidar los condicionantes técnicos y agronómicos para poder cultivar sobre las coladas. La Dirección General de Agricultura, a finales de 2023, encargó a la entidad Involcan un informe y modelo sobre el enfriamiento, en el que se sugirió una reconstrucción de afuera adentro, a medida que se vayan enfriando las coladas. Las roturaciones deben ser lo más superficiales posibles para evitar las temperaturas incompatibles con los cultivos.

También es importante recordar que, para mantener los ingresos de los agricultores afectados, la Consejería de Agricultura, la actual y la anterior, solicitaron a la Comisión Europea el mantenimiento de la ayuda Posei para los productores que perdieron sus fincas. La Unión Europea lo aceptó, pero exige, a cambio, el compromiso de los agricultores, mediante la firma del conocido Anexo III, de reconstruir sus explotaciones desde que tengan las comunicaciones y el agua llegue a sus parcelas, y a mantenerlas en propiedad durante tres años a partir de su recuperación.

Pero volvamos a los recursos económicos necesarios. Después de las últimas elecciones, se pacta, para la investidura del Gobierno de España y en la llamada Agenda Canaria, una dotación financiera de 100 millones de euros anuales destinados a recuperar los daños materiales del volcán: viviendas, explotaciones agrarias y edificaciones e instalaciones de bienes afectos a actividades empresariales. El Gobierno de Canarias se compromete a aportar 50 millones más, y se espera que así sea durante cuatro años. En el Real Decreto 1127/2023, de 19 de diciembre, el Gobierno central concede y posteriormente ingresa en las arcas autonómicas la primera anualidad, y es la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias la encargada de repartir esas ayudas.

El 26 de marzo de 2024, en el BOC nº 68, de 5 abril de 2024, el nuevo consejero de Agricultura convoca un segundo PDR, con la idea de financiar la recuperación de las parcelas que ya tenían la preceptiva licencia municipal, que es la obligada por el Decreto-ley 33/2024 para recuperar las fincas. Se consulta a los ayuntamientos y se estima que se han concedido licencias para recuperar unas 45 hectáreas, aproximadamente.

Se produce una avalancha de solicitudes, exactamente 297, lo que supondría rehabilitar más de 150 hectáreas de cultivo. Ese dato indica que, con financiación, los afectados están animados a afrontar la tarea. Pero la mayoría debe de esperar a próximas convocatorias porque aún sus fincas no presentan las condiciones de temperatura adecuadas para poder trabajar y, por eso, no tienen licencia. Circuló entre los afectados el bulo de que esta convocatoria era la última oportunidad para obtener financiación y así recuperar sus fincas. Una mentira difundida no se sabe por qué motivo, pero que ha generado muchos gastos innecesarios a los afectados. El Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC), que viene a sustituir al PDR en el septenio presupuestario de la UE 2021-27, incorpora en las medidas de modernización la acción destinada a la reconstrucción del potencial dañado por el volcán palmero, medida a la que los afectados podrán acogerse en futuras convocatorias.

Muchas solicitudes estimadas además han tenido que quedarse en la reserva porque la orden de convocatoria no ha sido dotada con el crédito suficiente. Son necesarios 26 millones de euros y se resolvió sólo con el crédito inicial de fondos europeos, de 3 millones de euros. Se esperaba que, antes de publicarse la resolución, llegara de la Consejería de Presidencia el dinero necesario, no más de 44,06 euros/m2, para completar el 100% del coste necesario para abordar los proyectos.

En la primera convocatoria del PDR, la del anterior Gobierno autonómico, la orden se que convoca por poco más de 121.000 euros y luego se habilita financiación por 25 millones. El Gobierno de España puso 10 millones; el Gobierno de Canarias, otros 10, y la Unión Europea, 5. Esta estructura de cofinanciación que permitió el anticipo del 80% del apoyo público para que los beneficiarios pudieran iniciar los trabajos sin tener que solicitar dinero a las entidades financieras.

En cambio, desde la Consejería de Presidencia actual se opta por la opción de compensar a los propietarios directamente con los 44,06 euros/m2 y, por lo tanto, de no entrar a formar parte de la cofinanciación de la reseñada orden. Por ello sólo se pueden atender 23 de las solicitudes presentadas a esa convocatoria. La realidad es que se opta por el plan de pagos, por compensar a los afectados por el valor real de lo perdido a fecha de 19 de septiembre y que estos hagan con ese dinero público lo que quieran.

Entendemos que bajo esa solución muy poco suelo agrario se va a recuperar sobre la colada del Tajogaite, pues no se aportan los fondos suficientes para cubrir los costes de reconstrucción. Inexplicablemente, se renuncia a los fondos europeos adicionales que el programa PDR puede aportar. Además, con la cofinanciación, se puede anticipar, como en la convocatoria anterior, parte del dinero necesario sin tener que acudir a los bancos, y también es posible coordinar proyectos de concentración parcelaria privada con algunas comunidades de regantes o grupos de agricultores que ya han expresado ese deseo.

De la misma manera, se compromete a los beneficiarios a la justificación y correcta utilización del dinero público, y se podría frenar la inflación de costes provocada por las empresas de construcción al limitar estos gastos poniendo límite a las sorribas profundas, caras y no necesarias ni recomendables. También limitando los caprichos de algunos agricultores empeñados en colocar sustratos con mucho espesor de tierra sobre las sorribas. En las sorribas sobre la fajana del volcán de San Juan no se superaron los 80 centímetros. Y es insolidario e irracional financiar otros sistemas de riego que no sean de goteo.

Deben ser la titular de esa Consejería de Presidencia, doña Nieves Lady Barreto, y el consejero de Agricultura, don Alejandro Narvay Quintero, los que expliquen por qué se toma la decisión de no aportar los fondos necesarios y disponibles en los 100 millones de euros transferidos por el Gobierno central con cargo a 2024 a la segunda convocatoria del PDR para la reconstrucción agrícola de La Palma.

Y es de ellos la responsabilidad acerca de la paralización que va a sufrir la reconstrucción agraria en La Palma y las consecuencias que esto va a acarrear. ¿Dejará Europa de seguir abonando las ayudas Posei a los afectados con cultivos bajo la lava? ¿Europa solicitará el reintegro de lo ya abonado por incumplimiento del Anexo III?

En La Palma se esperan respuestas. No caben las declaraciones ni los relatos basados en echar la culpa a los demás.