¿De quién es el REF?

Esta descarnada pregunta se ha planteado con crudeza en las últimas semanas, al hilo del proceso en marcha de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF). Y las diferentes respuestas han confrontado ante la opinión pública dos posiciones claras. De una parte, los voceros de las organizaciones empresariales canarias, interesadas desde siempre en controlar este proceso y tenerlo bien amarrado a sus intereses. Y, de otra, la posición defendida por el Gobierno de Canarias, enfatizando, a mi juicio con razón, que el REF afecta y es de vital interés para el conjunto de los ciudadanos isleños. Y no solo de una parte, por muy importante que ésta pretenda ser.

La polémica creo que es bastante artificial en cuanto que, ya desde el verano del año pasado y por unanimidad del Parlamento de Canarias, se envió una propuesta de reforma del REF al Gobierno del Estado en la que se recogía el conjunto de propuestas empresariales. Eso sí, a excepción de las extravagantes, por ejemplo utilizar la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) fuera de las Islas.

Pero la coyuntura actual es tan vertiginosa y de tanta hondura que ha cambiado algunas posiciones sobre el REF. Y creo que la polémica actual permite precisar algunos aspectos de especial importancia.

Los pilares del REF

Simplificando las cosas al máximo (y dejando fuera la Zona Especial Canaria, el registro de buques y el tratamiento de las producciones sensibles), se puede decir que el REF se basa en cuatro pilares.

1.- Imposición indirecta mucho más baja que la que sufren los ciudadanos del resto de España. Que hoy podemos observar analizando, por ejemplo, las grandes diferencias entre el IVA y el IGIC. Y comparando los impuestos que gravan los combustibles allí y aquí.

2.- Libertades comerciales de importación y exportación, origen de los Puertos Francos de 1852 y que, aunque están formalmente derogadas desde 1991, aparecen en la práctica y con enorme vigor en el POSEICAN y en el REA. Que hoy podemos encontrar al importar cereales del resto del mundo a precios internacionales [paréntesis: por cierto, ¿qué peligrosa y falsa historia es esa fantasmada que si, “después del recreo”, un buque civil atraca en Gibraltar se le prohíbe después entrar en Canarias?]

Es de destacar que estos dos pilares, cuyo origen podemos rastrear hasta cinco siglos atrás, tienen una característica esencial. Como hemos visto, afectan directa y personalmente por igual, a todos y cada uno de los ciudadanos canarios.

Los otros dos pilares se incorporaron en el REF de 1972 y, por lo tanto, solo tienen unos cuarenta años de antigüedad.

3.- La compensación a los costes de la insularidad sería el tercer pilar. Y surge en plena etapa de la apuesta europea por la planificación indicativa y el desarrollo regional (especial mención al Mezzogiorno). Así, se asume por el Estado que los ciudadanos canarios, por su especial situación geográfica y su muy escasa dotación de factores (para la época), tienen graves deficiencias si se les compara con los ciudadanos continentales (peninsulares). En efecto, la producción de energía y agua potable en Canarias es mucho más costosa. Además, por su lejanía, los costes del transporte son mucho más caros que para el resto de los ciudadanos del país.

A poco que reflexionemos, este tercer pilar participa de la peculiaridad esencial de los otros dos. Afecta directamente y por igual a todos los isleños. Por ejemplo, cuando se paga tarifa reducida de residente para cualquier viaje, o se beneficia (¿se beneficiaba?) en las facturas de la luz y el agua de los precios subvencionados de los combustibles.

4.- El cuarto pilar engloba un conjunto de incentivos a la inversión que, por supuesto, ha ido evolucionando a lo largo de estos cuarenta años. El fin genérico que se persigue es estimular la inversión y, como consecuencia “indiscutible”, elevar la producción, la productividad y el empleo. Como se ve, este pilar se diferencia de los anteriores. Ya no afecta directamente y por igual a todos los canarios. Beneficia a los inversores, con la convicción teórica que esto se derramará, como cuando sube la marea, a todos los canarios por igual

¿Es esto así?

La totalidad de los estudiosos del REF aceptan que estos incentivos a la inversión han mejorado mucho la capitalización de las empresas. Obvio. Pero la polémica salta si la cuestión es si han beneficiado al empleo.

Opiniones al margen y para responder, me parece imprescindible tener en consideración algunas realidades objetivas.

a.- Las tasas de paro en Canarias no han bajado nunca del 9%, ni siquiera en los momentos de las vacas más gordas. En la actualidad y como todo el mundo sabe, estamos en más del 33% (EPA), casi ocho puntos por encima de la media nacional.

b.- El coste salarial de los trabajadores canarios es el más bajo de todas las comunidades autónomas en la actualidad.

c.- Las cifras de la desigualdad social en 2012 sitúan a Canarias a la cabeza de todas las comunidades en esta terrible estadística.

Con estos datos, solo pretendo reflejar la situación del paro en las Islas y enfatizar que está fuera de control. Y en este punto (y, hoy, solo en este) quiero colocar la polémica sobre las modificaciones más necesarias y adecuadas de los incentivos fiscales (la RIC en primer lugar).

Quiero precisar, antes que nada, que creo que este cuarto pilar debería modificarse y asemejarse al resto de los otros tres pilares, para que sus efectos beneficiosos también se extendieran, directamente y por igual, a la totalidad de los canarios.

Por eso es evidente que la RIC debe ligarse, indisolublemente, a la creación de nuevo empleo adicional. En otras palabras, no debería haber RIC sin empleo adicional.

En relación con este asunto, algunos representantes del conservadurismo más acendrado, incluso en la desmesurada coyuntura actual, alegan que esto no es posible. Porque sería discriminatorio con los empresarios que, sin crear empleo, ya tienen trabajadores contratados.

Y esta argumentación nos resulta muy valiosa. Nos va a permitir entender que lo que los empresarios siguen queriendo es que este cuarto pilar (los incentivos a la inversión) solamente les beneficie a ellos. Que continúe siendo distinto a los otros tres pilares, de tal manera que sus resultados no afecten directamente a la totalidad de los ciudadanos canarios.

Justo por eso, y para que la RIC beneficie a la totalidad de los ciudadanos, tiene que estar amarrada a la creación de nuevo empleo. En el bien entendido que sacar del paro a cualquier isleño que sufra esa grave situación es algo que mejora el bienestar de toda la sociedad canaria.

Visto lo visto y conocido lo conocido, estoy convencido que la defensa de cualquier incentivo fiscal que no vaya directamente ligado al empleo tiene escasa justificación. Porque, hoy más que nunca, los instrumentos fiscales tienen que estar dirigidos a acabar con el paro.

Porque ¿de quién es el REF?

Esta descarnada pregunta se ha planteado con crudeza en las últimas semanas, al hilo del proceso en marcha de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF). Y las diferentes respuestas han confrontado ante la opinión pública dos posiciones claras. De una parte, los voceros de las organizaciones empresariales canarias, interesadas desde siempre en controlar este proceso y tenerlo bien amarrado a sus intereses. Y, de otra, la posición defendida por el Gobierno de Canarias, enfatizando, a mi juicio con razón, que el REF afecta y es de vital interés para el conjunto de los ciudadanos isleños. Y no solo de una parte, por muy importante que ésta pretenda ser.

La polémica creo que es bastante artificial en cuanto que, ya desde el verano del año pasado y por unanimidad del Parlamento de Canarias, se envió una propuesta de reforma del REF al Gobierno del Estado en la que se recogía el conjunto de propuestas empresariales. Eso sí, a excepción de las extravagantes, por ejemplo utilizar la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) fuera de las Islas.