El reto de una Educación para la Ciudadanía en Canarias

Es por ello que la LOE, acertadamente, se hace eco de la voluntad de un sistema y una comunidad educativa madura como la nuestra de homologarse al resto de Estados donde dichos contenidos y prácticas se transmiten y fomentan desde hace tiempo, y que no nos olvidemos, visitan y se relacionan con nosotros a través del turismo. Sin duda, la oposición que ha suscitado la propuesta entre los sectores más conservadores, inmovilistas y corporativistas de nuestra sociedad, habla bien a las claras en favor de una apuesta que ha de servir para mejorar la calidad de nuestros mecanismos y espacios democráticos de ejercicio cívico y participación. Todo esto, hasta el punto de observar como salen notas de prensa de la Concapa donde se manifiestan a favor del programa educativo del PP donde denostaban todo lo que se parezca a esta asignatura.

Al hilo de esta guerra del conservadurismo contra la EpC, me estoy acordando de las palabras de Ján Figel, Comisario de Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo de la Unión Europea, donde nos recordaba que “la educación para la ciudadanía, que incluye el aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos, el respeto por los valores democráticos y por los derechos humanos, y la importancia de la solidaridad, tolerancia y participación en una sociedad democrática, está considerada como un instrumento para que niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables y activos”. ¿El conservadurismo español se aparta de los valores democráticos y de los estados de derecho europeos?

En este sentido, también me parece interesante resaltar el conjunto de propuestas y reflexiones que, sobre la mencionada materia y su contenido, realiza el filósofo José Antonio Marina, donde defiende el enfoque ético para una educación en valores que pretende conseguir del alumno unas competencias sociales básicas. Es, por tanto, un contenido que “se amplía, por una parte hacia la educación afectiva y, por otra, hacia la participación política”.

Y es aquí, en el ámbito del bien común, de la res pública, de lo político, donde creo que nos jugamos buena parte de nuestro futuro como sociedad igual y cohesionada. No pierdo la esperanza respecto a que, la generación que nos siga en Canarias, esa generación a la que educamos y formamos en nuestras aulas, pueda observar la política y la participación a través de los partidos políticos en los asuntos de interés común, como aquello que son: tareas nobles de ciudadanos virtuosos que trabajan, cada uno desde una visión ideológica diferente, por una sociedad mejor. Por ello considero que la educación para la ciudadanía puede ayudar en este proceso de normalización democrática que posibilite un acercamiento de los ciudadanos a los asuntos de su barrio, de su ciudad, de su espacio público de relación, convivencia y ejercicio práctico de derechos y deberes. La educación para la ciudadanía ha de servir también para poner en valor el conjunto de normas y valores que compartimos y que informan nuestra cultura sobre la base de los derechos humanos universales.

Otro aspecto no menor es el referente a las iniciativas de participación en los centros educativos que hayan de consolidarse y dinamizar para llevar a la práctica cotidiana de la escuela y su cultura los principios y valores que la educación para la ciudadanía consagra. Y es aquí donde, políticamente, hemos de materializar la apuesta por espacios escolares donde la educación formal, informal y no formal en valores trabajen conjunta y coordinadamente por idénticos objetivos. Estamos hablando de la defensa de una escuela de proximidad, comunitaria y abierta a la sociedad de Canarias, en definitiva, a su entorno social y territorial. Una escuela que suponga un espacio y un recurso optimizable por la ciudadanía. Una escuela democrática que se define como espacio para la participación y el ejercicio práctico y cotidiano de la ciudadanía responsable.

Éste y no otro es el objetivo fundamental de la educación para la ciudadanía: garantizar la existencia de ciudadanos activos y responsables capaces de contribuir al desarrollo y el bienestar de la sociedad en la que viven. Todo ello mediante la capacitación y el logro de competencias sociales orientadas hacia la cultura política, el pensamiento crítico, el desarrollo de ciertas actitudes y valores y la participación activa.

* Antonio Hernández Lobo, profesor de Enseñanza Secundaria y Director del IES Faro de Maspalomas.

Antonio Hernández Lobo *

Es por ello que la LOE, acertadamente, se hace eco de la voluntad de un sistema y una comunidad educativa madura como la nuestra de homologarse al resto de Estados donde dichos contenidos y prácticas se transmiten y fomentan desde hace tiempo, y que no nos olvidemos, visitan y se relacionan con nosotros a través del turismo. Sin duda, la oposición que ha suscitado la propuesta entre los sectores más conservadores, inmovilistas y corporativistas de nuestra sociedad, habla bien a las claras en favor de una apuesta que ha de servir para mejorar la calidad de nuestros mecanismos y espacios democráticos de ejercicio cívico y participación. Todo esto, hasta el punto de observar como salen notas de prensa de la Concapa donde se manifiestan a favor del programa educativo del PP donde denostaban todo lo que se parezca a esta asignatura.

Al hilo de esta guerra del conservadurismo contra la EpC, me estoy acordando de las palabras de Ján Figel, Comisario de Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo de la Unión Europea, donde nos recordaba que “la educación para la ciudadanía, que incluye el aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos, el respeto por los valores democráticos y por los derechos humanos, y la importancia de la solidaridad, tolerancia y participación en una sociedad democrática, está considerada como un instrumento para que niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables y activos”. ¿El conservadurismo español se aparta de los valores democráticos y de los estados de derecho europeos?