Tasa turística, como en todo el mundo

La implantación de una tasa a quienes visitan Canarias es una de las propuestas que más consenso social genera de las distintas medidas que se vienen planteando para mejorar y hacer más sostenible el turismo. La proposición de ley para la creación del impuesto a las estancias turísticas en Canarias que Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) acaba de registrar en el Parlamento tendría un carácter finalista -impulsar el turismo sostenible, la conservación de los espacios naturales protegidos y las infraestructuras públicas- y recaudaría en 2025 unos 250 millones de euros.

Este tipo de tasas funciona en numerosos destinos turísticos (Ámsterdam, París, Lisboa, Roma, Marruecos, Cabo Verde o el Caribe). En el caso del Estado español, en Cataluña -aprobada por un Gobierno de CiU en el año 2012, gracias a la abstención del PP en el Parlament-; y Baleares, impulsada por un Ejecutivo del PSOE en 2016, manteniéndola el actual gobierno del PP.

La reivindicación de la implantación de una ecotasa turística ha estado muy presente en las movilizaciones del 20 de Abril, junto a otras como el establecimiento de una moratoria y el control del alquiler vacacional; y cuenta con el apoyo del Cabildo Insular de Gran Canaria y de numerosos ayuntamientos. En nuestro caso, el de NC-bc, hemos planteado en el Parlamento de Canarias propuestas sobre este asunto en dos ocasiones anteriores -marzo de 2015 y enero de 2019-, con proposiciones de ley que ni siquiera pudieron ser tramitadas por la negativa de los grupos que sustentaban a los gobiernos del momento a su toma en consideración.

Momento adecuado

Ahora, por tercera vez, volvemos a presentar en el Parlamento de Canarias una proposición de ley para la creación del impuesto a las estancias turísticas en Canarias. En un momento de gran fortaleza del sector (el mayor número de visitantes, de gasto por paquete y día) y, paradójicamente, con la realidad de los bajos salarios del conjunto de trabajadores y trabajadoras canarias y los datos que arrojan diversas investigaciones sociales que confirman, de forma reiterada, el mantenimiento de elevados niveles de pobreza y exclusión social en las Islas. Así como una enorme concentración de la riqueza: el 60% de la misma está en manos del 10 por ciento de la población.

Según datos del ISTAC, el pasado año 2023 se logró el récord absoluto de llegadas de turistas a Canarias con 16,2 millones, 1,1 millones más (7,1%) que los visitantes del año 2019, antes de la pandemia. Y los datos acumulados hasta agosto de 2024 suponen un incremento de visitantes del 10,3% respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que la estimación más cauta pronostica que acabaremos 2024 con 17,6 millones de turistas. Por su parte, la facturación turística ascendió en 2023 a 19.565 millones de euros, cifra jamás antes alcanzada, 4.662 millones más que en 2019 (31,3%), año que los ingresos turísticos fueron 14.903 millones. 

Resultados históricos

Todos los indicadores turísticos muestran unos resultados magníficos para las empresas del sector. El gasto por turista y viaje se ha incrementado en cuatro años un 23,5% (de 1.123 euros en 2019 a 1.387 en 2023). El gasto por turista y día pasa de 137,4 euros en 2019 a 167,8 euros en 2023 (un 22,1% más). La tarifa media diaria por habitación disponible (ADR) se situó en 2023 en 109,90 euros frente a los 85,17 de 2019. El ingreso medio diario por habitación disponible (REVPAR) alcanzó los 88,03 euros frente a los 65,96 de 2019. Y los datos acumulados hasta septiembre de 2024, que ofrece el ISTAC, pulverizan al alza todos los registros anteriores.

Como señalamos en la exposición de motivos de la proposición de ley este crecimiento del turismo y de la riqueza que genera “no se está difundiendo suficientemente en el conjunto social de las Islas. Ni se está atendiendo al impacto que tiene sobre los recursos naturales y la fragilidad territorial y medioambiental de las islas. Y existe una percepción cada vez mayor en la ciudadanía de que esto es así”.

No es una medida para frenar el número de visitantes, como demuestran sus efectos en otros destinos turísticos. Barcelona es un ejemplo claro de ello. Con este impuesto a las pernoctaciones turísticas se persigue contribuir a hacer de Canarias un destino más competitivo y más sostenible, desde el convencimiento de que el turismo seguirá siendo eje de nuestra economía y nuestro empleo. Pero conscientes de que debe transformarse para ser sostenible no solo en el ámbito económico, sino también ambiental y socialmente. 

Renovación y protección

Nuestro crecimiento poblacional (560.000 personas en lo que va de siglo) y los 16 millones de visitantes anuales impactan sobre los servicios públicos, sobre la demanda de agua y electricidad, sobre las necesidades en el tratamiento de residuos y la depuración de aguas, sobre la movilidad o sobre el acceso a la vivienda. Por eso, en nuestra proposición de ley se destaca que para atender estas externalidades negativas que produce el turismo masivo se precisan “ingresos públicos adicionales con los que aumentar de forma significativa las inversiones públicas en renovación de los espacios turísticos y de sus infraestructuras, así como en la protección del medioambiente, la preservación de los espacios y recursos naturales, del medio rural y marino y del patrimonio histórico y cultural de las islas”.

Sería un tributo que grava a las estancias en establecimientos turísticos alojativos (incluyendo las viviendas vacacionales) y en los cruceros que pernocten en Canarias; oscilando la tarifa a abonar entre los 4 euros por noche de los hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo a los 2 euros de hoteles y casa rurales. Quedando exentos de la misma los residentes canarios y, entre otros colectivos de visitantes, los menores de 16 años, las estancias subvencionadas por programas sociales o para participar en competiciones deportivas juveniles e infantiles, así como en congresos en eventos científicos de nuestras universidades públicas.

En la proposición de ley se establece la creación del Fondo para fomentar el turismo sostenible y la mejora del medioambiente, que se nutrirá de la recaudación del nuevo tributo, “y que se configura como un mecanismo destinado a financiar proyectos y actuaciones que favorezcan la orientación hacia la sostenibilidad de la actividad turística en Canarias”.

Hay que recordar, además, que el artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que los cambios normativos tributarios que supongan aumentos permanentes de la recaudación permiten aumentar el gasto computable en una cuantía equivalente, al margen de la limitación que imponga la regla de gasto. Por tanto, su implementación supondría no solo recaudar unos 250 millones de euros en 2025, sino que estos se añadieran a los 376 millones en que aumenta el gasto en dichas cuentas públicas, elevando hasta los 626 millones los que se podrían invertir el próximo año. Es la única manera de incrementar sustancialmente un Presupuesto, el de 2025, que será de recortes y ajustes. 

Sabemos que para alcanzar un turismo sostenible económica, medioambiental y socialmente se precisa la adopción de distintas medidas desde el máximo nivel de acuerdo político y social. Entre ellas, desde NC-bc  proponemos una moratoria insularizada -incluyendo la desclasificación de camas que se encuentran aprobadas-, la regulación del alquiler vacacional diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, la rehabilitación de las ciudades turísticas y la modernización y renovación de la planta alojativa, la mayor formación de sus trabajadores y trabajadoras y la imprescindible mejora de sus condiciones laborales y salariales. 

La tasa turística, sin ser la más relevante de las medidas que proponemos, puede suponer una contribución importante, destinada a la rehabilitación de las infraestructuras públicas, la preservación de los recursos naturales, el mantenimiento del paisaje agrario y al medio rural y marino, la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural o el impulso de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica que contribuyan a la lucha contra el cambio climático o relacionados con el ámbito turístico. El inmovilismo del Gobierno de CC-PP en todo lo vinculado con nuestro principal sector económico, lejos de resolver disfunciones las agravará a corto, medio y largo plazo.

La implantación de una tasa a quienes visitan Canarias es una de las propuestas que más consenso social genera de las distintas medidas que se vienen planteando para mejorar y hacer más sostenible el turismo. La proposición de ley para la creación del impuesto a las estancias turísticas en Canarias que Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) acaba de registrar en el Parlamento tendría un carácter finalista -impulsar el turismo sostenible, la conservación de los espacios naturales protegidos y las infraestructuras públicas- y recaudaría en 2025 unos 250 millones de euros.

Este tipo de tasas funciona en numerosos destinos turísticos (Ámsterdam, París, Lisboa, Roma, Marruecos, Cabo Verde o el Caribe). En el caso del Estado español, en Cataluña -aprobada por un Gobierno de CiU en el año 2012, gracias a la abstención del PP en el Parlament-; y Baleares, impulsada por un Ejecutivo del PSOE en 2016, manteniéndola el actual gobierno del PP.