La tentación autoritaria

En un momento de la lucha encarnizada en contra del terrorismo de ETA, el Gobierno de Felipe González cayó en la tentación de coger atajos resbaladizos para bordear la Constitución y el ordenamiento jurídico y atacar, al margen de la ley, a la organización terrorista. La rabia y la impotencia ante tanta muerte sin sentido abrió en algunos círculos corrientes de simpatía hacia esa guerra subterránea en la que participaban políticos, los servicios secretos, la policía y la guardia civil. Afortunadamente, aunque en muchos casos se tuvo el impulso de justificar aquellas prácticas, funcionó la sensatez de la mayoría y el Estado de derecho y se puso fin a unos hechos que iban adquiriendo una deriva peligrosísima.

En estos días de claudicación de la política y de quebranto de la autonomía de las instituciones ante los sistemas financieros, que están generando pobreza y pérdida de derechos y libertades democráticas, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido también andar por senderos obscuros, pero esta vez para controlar y atemorizar a una ciudadanía a la que se está arrinconando contra las cuerdas de la desesperación y que podría perder la actitud de resignación que ha asumido y la convicción de que las movilizaciones sociales no sirven para nada.

A eso y solo a eso se debe el intento de implantar y amparar unas prácticas políticas y policiales que generan miedo e inseguridad calculada. La planificada y reiterada decisión de indultar, por dos veces consecutivas, a cuatro mossos d´Esquadra, acusados de tortura, supone un claro apoyo a prácticas ilegales ejercidas contra los ciudadanos. En un gesto inusual, más de doscientos jueces (entre ellos los miembros del Tribunal Supremo Joaquín Giménez y Perfecto Andrés Ibáñez) firmaron un manifiesto contundente en contra, advirtiendo del ataque al orden constitucional y a la dignidad humana por parte del Gobierno del PP. Pero esta decisión no es sino la punta del iceberg. Las declaraciones del jefe superior de la Policía del País Valencià (con el aplauso del presidente Fabra) exculpando la represión policial contra los estudiantes de esa Comunidad a principios de año y negándose a desvelar el número de agentes participantes en las cargas porque “no es prudente revelarle (datos) al enemigo”, evidenciaban una concepción militarista y bélica que casa muy poco con una policía civil y democrática.

Pero hay más. La contundencia con la que se está actuando en las manifestaciones públicas más visibles como las de Madrid o Barcelona (con niños golpeados, personas tuertas, agresiones a periodistas, entrada brutal en la Estación de Atocha disparando balas de goma, etc) no es fruto de la causalidad. El Sindicato Unificado de la Policía ha salido en dos ocasiones a la palestra para denunciar estas prácticas y advertir que, si se continúa así, España se situará más cerca de la policía franquista que de la democrática. A principios de noviembre este sindicato revelaba que los antidisturbios reciben órdenes para que sean más contundentes en sus actuaciones y llegó a sugerir que el gobierno está buscando un “muerto, ya sea policía o ciudadano” para distraer la atención y justificar mayor dureza hacia los que protestan por los recortes. Hace unos días, este mismo sindicato policial denunciaba que los mandos instruyen a las unidades antidisturbios ?al tiempo que las acusan de blandas- para disparar balas de goma contra los ciudadanos, apuntando a zonas peligrosas y obviando que desde 1990 han hecho perder un ojo a 23 personas y matado a otra con sus usos indiscriminados.

Poco a poco se van endureciendo las leyes contra los que se manifiestan para ejercer su derecho democrático, se legisla para impedir que los medios de comunicación y los ciudadanos puedan realizar documentos gráficos de las cargas policiales y, como nos informaba El Mundo a finales de octubre, se aumenta en un 1.780% (se multiplica en un 18,8%) el gasto en material antidisturbios y de protección y defensa para la policía mientras se recortan por todos lados los gastos sociales. Se genera miedo y alarma social y se va institucionalizando un modelo policial de control, modos autoritarios y recortes de derechos civiles como predijo Orwell a principios del siglo pasado. Y se obvia claramente el artículo 104 de la Constitución que señala que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

El General de División de la Guardia Civil y doctor en Ciencias Políticas Gonzalo Jar Couselo ya nos advirtió en “El papel de la policía en una sociedad democrática” (Revista Española de Investigaciones Sociológicas) que muchas veces se corre el riesgo de que se acabe imponiendo siempre la idea militar de la eliminación física del enemigo sobre la moderna idea policial de prevención del delito y captura del delincuente: “frente a las tesis más conservadoras que prefieren la injusticia al desorden, hay que reclamar la existencia de garantías que permitan conciliar justicia y orden”. Y cita a Ortega y Gasset que consideraba que el orden “no es una presión que desde fuera se ejerce sobre la sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior”. También hace referencia a A. Gil-Robles que afirmaba que a veces se trata de crear un clima social de inquietud en virtud del cual el principio de seguridad ciudadana dañe o haga desaparecer el de libertad individual, advirtiendo que “los ciudadanos no pueden quedar inermes ante los errores o posibles abusos de las Fuerzas de Seguridad”. Lo que no es deseable en ningún caso es una policía al margen de la sociedad, que es la que debe modelar el aparato policial. Cualquier limitación al control social de las Fuerzas del Orden Público termina en una potenciación del Estado policía. Diego López Garrido (El aparato policial en España. Ariel) afirma que la estabilidad de un sistema político depende en buena medida de lo que se denomina “fidelidad a la policía” y que, además, dependiendo de la conducta que observe respecto del ciudadano, puede ser un importante medio de integración o desintegración social.

Como escribía hace unos días en El País Adolfo García Ortega (El estallido que viene) desde el Gobierno están preparando el control del hartazgo social que hoy se manifiesta en las calles a través de los sanitarios, los profesores, los jueces, los funcionarios, los parados?. “Nos están preparando para esto, para aceptar sin violencia estas duras condiciones, y para que nos parezcan una necesidad inevitable. No de otro modo se entiende la gran presión que sufren las clases medias, una auténtica incertidumbre social, y la brutal represión de todas las manifestaciones de protesta con el fin de atemorizar. Es decir, se está controlando el estallido”.

La tentación autoritaria de hacer efectivo el Estado policía no es, en modo alguno, una hipótesis indeterminada. Ignacio Ramonet se preguntaba en Le Monde Diplomatique qué pasará cuando los ciudadanos de Europa se den cuenta de que los sacrificios a los que nos están sometiendo no sirven para nada y que no se atisbe el final de esta crisis: “¿Qué niveles de violencia alcanzará la protesta? ¿Cómo se mantendrá el orden en la economía, en las mentes y en las calles? ¿Se establecerá una triple alianza entre el poder económico, el poder mediático y el poder militar? ¿Se convertirán las democracias europeas en democracias autoritarias?” Sin duda, nos quedan muchas cosas que decir y que hacer para evitarlo.

En un momento de la lucha encarnizada en contra del terrorismo de ETA, el Gobierno de Felipe González cayó en la tentación de coger atajos resbaladizos para bordear la Constitución y el ordenamiento jurídico y atacar, al margen de la ley, a la organización terrorista. La rabia y la impotencia ante tanta muerte sin sentido abrió en algunos círculos corrientes de simpatía hacia esa guerra subterránea en la que participaban políticos, los servicios secretos, la policía y la guardia civil. Afortunadamente, aunque en muchos casos se tuvo el impulso de justificar aquellas prácticas, funcionó la sensatez de la mayoría y el Estado de derecho y se puso fin a unos hechos que iban adquiriendo una deriva peligrosísima.

En estos días de claudicación de la política y de quebranto de la autonomía de las instituciones ante los sistemas financieros, que están generando pobreza y pérdida de derechos y libertades democráticas, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido también andar por senderos obscuros, pero esta vez para controlar y atemorizar a una ciudadanía a la que se está arrinconando contra las cuerdas de la desesperación y que podría perder la actitud de resignación que ha asumido y la convicción de que las movilizaciones sociales no sirven para nada.