Urge una unidad de emergencias, vigilancia epidemiológica y alertas en Canarias

La crisis actual producida por el covid-19 está generando ya algunas lecciones sobre nuestro sistema de vigilancia epidemiológica y alertas. Una de las principales es la necesidad de contar en Canarias, como en el resto de las Comunidades Autónomas, con una unidad especializada en emergencias, vigilancia epidemiológica y alertas. 

El 25 de febrero se presentaron los primeros casos en Tenerife y días después en la Gomera. Fueron los primeros datos de alarma ante una supuesta epidemia, considerada posteriormente como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las medidas como el cierre de los colegios al igual que los cines, el comercio o los lugares de culto, no se llevaron a cabo hasta la segunda semana de marzo. El Ejecutivo no decretó el confinamiento hasta el 14 de marzo, cuando declaró el estado de alarma y con dos semanas como mínimo de retraso respecto a lo previsto en el plan nacional de pandemias. A esto hay que añadir la existencia de un sistema de salud pública muy debilitado tras los recortes de gasto público, y una coordinación deficiente entre la unidad de emergencia central y las Comunidades Autónomas. Es importante recordar que el Gobierno del Sr. Zapatero aprobó la Ley de Salud Pública de 2011 que ya preveía la creación de estos centros o unidades de control de epidemias, pero nunca se priorizó. Específicamente esa Ley General de Salud Pública del 4 de octubre -Ley 33/2011- recogida en el BOE núm. 240, de 05/10/2011, estableció en el capítulo I de “vigilancia en salud pública”, en su artículo 12, de vigilancia en salud pública, la necesidad de contar con unos sistemas de alerta precoz y respuesta rápida para la detección y evaluación de incidentes, riesgos, síndromes, enfermedades y otras situaciones que puedan suponer una amenaza para la salud de la población y las Comunidades Autónomas. Resalta además que las Comunidades Autónomas “aseguraran en el ámbito de sus competencias que los respectivos sistemas de vigilancia en salud pública cumplan en todo momento con las previsiones de esta ley. Asimismo, habrán de proporcionar la información que establezca la normativa nacional e internacional, con la periodicidad y desagregación que en cada caso se determine”. A pesar de la existencia de esa Ley, ninguna CCAA actualizó ni creó esas unidades de alerta y epidemiología. 

Impacto sanitario y económico de la pandemia

El impacto sanitario del covid-19 ha sido hasta ahora importante. A fecha de hoy se han producido en Canarias: Casos: 2294; Fallecidos: 153; Recuperados; 1537. Además, ha habido 403 sanitarios contagiados, lo que supone el 1% de los sanitarios y las sanitarias públicas. Los casos por isla son: Tenerife 1456 casos; Gran Canaria: 568 casos; La Palma, 95 casos; Fuerteventura: 45 casos; Lanzarote: 84 casos; La Gomera: 8 casos; y el Hierro: 3 casos. 

El Gobierno canario ha calculado que el gasto en la Sanidad Pública puede alcanzar la cifra de 13.000 millones de euros para este año.

Por otro lado, aparte del impacto en vidas humanas, la pandemia del Covid19 en nuestra sociedad se está viendo reflejado en daños sociales y en parálisis económica.

Una de las principales necesidades de la población canaria, en este momento, es la necesidad de preservar el empleo y de procurar que la estructura social no se rompa, ya que Canarias tiene tasas de paro y pobreza por encima de la media estatal.

Además, el PIB sufrirá potencialmente una caída del 26,3% y no nos recuperaremos ni con un millón de turistas en lo que queda de año. Según previsiones, un “cero turístico” supondría una caída del PIB próxima al 35%. 

Según el ISTAC, el primer impacto de las crisis del covid-19 se traduce en la pérdida de 59.156 afiliaciones respecto al cuarto trimestre de 2019, concentradas en su mayoría en empleos asalariados, 57.480 pérdidas de empleos por cuenta ajena, frente al ligero descenso de los empleos autónomos (1.676 empleos por cuenta propia). 

El turismo es uno de los sectores más afectado y sufrirá un severo impacto económico aún imposible de evaluar. La gran dependencia económica de Canarias del turismo está revelando la especial vulnerabilidad de esta comunidad ultraperiférica a los efectos de la pandemia del covid-19. 

La importancia de un sistema de vigilancia y alerta temprana en la salud y la economía

Según la UNESCO/OMS, el Sistemas de Alerta Temprana es uno de los elementos principales que contribuyen, efectivamente, a evitar la pérdida de vidas y disminuir el impacto económico y material en las poblaciones vulnerables y afectadas por eventos destructivos. 

La aparición de pandemias y/o epidemias debido, entre otras causas a la globalización que implica rápidos y masivos movimientos de la población humana, a las crisis climáticas por el deterioro progresivo del ecosistema y a los riesgos de salud cada vez mas potentes, significa que tendremos que estar en alerta cada vez más, y contar con un sistema de respuesta rápido ante esas situaciones.

El primer objetivo de un sistema de vigilancia y alerta temprana es detectar tempranamente los eventos que sucedan en nuestras islas y responder antes de que se conviertan en una amenaza para la salud. El segundo objetivo sería coordinar la gestión de la información sanitaria de todas las instituciones que tengan que ver con la respuesta ante la situación de alerta o emergencia sanitaria canaria, nacional o internacional, y que suponga amenazas para la salud de la población. 

Las funciones de una unidad como la que aquí se propone se agrupa en tres grandes bloques: Vigilancia epidemiológica para detectar rápidamente los eventos de riesgo, informar sobre la alerta sanitaria y coordinar la respuesta entre el sector sanitario y los demás sistemas de protección (p.ej. protección civil), y responder a la emergencia.

Esta crisis ha evidenciado la importancia de establecer dicha unidad y retomar lo que ya nuestro marco legal planteaba en el 2011. Es de gran urgencia asumir esta responsabilidad como Comunidad Autónoma ya, con el fin de contar con un sistema que nos ayude, ya no sólo a prevenir y responder a estos eventos, sino a desarrollar un modo de vida más sano y que genere otro tipo de economía.

Opinión de Luis M. Bello Luján (epidemiólogo. Doctor en Medicina) y Nayra Bello O´Shanahan (Economista. Máster en Políticas Sociales). 

La crisis actual producida por el covid-19 está generando ya algunas lecciones sobre nuestro sistema de vigilancia epidemiológica y alertas. Una de las principales es la necesidad de contar en Canarias, como en el resto de las Comunidades Autónomas, con una unidad especializada en emergencias, vigilancia epidemiológica y alertas. 

El 25 de febrero se presentaron los primeros casos en Tenerife y días después en la Gomera. Fueron los primeros datos de alarma ante una supuesta epidemia, considerada posteriormente como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las medidas como el cierre de los colegios al igual que los cines, el comercio o los lugares de culto, no se llevaron a cabo hasta la segunda semana de marzo. El Ejecutivo no decretó el confinamiento hasta el 14 de marzo, cuando declaró el estado de alarma y con dos semanas como mínimo de retraso respecto a lo previsto en el plan nacional de pandemias. A esto hay que añadir la existencia de un sistema de salud pública muy debilitado tras los recortes de gasto público, y una coordinación deficiente entre la unidad de emergencia central y las Comunidades Autónomas. Es importante recordar que el Gobierno del Sr. Zapatero aprobó la Ley de Salud Pública de 2011 que ya preveía la creación de estos centros o unidades de control de epidemias, pero nunca se priorizó. Específicamente esa Ley General de Salud Pública del 4 de octubre -Ley 33/2011- recogida en el BOE núm. 240, de 05/10/2011, estableció en el capítulo I de “vigilancia en salud pública”, en su artículo 12, de vigilancia en salud pública, la necesidad de contar con unos sistemas de alerta precoz y respuesta rápida para la detección y evaluación de incidentes, riesgos, síndromes, enfermedades y otras situaciones que puedan suponer una amenaza para la salud de la población y las Comunidades Autónomas. Resalta además que las Comunidades Autónomas “aseguraran en el ámbito de sus competencias que los respectivos sistemas de vigilancia en salud pública cumplan en todo momento con las previsiones de esta ley. Asimismo, habrán de proporcionar la información que establezca la normativa nacional e internacional, con la periodicidad y desagregación que en cada caso se determine”. A pesar de la existencia de esa Ley, ninguna CCAA actualizó ni creó esas unidades de alerta y epidemiología.